Una carrera deportiva costó a Sagarpa 93 millones de pesos, bajo el argumento de impulsar el arraigo de los jóvenes al campo mexicano, sector donde la pobreza predomina en 26 millones de personas. La transferencia de recursos fue hecha a la asociación México Calidad Suprema

Una carrera de cinco kilómetros, para competirse de manera simultánea en 15 estados del país, fue el pretexto para transferir recursos federales por más de 93 millones de pesos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la asociación México Calidad Suprema, encargada de impulsar el crecimiento y certificación de empresas agroalimentarias “con los más altos estándares de calidad e inocuidad a nivel nacional e internacional”.

El evento, que tenía como lema: “Carrera arráigate Mx”, fue convocado el 25 de febrero pasado a través del portal de dicha asociación civil, con el fin de “despertar en los jóvenes el espíritu de competencia y liderazgo” en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Michoacán, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México. La carrera pretendía convocar a 10 mil jóvenes.

En la invitación a la competencia deportiva, la Sagarpa indica que ha puesto especial énfasis por fomentar la participación de jóvenes en el sector rural, por lo que mediante la Subsecretaría de Desarrollo Rural y México Calidad Suprema desarrolla el programa Arráigate Joven, “el cual tiene como propósito, presentar a los emprendedores del campo mexicano, las actividades, oportunidades y modelos de apoyo que ofrecen los distintos organismos de la Sagarpa y México Calidad Suprema”.

Fuentes de la Sagarpa involucradas en este convenio y quienes solicitaron reservar su identidad por temor a represalias, aseguran que el proyecto “es una tomada de pelo, porque a través de una competencia no se trasciende en las verdaderas necesidades de los jóvenes para quedarse en sus tierras”.

Además, “la población objetivo es mínima para la problemática que hay en este sector, está ubicada en las ciudades y no en las zonas rurales, implica recursos millonarios que no sabemos si fueron utilizados de manera correcta”, acusan.

También indican que el exsecretario de agricultura, José Calzada Rovirosa, estuvo de acuerdo en firmar el convenio que en un principio ascendía a 88 millones de pesos; sin embargo, al momento de que se pretendía agregar 5 millones más, el político queretano se desistió de respaldar el documento que rebasaba los 93 millones de pesos.

Representantes de organizaciones campesinas aseguran que la entrega de recursos a este tipo de asociaciones incrementa aún más la desigualdad que hay en el sector; por lo que incluso han solicitado a la Secretaría dé transparencia en la dispersión de los recursos federales, pues a los trabajadores del campo tardan mucho en llegar los programas que beneficial al agro mexicano.

La concertación millonaria

Juan Alberto Laborín Gómez, presidente del consejo consultivo México Calidad Suprema y firmante del pacto por más de 93 millones de pesos, es uno de los empresarios invitados por el presidente Enrique Peña Nieto en eventos comerciales de gran importancia. En enero de 2016 fue parte del pool de invitados especiales que llegaron a Medio Oriente para acompañar al primer mandatario en su gira por países árabes.

El Convenio de Concertación, del que Contralínea posee copia y ostenta un monto de recursos públicos por 88 millones 304 mil 886 pesos, fue firmado el 27 de septiembre de 2017 por Laborín Gómez, como apoderado legal de la asociación; María Sofía Valencia Abundis, directora general de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, y Lizeth Quintero Posadas como apoderada legal de Sagarpa.

El proyecto, indica el legajo, “tiene por objeto promover el arraigo de los jóvenes a sus comunidades de origen, mediante actividades culturales y deportivas y talleres de fomento a la cultura emprendedora para que los jóvenes que radican en zonas rurales y periurbanas, cuenten con información de manera directa y personalizada sobre la oferta institucional de incentivos, así como la forma de acceder a éstos, de manera que les permitan fortalecer sus talentos, capacidades en el sector agroalimentario, que contribuyan a fomentar el desarrollo rural”.

En seguimiento al proyecto fue autorizada una “adecuación presupuestaria” para la “ampliación líquida de recursos” por 5 millones de pesos, en “virtud de que el ejercicio presupuestal 2017 se requiere ampliar la población objetivo en favor de 42 mil 500 jóvenes en sector rural.

