Necesario, que se profundicen las investigaciones por malversación de fondos, desvío de recursos y otros tipos de corrupción en los ámbitos académicos. En instancias como el Conacyt, el INAH y las universidades públicas, enquistados grupos de poder que se consideraban impunes por ser parte de la “comunidad científica”

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 individuos, miembros en algún momento de la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), por irregularidades en el manejo de millonarios recursos económicos, han generado gran controversia en el ámbito académico y en los medios de comunicación.

La Fiscalía señala que los 31 personajes acusados, también servidores públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “crearon, autorizaron y fondearon una empresa privada para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en la compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, acusación ya desestimada por un juez federal” (comunicado FGR 377/21/, disponible en www.gob.mx/22/09/2021). Lo anterior se dio como consecuencia de la primer solicitud de la FGR de órdenes de aprehensión contra los 31 investigados.

De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión de la carpeta de investigación, fechada el 24 de agosto del presente año, la FGR está imputando a los acusados la comisión de varios delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada (FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021, a la que tuve acceso y de la que Contralínea tiene una copia), mediante la cual solicitó por segunda ocasión a un juez las órdenes de aprehensión, mismas que le fueron negadas.

La mayoría de los analistas opinan que tal ejercicio de la procuración de justicia mexicana, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, es un acto represor contra la ciencia; otros señalan que es una persecución criminalizante contra los científicos orquestada desde la Presidencia de la República por Andrés Manuel López Obrador; andanada dictatorial, dicen algunos más, secundada por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez Buylla-Roces. Algunos académicos incluso han hablado de una persecución estalinista, como el biólogo Antonio Lazcano y el economista Rolando Cordera; otros como Denise Dresser, quien ya nos tiene acostumbrados a sus juicios ligeros y sobreadjetivados, nos ha regalado el calificativo de “espeluznante” para referirse al proceder de la FGR.

En general, aquellos que se han manifestado en contra de la investigación de la FGR han comparado las acciones de la justicia como un exceso en contra de la comunidad científica; y han recurrido a la mención del crimen organizado, principalmente el narcotráfico, para exculpar a los imputados por la FGR; apelando a que ser investigadores de altos vuelos académicos es garantía de entereza, moralidad y honestidad a toda prueba. En este artículo no voy a decir si los 31 imputados son culpables. Es la FGR quien ha señalado que ellos son transgresores de la ley; y, en última instancia, será un juez quien concederá las sanciones e incluso las condenas carcelarias si considera que alguno o todos los individuos investigados son culpables de disponer de manera ilícita de las millonarias sumas de dinero procedentes del presupuesto público. Y es que la FGR ha dicho ya que reanalizará el caso y que reintegrará la carpeta de investigación con nuevas evidencias para buscar otra vez que un juez dicte las órdenes de aprehensión en contra de los 31 involucrados.

Cabe señalar que en 2002 se conformó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el original,  como un órgano interno del Conacyt; y que, también ese mismo año, en septiembre, se constituyó la asociación civil von el mismo nombre en una notaría de la Ciudad de México. Y después, en diciembre y por decreto, se publicó el estatuto para las atribuciones y funciones de dicha AC, que exceden a las establecidas para el Foro Consultivo original; y que además duplica encomiendas y funciones del mismo Conacyt. Es así que desde la conformación de la asociación civil, ubicada ya fuera de la estructura del Conacyt, ha recibido más de 570 millones de pesos, de los que desvió de los propósitos científicos la mayor parte; hasta que, con el gobierno de la Cuarta Transformación, se intentó reducir esas sumas millonarias.

