Sin mecanismos de control ni padrones autorizados, la Sagarpa desembolsa más de 600 millones de pesos correspondientes al Programa de Protección al Patrimonio del Sector Rural, destinado al aseguramiento de tierras de temporal y ganado luego de una catástrofe climatológica, revela el informe de 2009 elaborado por la Auditoría Superior
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reprueba las acciones que emprende a favor de la Protección al Patrimonio del Sector Rural, ya que carece de mecanismos de control y operatividad suficientes en el manejo de más de 600 millones de pesos asignados para el aseguramiento de siembras y ganado. Así lo indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, bajo el documento con folio 09-0-08100-07-1112, que realizó una auditoría de desempeño en el desembolso de 616 millones 556 mil 800 pesos. Del informe se desprende que, en ese año fiscal, la Sagarpa transfirió recursos federales a 16 gobiernos estatales para la contratación de seguros agrícolas y pecuarios catastróficos. De éstos, tres estatales no remitieron a la dependencia que encabeza Francisco Mayorga Castañeda los padrones de beneficiarios correspondientes. En dos de los casos, la Sagarpa desconoce el motivo por el cual no le fueron entregadas las listas de los beneficiarios, conforme lo marcan las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría. Sin especificar el nombre de las entidades señaladas, en otro de los casos indica que no hubo necesidad de cobrar la indemnización que otorgaba el seguro ante la ausencia de contingencias climatológicas en 2009. No obstante, en el resto de las asignaturas –13 estados de la República–, la Sagarpa “careció de la información relevante, suficiente, pertinente y competente para determinar la población objetivo del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC)”, dice el informe de la ASF.
La crítica
Además, el organismo al mando de Juan Manuel Portal Martínez indica que no pudo validarse la efectividad en la aplicación de los recursos entre los beneficiarios, luego de que los resultados de las encuestas realizadas para este fin corresponden a 2008, los mismos que la Sagarpa utiliza en el siguiente año de ejercicio. El informe es contundente. Indica que la Secretaría encargada de atender los problemas del sector agropecuario “carece de criterios o lineamientos documentados que especifiquen las acciones que se deben considerar para determinar la reincorporación de los productores a su actividad productiva y que permitan establecer los parámetros para determinar el menor tiempo posible para la reincorporación a su actividad”. Otra de las observaciones realizadas por la ASF es que las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa “no contienen los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo para la contratación del Seguro Agrícola y Pecuario Catastrófico; no describen el mecanismo de selección o asignación de los apoyos; no establecen los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite, ni la forma para realizar el trámite”. Y es que, en 2009, las Reglas de Operación presentaron “diferencias” en los apartados que indican las características de los apoyos y la población objetivo. “No existen referentes homogéneos para garantizar la interpretación unívoca de las reglas de operación” para que la Sagarpa disponga de información suficiente con el fin verificar que los recursos federales son destinados a las personas que cumplen “cabalmente” con los requisitos del programa. La ASF asevera que la Sagarpa “no acreditó haber ejercido las atribuciones de coordinación, supervisión, evaluación y seguimiento a las acciones de fomento y apoyo a los fondos de aseguramiento y de fomento a los organismos integradores”. Por lo que solicitó que el Órgano Interno de Control en la dependencia lleve acciones que le permitan solventar esta observación. Lo anterior mereció documentarse a través del documento DGADGF/038/2011 del 11 de enero de 2011.
Estados, sin garantía
La ASF también observa que la Sagarpa carece de la normativa necesaria para establecer “las atribuciones, responsabilidades, actividades, procedimientos, lineamientos y criterios utilizados para la validación y autorización de la superficie y unidades animal remitidas por los gobiernos para el otorgamiento de apoyo para la contratación del seguro agrícola y pecuario catastrófico”. De lo anterior, se llevaron a cabo 19 acuerdos por parte de la comisión dictaminadora del PACC, quien autorizó otorgar el apoyo a las solicitudes presentadas para la contratación de 19 seguros catastróficos, 16 para actividades agrícolas y tres a pecuarias, por un total de 3 millones 114 mil 700 hectáreas y 601 mil 800 unidades animal. Mediante otras siete solicitudes de adhesión, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán se incorporaron a la cobertura de aseguramiento contratado directamente por la Sagarpa, por un total de 887 mil 100 hectáreas y 73 mil 300 miles de unidades animal. Sin embargo, la Sagarpa tampoco previó establecer mecanismos de control para verificar a los productores beneficiados con las indemnizaciones pagadas por las compañías aseguradoras a los gobiernos estatales. Se solicitó entrevista con el titular de la Sagarpa a través de su director de Comunicación Social, Martín Guardián Abundes, sin que al cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.
Riesgos naturales y biológicos, la “justificación” La asignación de recursos para el aseguramiento de las actividades agropecuarias se debe a que éstas “están expuestas a riesgos naturales y biológicos, como el caso de sequías, heladas, inundaciones, granizadas, plagas, entre otros. Fenómenos más frecuentes entre los agricultores de áreas de temporal. “Las pérdidas de las cosechas y hatos ganaderos repercuten en el ingreso y patrimonio de los productores afectados. Cuando las pérdidas por siniestros abarcan regiones extensas, sus efectos pueden representar presiones al alza de los precios de los alimentos, escasez o especulación”, dice el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009. La ASF arguye que la oferta agropecuaria disminuida y su carácter cíclico “impactan el índice de precios al consumidor y, en esa medida, se constituyen en presiones inflacionarias sobre el conjunto de la economía y en amenaza latente para los equilibrios macroeconómicos”.
