Mediante un contrato de comodato, acordado al margen del Consejo de Administración de la paraestatal entre Rafael Beverido Lomelín y Ricardo Gutiérrez Muñoz, director general de Mexichem, Pemex Petroquímica entregará a la empresa, propiedad del banquero Antonio del Valle Ruiz, la Planta Derivados Clorados III, la principal productora de cloruro de vinilo, remodelada el sexenio pasado con costo al erario de 150 millones de dólares

A pesar de estar bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) –acta circunstanciada AC/PGR/VER/CTZ/1045/2009– por la supuesta venta ilegal de la Planta Amoniaco III, el director general de Pemex Petroquímica (PPQ), Rafael Beverido Lomelín, continúa entregando a empresas privadas los activos más importantes de la subsidiaria que aún opera el Estado.

Beverido Lomelín y Ricardo Gutiérrez Muñoz, director de Mexichem, firmarán un contrato en comodato para entregarle a Mexichem la Planta de Derivados Clorados III, ubicada en el Complejo Petroquímico Pajaritos, de Coatzacoalcos, Veracruz, la principal productora de monómero de cloruro de vinilo (VCM), materia prima con la que se fabrican diversos productos, entre ellos el policloruro de vinilo o PVC.

Entre 2003 y 2004, Petróleos Mexicanos (Pemex) invirtió en esa planta 150 millones de dólares para duplicar su capacidad de producción de 200 mil a 405 mil toneladas al año, y cubrir el 65 por ciento de la demanda nacional. Según el estudio de factibilidad, la sola operación de esa planta genera ingresos por 13 millones de pesos diarios, es decir, se estaría cediendo un negocio de 4 mil 745 millones pesos anuales.

Mexichem, SAB de CV, asentada también en ese complejo petroquímico, pero con domicilio fiscal en Tlanepantla, Estado de México, es la principal compradora de materia prima que ahí se produce, por lo que el director de PPQ negocia entregarle la planta en “comodato”, revela un “memorando de entendimiento” que firmaron el pasado 5 de mayo Beverido y Ricardo Gutiérrez Muñoz.

El documento, clasificado como “confidencial” durante 10 años, señala un plazo de 30 días para que Mexichem conozca y practique la operación de la planta, previo a “la celebración de un contrato de comodato”, mediante el cual tomará posesión de su operación.

Por lo pronto, Mexichem tiene ya en su nómina a exfuncionarios de PPQ que operaban la planta, un negocio redondo para el banquero Antonio del Valle Ruiz, accionista mayoritario de Mexichem, bautizado por la prensa colombiana como el zar del PVC.

El documento, integrado por siete fojas, cuya copia obra en poder de Contralínea, revela que la transacción aún no es del conocimiento del Consejo de Administración de Pemex, que encabeza la secretaria de Energía, Georgina Kessel. Detalla que el acuerdo entre Beverido y Mexichem inició por lo menos el año pasado.

Describe cómo, desde 2008, la empresa Oxy Vinyls realizó una evaluación operativa de la planta, esbozada en dos documentos que entregó a Mexichem: Pemex Pajaritos VCM III Plant assessment y Capital project budgetary investment estimates. Pero en 2001 Petroquímica pagó a Oxy Vinyls casi 13 millones de dólares del paquete de tecnología, ingeniería y licencias de la planta, cuya transacción incluye cláusulas de confidencialidad y secretos industriales, lo que implicaría la responsabilidad de Beverido por entregarle los secretos industriales de PPQ a la empresa privada.

En el “memorando de entendimiento” se acordó que Oxy Vinyls, PPQ y Mexichem formarían un “grupo de trabajo” que laboraría durante 30 días para analizar el proceso de la planta. Una vez concluida “la evaluación”, cita la cláusula VI del “memorando”, las partes “se comprometen a negociar la celebración de un contrato de comodato en los términos y condiciones que se acuerden entre ellas (PPQ y Mexichem)”.

El documento, que hasta hoy Beverido guarda bajo llave, da cuenta del interés de la trasnacional mexicana de operar la Planta Derivados Clorados III. Refiere que Mexichem “requiere del incremento en la producción de cloruro de vinilo para estar en posibilidades de integrar la cadena de cloro hasta PVC, tal y como lo realizan los principales productores de PVC en el mundo, siendo así más rentable. Por tanto, ha considerado integrar dicha cadena en México”.