Desde el Conacyt y por iniciativa de la directora Álvarez Buylla-Roces, se redujo el presupuesto anual de alrededor de 50 millones de pesos, que el FCCT, AC, solicitaba para cubrir su función de asesoramiento en temas científicos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, supuestamente el propósito principal de dicho grupo. Aunque el dinero se utilizaba para otras actividades y adquisiciones que no tenían que ver con el desarrollo científico: gastos personales, vacaciones, viáticos nacionales e internacionales, salarios, choferes, telefonía celular, gasolina para autos particulares, servicios de tintorería, banquetes y hasta para la adquisición y renta de inmuebles, así como para la asignación de recursos millonarios a proyectos científicos de familiares de los directivos del FCCT, AC, tanto en el ámbito académico público como a empresas particulares de las que son o eran dueños, como se establece en la carpeta de investigación.

La reacción de los integrantes actuales del FCCT, AC, ante la reducción del presupuesto fue interponer una demanda de amparo para que se les restituyera el monto solicitado para su ejercicio presupuestal de 2019. A partir de lo cual la apoderada legal del Conacyt, Rosenda Cruz Vixtha, les iterpuso denuncias ante la FGR en julio de 2020 (Oficios 12100/223/2020 y 12100/224/2020), de las cuales se desprende la investigación llevada a cabo por la fiscalía; es decir, fueron los integrantes del FCCT, AC, quienes llevaron el asunto a instancias legales.

Ante la gran controversia generada por este asunto surge una pregunta fundamental, que la mayoría está excluyendo de la discusión: ¿Por qué no habría de investigarse a los científicos cuando se sospecha que han cometido irregularidades, actos de corrupción o crímenes, y más aún, cuando han sido denunciados por la probable comisión de éstos? No acometer contra probables delincuentes por el hecho de ser científicos es equivalente a no investigar a curas acusados de pederastia o a las monjas facilitadoras de víctimas para los hijos de la Casa de Dios, sólo porque son integrantes de la sacro santa Iglesia. La sociedad debe tener en cuenta que ser un científico de renombre, una investigadora con los más altos grados académicos o un profesor de postgrado no equivale a ser honesto e incorruptible.

También en el ámbito científico hay corrupción y se da desde los directivos hasta los investigadores del escalafón más incipiente. Yo, como investigador de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fui testigo por más de una década de actos de corrupción y criminales cometidos con el consentimiento y/o bajo las órdenes de su anterior subdirectora, la maestra Pilar Luna Erreguerena, fallecida el año pasado. Y no son denuncias públicas hechas hoy. He venido documentando diversas irregularidades cometidas en dicha dependencia, que comencé a exponer  a la luz pública desde 2012, primero en el semanario Proceso, y posteriormente en una serie de textos de opinión e investigación en Contralínea, escritos en los que abundé en las malas prácticas que cometió la subdirectora y varios de sus subordinados, de los que algunos continúan hoy en la dependencia. Más de una decena de artículos pueden ser consultados en el portal de la revista. Cabe señalar que la dependencia en la era de Luna Erreguerena operó en parte, y por alrededor de dos décadas, mediante el Fideicomiso Para el Rescate de Pecios, emanado desde el gobierno federal en 1992 y con la participación de universidades, dependencias y asociaciones civiles.

Las irregularidades cometidas en la SAS han ido desde encubrir malas prácticas científicas, declarar descubrimientos apócrifos, utilizar y dañar equipos científicos sin los permisos y seguros pertinentes; hasta los más graves que han implicado navegaciones en mar sin el equipo de radio y comunicación adecuados, sin las condiciones de seguridad mínimas, con exceso de pasajeros y que por la impericia e inexperiencia de los encargados de campo en turno, allegados a la entonces subdirectora, derivaron en accidentes laborales de gravedad para algunos de los participantes; incidentes que inclusive implicaron daño físico irreparable, como en el naufragio del 18 de junio de 2007, en el que la arqueóloga Vera Moya Sordo perdió un ojo, suceso que se dio como consecuencia directa de la coordinación en campo de la entonces pasante de arqueología María Elena Barba Meinecke; acto que fue encubierto y minimizado por Luna Erreguerena y su círculo de colaboradores cercanos, al grado de dictarnos, a los investigadores de entonces, la versión que debíamos decir si se nos cuestionaba al respecto; inclusive sabiendo cómo y por qué habían ocurrido los hechos, a lo que por supuesto me negué; motivo por el cuál las diferencias con la entonces subdirectora se volvieron irreconciliables y después derivaron en mi salida de la SAS. Cabe mencionar que éste no ha sido el único accidente de campo, de carácter laboral, sucedido como consecuencia directa del actuar de Barba Meinecke, y tampoco el único encubierto, minimizado y/o manejado por fuera del INAH por la entonces subdirectora.