El “problema” que pretendía atender, dice el documento sellado con el logotipo de Sagarpa, dice: “entre las causas que explican la pobreza en las familias se encuentran bajos ingresos y bajo desarrollo de capital humano, que a la larga ha generado un círculo vicioso. Es decir, los bajos ingresos no les permiten acceder a los servicios de salud, educación, capacitación y alimentación, generando un bajo desarrollo de capital humano que los lleva a que se incorporen o realicen actividades de baja producción física, social y económica, por lo tanto, de baja remuneración, perpetuando así la pobreza y la ausencia de soberanía alimentaria”.

Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del Campo (FAC) — conformado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Movimiento Social por la Tierra— , es uno de los líderes del sector que ha tenido que desplazarse desde el norte del país a la Ciudad de México para que a través de marchas, protestas y reuniones con funcionarios de Sagarpa para exigir más apoyo al campo, que “bajen” a tiempo los recursos de los programas y se asignen más apoyos a los pequeños productores.

El líder campesino dice que hace unos días denunciaron dicho gasto ante Sagarpa. “Presumimos que son recursos para la compra de votos. La denuncia fue echa en el marco de una reunión con las subsecretarías y coordinaciones de la Secretaría”, añadió.

México Calidad Suprema

La asociación beneficiada es una organización que se dice “sin fines de lucro”, según su página web, y está integrada por productores, empacadores y organizaciones, “cuyo propósito es coadyuvar con el Gobierno Federal para integrar al mayor número de empresas certificadas que ofrezcan productos agroalimentarios con los más altos estándares de calidad e inocuidad a nivel nacional e internacional”.

Entre sus objetivos, indica, es incrementar la competitividad de los productos agroalimentarios mexicanos en el mercado nacional e internacional mediante el fomento de “buenas prácticas de calidad e inocuidad amparadas bajo el sello México Calidad Suprema”.

Arráigate joven. Impulso emprendedor, expone, es un componente de Sagarpa que “apoya a jóvenes de comunidades rurales a través de capacitación y mejoramiento tecnológico, para que no abandonen sus tierras y aprovechen al máximo, promueve el arraigo en su localidad de origen con servicios de extensión, innovación y capacitación”.

Asegura que realiza actividades culturales y deportivas con el fin de acercarlos a los programas de apoyos que la Secretaría tiene a su disposición.

Fracasan políticas públicas en el campo

La precarización del campo mexicano ha impulsado el análisis y propuestas de expertos en la materia, mismos que han llevado al Senado de la República para generar políticas públicas que impulsen cerrar la brecha de desigualdad que hay en este sector del país.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013­2018 reconoce que la población del campo es particularmente vulnerable, ya que “presenta ingresos bajos y estacionales, ausencia de un salario fijo, altos riesgos de salud, rezago educativo, envejecimiento y exposición a riesgos naturales”.

Su diagnóstico es contundente: “el campo mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad, no es incluyente y carece de un manejo sustentable de los recursos naturales. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario”.

Destaca que en el sector agropecuario y pesquero el ritmo de crecimiento ha sido menor al de la economía nacional. Expone que en 1950, la participación en el PIB nacional era de 16.1 por ciento; en tanto que para 2012 es de apenas 3.4 por ciento.

Las cifras oficiales retratan la miseria que hay en este sector, con 26 millones de habitantes, de las cuales el 61.6 por ciento vive en condiciones de pobreza. “El medio rural se caracteriza por tener bajos niveles de desarrollo humano y una casi nula capitalización social y productiva, lo que ha impedido a esta población aumentar su productividad y su ingreso”, indica el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En entrevista con Contralínea, Ma. Ignacia Fernández, directora ejecutiva de Rimisp -Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y coautora del  Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017– dice que la recomendación más fuerte que harán en junio próximo a los legisladores del país es la articulación de políticas públicas, no sólo al interior del Estado sino con empresarios y la sociedad civil, para mirar más integralmente las posibilidades de desarrollo de personas y el territorio.