Sintetiza así la justificación para que Mexichem opere la planta: “Alentar el desarrollo de la industria petroquímica nacional a través de la integración de la cadena cloro-VCM-PVC; realizar inversiones en equipo y tecnología para incrementar la producción y reducir costos; y realizar acciones que les permitan negocios rentables de manera sustentable, bajo un entorno de mercados abiertos a la libre competencia, para no correr el riesgo de cerrar sus respectivas instalaciones en el país”.

La cláusula VII del “memorando” obliga a “mantener por 10 años, en forma confidencial, el contenido del presente ‘memorando’ y toda la información relacionada con el mismo, así como a no revelar dicha información a terceros”.

Como se establece un periodo de 30 días naturales para la “evaluación” y un plazo no mayor a 60 días naturales “para la celebración del contrato correspondiente”, según la fecha en que se signó el acuerdo, en los próximos dos meses podría suscribirse el “contrato de comodato”.

La beneficiaria

Mexichem tiene como accionista mayoritario al banquero Antonio del Valle Ruiz, y data de 1978, cuando –el 30 de junio en el Distrito Federal– se constituyó la empresa Grupo Industrial Camesa, SA. En agosto de 2005 se cambió su denominación social a Mexichem, SA de CV. En enero de 2007 se modificaron los estatutos sociales de la sociedad para que entrara al mercado de valores, y su denominación cambió por Mexichem, SAB de CV.

Otros datos revelan que hace tiempo Beverido fraguó la entrega de la planta a Mexichem. Algunos de sus colaboradores más cercanos, encargados precisamente de la operación de la Planta Derivados Clorados III, saltaron de PPQ a la nómina de dicha compañía. En algunos casos se trata de funcionarios inhabilitados por el fraude que comprobó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el proceso de remodelación de la planta en el sexenio pasado, en los primeros años de su administración en PPQ.

Es el caso del subdirector Abraham Klip Moshinsky, mano derecha de Rafael Beverido, quien el 1 de noviembre de 2007, mientras estaba bajo investigación de la SFP, dejó su cargo para integrarse como directivo de Mexichem, en contravención a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, por el supuesto conflicto de interés, según denunció el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados en octubre de 2008. Este funcionario participó a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a favor de la reforma energética de Felipe Calderón, en el debate en el Senado de la República del año pasado.

Otro es Mario Raúl Castillo Petlacalco, excoordinador de Arranque de la Planta Derivados Clorados III. En noviembre de 2008, la SFP lo inhabilitó durante 10 años y seis meses al comprobarle un fraude por remodelación de la planta. Al anunciar su inhabilitación, junto con otros cuatro funcionarios, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, los señaló como “la mafia de corrupción en Pemex Petroquímica”. Hoy trabaja en el Área de Proyectos de Mexichem en el Complejo Industrial Pajaritos.

En julio de 2008, la calificadora Standard & Poor’s calificó como positivo el riesgo crediticio, en escala nacional de largo y de corto plazo, de Mexichem, por la futura “autosuficiencia” en sus procesos de producción (de concretarse el comodato de la Planta de Derivados Clorados III) de VCM.

El gesto de Standard & Poor’s se basa en que, “históricamente, todos los requerimientos de VCM, una de las principales materias primas de la cadena cloro-vinilo, eran suministrados por Pemex. Durante el segundo trimestre de 2008, Mexichem anunció la firma de un contrato con Oxy, uno de los puntos principales que se acordó fue que Mexichem contará con el suministro de una cantidad muy importante del total de sus requerimientos de VCM para los próximos cinco años.

“Consideramos que este acuerdo disminuirá de manera significativa la dependencia de la empresa en el desempeño de Pemex para la producción de este insumo, lo que había afectado en cierta medida la rentabilidad y eficiencia de Mexichem”, cita el dictamen de Standard & Poor’s.

Contralínea solicitó la versión sobre el tema de los directores de PPQ y Mexichem, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, las ganancias que Mexichem genera a Del Valle colocan al exdueño del banco Bital y expresidente de la Asociación de Banqueros de México y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios entre los 10 mexicanos más ricos del país. A sus ingresos se sumará la rentabilidad que le produzca desplazar a PPQ en el área de producción de cloruro de vinilo, una de las materias primas con mayor demanda en el mundo.