Suena surrealista y parece ser el colmo de la incompetencia que los integrantes de una dependencia que se dedica a la investigación de pecios (barcos hundidos) se vean involucrados en un accidente de navegación, naufragio-varamiento de la embarcación en la que volvían de una inspección de un pecio en mar abierto; pero así sucedió en la SAS debido a la incompetencia de la encargada de campo, quien dirigió la operación de principio a fin, llevando la embarcación a naufragar cerca de la costa y, posteriormente, dirigir la operación de salvamento de dicha embarcación; durante la cual se daría el accidente laboral mencionado. Del cual es evidente la responsabilidad de Barba Meinecke en primera instancia y, en última, de Luna Erreguerena por haber colocado en una posición de tanta exigencia en campo a una persona inexperta.

A la lista anterior hay que abonar la compra de facturas en Santo Domingo, en la Ciudad de México, para justificar dinero faltante, acto cometido con la venia de la subdirectora en el que se vieron involucrados algunos de sus subordinados; desaparición de miles de litros de diésel de los tanques de un barco rentado para la exploración marina, sustracciones ocurridas en Campeche de las que tuvo conocimiento Barba Meinecke, mismas que denuncié ante Luna Erreguerena, quien me ordenó dejara de investigar el asunto; retención de recursos de los viáticos, que los investigadores no teníamos la obligación de entregar a la subdirectora, montos devueltos por los que no nos daban comprobantes oficiales; contratación de amigos de Luna Erreguerena, quienes no se presentaban a laborar en las oficinas de la dependencia, inclusive por décadas; amenazas a otros investigadores interesados en realizar trabajos de exploración marítima y en aguas confinadas, mismos que me han dado sus testimonios; así como privilegios de traslado, restaurantes y hospedaje a investigadores extranjeros, obviamente tratados de diferente forma que la mayoría de los colaboradores nacionales; y veto a participantes inconformes con tales manejos; entre otras irregularidades administrativas y operativas.

Aspectos que, desgraciadamente en lo referente a las malas prácticas científicas parecen no haber sido erradicados con la llegada de Roberto E Junco Sánchez, el subdirector actual, quien es licenciado en administración de negocios internacionales, maestro y doctor en arqueología, designado en 2017 por Luna Erreguerena como su sucesor. Tenemos el caso de los daños causados al pecio el Ángel, restos de un barco hundido en 1836 y localizado al sur de Banco Chinchorro, en la costa sureste de Quintana Roo; acaecidos en 2018 y hechos públicos por el arquitecto Octavio del Río, entonces colaborador, que antes fuera jefe de registro subacuático de la SAS; quien además, denunció los hechos ante las autoridades correspondientes con respecto del daño causado a los restos culturales y al arrecife (“INAH dañó un barco hundido de hace 200 años y expulsó del proyecto al investigador que lo denunció”, 21 de octubre de 2019, Manu Ureste https://www.animalpolitico.com/2019/10/inah-barco-anos-caribe-investigador/?fbclid=IwAR2VUvgpMJGw2wsfoVdvc_giioxBfa0J1kkbKnoKbqFQfW6dgGNZTG0kkxE). Varios artículos más han sido publicados al respecto. Contralínea tiene información de primera mano, videos, fotografías, planos y documentación oficial  de las autoridades correspondientes y los involucrados.