En Rimisp, dice, “miramos el tema de la calidad de la democracia y de la institucionalidad ¿cómo fortalecer una institucionalidad más transparente, más abierta y dialogante? En este caso, la recomendación que hace el informe es más gobernanza local, mayor control social: desde los propios habitantes de los territorios, pero eso se requiere formar, empoderar, fortalecer redes, generar capacidad de demanda, de respuesta y de control de los propios lugares donde viven las personas con mayor situación de rezago”.

Con respecto a las políticas públicas en el sector, la especialista dice que hay un problema complejo de fragmentación de programas y de políticas que enfrentan prácticamente todas las secretarías: “lo vemos en los temas de fomento productivo agrícola y de desarrollo social. Esa fragmentación es un caldo de cultivo para malas prácticas, hay muchas personas a cargo de muchos programas o recursos distintos. Cada quien en el fondo administra su parte, debería ser más integrado, con objetivos claros y únicos, transparentes, con reglas de operación claras,”.

Respecto de las tareas que tendría que desarrollar la próxima administración federal, Ignacia Fernández destaca tres puntos principales:

 “Crecimiento, pero no cualquiera. El crecimiento basado en commodities e industrias extractivas ha tocado límites no sólo en México, sino en todas las regiones de América Latina, ya que produce mucha desigualdad y conflictos. La desigualdad deriva de que algunos ganan de ese crecimiento y otros, como todo el sur de México, no se ve favorecido. El modelo de crecimiento que proponemos es más interno, que pueda hacerse cargo de generar y aprovechar los recursos que el propio país tiene como valor de esa producción.

 “Crecimiento localizado territorialmente; es decir, que pueda compensar y fortalecer las capacidades de los lugares con mayor rezago, porque si dejamos que el crecimiento lo resuelva el mercado ya sabemos lo que ocurre: se concentra todo en el norte. Hay que fortalecer economías regionales y por lo tanto una economía diferenciada que se hagan cargo de las especificidades de los distintos territorios del país.

 “Tercero, no podemos poner por delante la política social, sino como complemento a un modelo que asegure el desarrollo y lo haga sostenible en el tiempo: política social de nueva generación, lo que significa: no solamente entrega de subsidios y transferencias, apoyos monetarios que cierren carencias sino política social que permita habilitar a las personas para que puedan, a corto plazo, depender de esas políticas y generar sus propios ingresos”.

Gustavo Gordillo de Anda, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fue uno de los 14 autores del documento “La nueva sociedad rural”. El documento surgió de reuniones periódicas desde 2017 del grupo Agenda Rural –iniciativa de Rimisp –, con apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Gordillo de Anda dice que el campo mexicano ha cambiado mucho en los últimos 20 años en los procesos agrícolas y ecosistemas. “Lo que no ha cambiado en los últimos años es que la pobreza sigue concentrada en términos de porcentaje en el ámbito rural”

Entre los factores que caracterizan a esta población, dice el experto, es que las transferencias públicas como Prospera, Proagro o Procampo, representan desde el 25 hasta el 40 por ciento de sus ingresos totales. Además, la mayor parte de la población rural migra hacia Estados Unidos y al interior del país.

Estos factores son mencionados en La Nueva Sociedad Rural y juegan un papel muy importante para definir una política en el campo. “Así es que la primera condición que debe tener el próximo presidente es la claridad en los datos y cifras de lo que es el campo mexicano, hoy”.

“Un programa exitoso para atención a la pobreza rural es un programa que ayuda a que deje de haber pobres en el campo, lo que hemos visto en los últimos 30 años es que eso no ha sucedido”, dice el consultor de la FAO.

Contralínea solicitó entrevista con Juan Alberto Laborín Gómez, apoderado legal de México Calidad Suprema, a través de su asistente Leticia Vargas. También con María Sofía Valencia Abundis, directora General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, mediante Francisco Vallejo, encargado de Comunicación Social de la Sagarpa. Al cierre de la edición no hubo respuesta.

Érika Ramírez