Clorados III, del fraude a la privatización

El proyecto de modernización de la Planta Derivados Clorados III consistía en la adición de algunos equipos y la adecuación de la estructura original para incrementar la capacidad de producción de cloruro de vinilo de 200 mil a 405 mil toneladas al año. El estudio de factibilidad estimaba que con esa producción se cubriría el 65 por ciento de la demanda nacional de ese producto.

Con el contrato CO-PA-040/01 para la “ingeniería a detalle, la procura y construcción de la ampliación de la planta”, el 5 de julio de 2001 se encargó la obra a la compañía española Duro Felguera, SA. El trabajo se haría entre el 17 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 2003. La planta entraría en operación en 2004, alcanzando su capacidad plena en 2005.

Mediante diversos convenios adicionales se aplazó el término de la obra a mayo de 2004. Las cláusulas contractuales obligaban a la compañía a entregar la planta con un nivel de producción de 1 mil 200 toneladas diarias. También se le pagaron 10 millones de dólares por la tecnología que se emplearía, costo que incluía capacitar al personal de Pemex que operaría la planta. Antes de que concluyeran los trabajos, se hicieron pruebas de arranque que provocaron daños a equipos, cuya reparación implicó otros 300 millones de pesos. Luego los directivos recibieron la planta sin las pruebas correspondientes. Resultó que producía 180 mil toneladas al año, es decir, la producción decreció.

Como PPQ tenía contratos con sus compradores, cuyas cláusulas consideraban penalizaciones en caso de incumplimiento, la subsidiaria tuvo que absorber costosas penalizaciones, lo mismo que con sus proveedoras de cloro: Iquisa y Mexichem.

Desde 2003 el caso estuvo bajo investigación del Órgano Interno de Control (OIC) en PPQ, por el incumplimiento contractual de la española Duro Felguera. Los contralores documentaron que se utilizaron materiales chatarra y equipos usados. Acreditaron que hubo “un acto fraudulento de entrega-recepción”, además de simulaciones entre la contratista y los directivos de PPQ. Por ejemplo, que la compañía facturaba 44 supervisores y sólo tenía asignados seis.

Entre las conclusiones de la auditoría del OIC, destaca que los directivos de PPQ “encubrieron los atrasos (de Duro Felguera) y dejaron de aplicar un causal de rescisión del contrato e inhabilitación de la empresa”. Un informe interno de la SFP, elaborado por Marco Antonio Díaz, contralor de PPQ, revela que entre noviembre de 2003 y febrero de 2005 se perdieron 8 millones de pesos diarios mientras la planta estuvo fuera de operación.

Cuando la ASF auditó el contrato y sus convenios modificatorios, detectó diversos incumplimientos a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, entre ellos, el pago de montos no autorizados, la contratista no presentó oportunamente las fianzas de cumplimiento y los seguros de riesgo, tampoco cumplió los plazos para la entrega de las fianzas de responsabilidad civil y de construcción. El órgano de fiscalización comprobó que los funcionarios de PPQ pagaron el costo de los equipos casi 300 por ciento más de lo que correspondía.

El dictamen de la ASF indica que Petroquímica “no cumplió las disposiciones normativas aplicables a la planeación y adjudicación de la obra”. El 31 de enero de 2008, de nuevo salió de operación por la explosión del horno de pirolisis HF-401C que provocó un incendio. Quedó al descubierto que había anomalías en el diseño y el mantenimiento de la planta.

Una estimación, en octubre de 2008, de la Comisión de Energía en el Senado de la República, cuantifica que, a partir de que bajo la dirección de Beverido se inició el proceso de “remodelación” de Clorados III, las pérdidas –por ingresos y penalizaciones– ascienden a 100 mil millones de pesos. (ALP)

Avanza en PGR otra denuncia contra Beverido Lomelín

El proyecto número 5K120 Clorados III es identificado por los trabajadores del sector petroquímico como uno de los proyectos más nebulosos de la gestión de Rafael Beverido Lomelín en Pemex Petroquímica (PPQ). Actualmente, Beverido enfrenta una segunda indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) por el supuesto daño patrimonial por 20 millones de dólares de un crédito que obtuvo del Deutsche Bank, SA, con cargo al proyecto Clorados III.