La responsabilidad de lo que se puede denominar negligencia científica, recae en los responsables de tal proyecto: la pasante de arqueología Laura R Carrillo Márquez y el arqueólogo argentino, con grado de doctor, Nicolás C Ciarlo, invitado a co-coordinar dicho proyecto con Carrillo. Y aunque me imagino a un soldador submarino uniendo la buzarda, la barandilla que le desprendieron al pecio, es imposible resarcir el daño. ¿A quién, con la mínima experiencia en arqueología marítima, se le puede ocurrir sujetar la boya de señalización, que en superficie está expuesta a la corriente, marejada y al viento al pecio que se investiga? Como consecuencia, la embarcación de apoyo en superficie se sobrepuso a la cuerda de la boya, la jaló y rompió el pecio. A la fecha ni la SAS ni el INAH han hecho público un dictamen que determine el grado de afectación. Tampoco se ha resuelto una sanción para los responsables, aunque en su momento Junco Sánchez dijo que lo estaba evaluando; y no han expuesto cómo solventaron in situ el daño estructural que le causaron a los restos materiales, si es que lo hicieron. Cabe señalar que un dictamen de esta índole puede ser hecho por los mismos involucrados en los hechos y por otros colaboradores de la misma dependencia, pero ésto le restará credibilidad por el evidente conflicto de interés. Así que esperemos un dictamen elaborado por terceras partes, ajenas a la institución, y que las acciones de remediación y/o restauración hechas al pecio resulten ser las mejores para la preservación de nuestro patrimonio cultural sumergido.

Lo expuesto ejemplifica que en el ámbito científico la corrupción, las malas prácticas, los abusos de poder y los actos criminales suceden más comúnmente de lo que se pudiera imaginar; es por ello que la calidad de científicos y académicos de los 31 entes investigados por la FGR no debe ser un atenuante para que se les siga el debido proceso y, en caso de ser culpables, se les castigue con todo el rigor de la ley. Tampoco se debe confundir y exacerbar la situación para extrapolarla a un ataque por parte del gobierno hacia la ciencia, pues como ya vimos, en la academia y en la investigación también se da la corrupción y eso no implica que la ciencia sea corrupta; sino que son algunos de los individuos que la ejercen quienes se aprovechan de su posición de poder en su área y de los recursos a su alcance para la obtención de beneficios, prebendas, el encubrimiento de malas prácticas y el disfrute de privilegios.

La FGR deberá reintegrar la carpeta de investigación, de la cual la parte más frágil es, y por la que creo le negaron las órdenes de aprehensión dos jueces, la referente al origen del dinero, que la FGR maneja como de procedencia ilícita, cuando son recursos federales públicos; y aunque basa lo ilícito de éstos por la desviación que los científicos hicieron hacia una Asociación Civil que estaba suplantando al FCCyT original, para después dilapidar los recursos más allá de la ciencia, me parece difícil que se les pueda fincar el delito de delincuencia organizada, que deriva del de manejo de recursos de procedencia ilícita; lo cual no exculpa a los 31 imputados de la posible comisión de los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, así como varios delitos menores, que no implicarían prisión en un penal de máxima seguridad, pero que sí los harían acreedores, de ser comprobados los hechos de corrupción mencionados, a penas menores, sanciones económicas e inhabilitación como funcionarios públicos por ser parte del Conacyt.

La comunidad científica no se reduce a los 31 imputados, y la gran mayoría de los científicos y académicos del país trabajan en condiciones deplorables debido a presupuestos raquíticos y falta de seguridad laboral. Así que combatir la corrupción y el dispendio económico en la ciencia es algo que debería ser la norma y no la excepción, algo que no debería tratarse de “espeluznante”. Por lo tanto, esperemos que en adelante se auditen rigurosamente todas y cada una de las dependencias de investigación del país que operan con recursos públicos.

Documento: Orden de aprehensión

Roberto Galindo*

*Maestro en ciencias con especialidad en exploración y geofísica marina; maestro en apreciación y creación literaria; arqueólogo especializado en contextos sumergidos

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