A cinco años de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibiera denuncias por actos de corrupción, inhabilitó a cinco funcionarios de bajo perfil de PPQ involucrados en el proyecto: Carlos Eduardo Romero Reygadas, Felipe de Jesús Martínez Arizmendi, Pedro Rosete Palma, Tomás Borrego Loya, Mario Raúl Castillo Petlacalco, pese a que las indagatorias, desde 2003, apuntaban a que los principales responsables eran el director general de la subsidiaria, Rafael Beverido Lomelín, y los subdirectores Lorenzo Aldecol y Abraham Klip, según los contralores en PPQ.

Al inhabilitar a los subalternos de Beverido, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aseguró que con el cese se había “desmantelado una red de corrupción en Pemex (Petróleos Mexicanos)”.

Aunque tras la primera resolución de la SFP los tres permanecieron incólumes, el desenlace de esta historia podría dar un giro: actualmente la PGR investiga la participación de Beverido Lomelín, Lorenzo Aldecol y Abraham Klip en el supuesto daño patrimonial por 20 millones de dólares de un crédito que obtuvieron del Deutsche Bank, SA, con cargo al proyecto Clorados III, ya que la obra tenía asignado su costo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. El crédito, que generó más de 23 millones de pesos de intereses, era innecesario, señalan las pesquisas de la indagatoria AC/PGR/ver/CTZ/I/051/2008, a la que tuvo acceso Contralínea.

La indagatoria judicial

En noviembre de 2008, José Daniel Martínez Chung, exdirector del Proyecto Clorados III –despedido de PPQ en 2003 al inconformarse por los incumplimientos e irregularidades en torno al proyecto (Contralínea 135)– demandó ante la PGR al director general de PPQ y a dos subdirectores por el crédito del Deutsche Bank.

Como parte de las pruebas en contra de los funcionarios de la paraestatal, la indagatoria de la PGR incluye la auditoría que recientemente realizó la ASF, en la que dictaminó que el crédito era improcedente, puesto que el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a PPQ incluía todos los gastos requeridos para el Proyecto Clorados III.

Ante la contraloría interna en PPQ, De la Cruz presentó su primera denuncia en 2003: “Me tocó participar en la ampliación de la planta de Clorados III, desde la ingeniería básica a la ingeniería. Hice del conocimiento de las autoridades las irregularidades que estaban ocurriendo, pero no se hizo caso de mis observaciones, por eso denuncié en la Función Pública”. En mayo pasado, la Presidencia de la República se declaró incompetente de atender su queja y le notificó que turnó el caso a la PGR (acta circunstanciada AC/PGR/ver/CTZ/I/051/2008).

Contralínea solicitó a Pemex su postura al respecto y los comentarios de Beverido Lomelín sobre la segunda indagatoria penal que actualmente se ventila en su contra, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

“Deben fincarse responsabilidades a Rafael Beverido Lomelín por todos recursos gastados a cuenta de ese proyecto”, dice la diputada Gloria Rasgado, quien en noviembre pasado presentó en el Congreso de la Unión un punto de acuerdo en el que pidió a las secretarías de Energía y de la Función Pública investigar “el derroche” de recursos invertidos en la planta Clorados III. (ALP)

No hay intención de vender: Pemex

El lunes 22 de junio Petróleos Mexicanos emitió el boletín de prensa 134/2009 donde asegura que “no existe intención alguna de vender o dar en comodato las plantas del Complejo Petroquímico Pajaritos”.

En éste se dice que será “Mexichem (la que) aportaría los recursos para realizar las inversiones necesarias que permitan alcanzar los objetivos establecidos y entregará los equipos en comodato a PPQ. Si dicho proyecto es autorizado, será Mexichem la que proporcione a Pemex en comodato los equipos necesarios para lograr el objetivo de incrementar la producción de la planta de cloruro de vinilo del Complejo Petroquímico Pajaritos”.

En el comunicado oficial, Pemex señala que el “memorándum de entendimiento” firmado por Beverido, y del cual también dieron cuenta los diarios Reforma y El Economista, “no es un contrato y no representa ninguna obligación para alguna de las partes”; sin embargo, el memorándum establece que posteriormente se firmará el contrato de comodato y se estipulan incluso cláusulas de confidencialidad sobre el mismo.

Finalmente, Pemex asegura que “en ningún caso cede la propiedad de sus plantas, ni su responsabilidad de operación de las mismas”, no obstante que la reciente venta que de la Planta Amoniaco III tiene hoy mismo a uno de sus altos directivos bajo indagatoria de la PGR. (ALP)

Fuente: Revista Contralínea 137 / 28 de junio de 2009