La administración de Felipe Calderón gastó más de 64 mil millones de pesos en “prestaciones” de los servidores públicos durante el último trimestre de 2009. Tan sólo la “gratificación de fin de año” de toda la burocracia implicó 20 mil millones de pesos. De las entidades públicas, la Comisión Federal de Electricidad fue la que más presupuesto ejerció, al sumar más de 10 mil millones de pesos. El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que diversas gratificaciones son manejadas de manera opaca y discrecional
Son 214 dependencias gubernamentales las que, cada trimestre, gastan del erario más de 64 mil millones de pesos en el pago de prestaciones. El aguinaldo o la gratificación de fin de año encabezó la lista a finales de 2009, con más de 20 mil millones de pesos; el concepto “otras prestaciones” ocupó el segundo sitio con casi 13 mil millones de pesos, y las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos” significaron un egreso mayor a los 4 mil millones de pesos cada periodo.
El documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) al cuarto trimestre de 2009, revela que la Comisión Federal de Energía (CFE) fue la que más recursos destinó a sus funcionarios: 10 mil 621 millones 349 mil 263 pesos.
La CFE, que controla desde el 11 de octubre pasado el suministro de energía eléctrica en el país –con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro–, ocupa el 16.53 por ciento del total del gasto del gobierno federal: 64 mil 245 millones 152 mil 31 pesos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) –la paraestatal más importante del país– entregó a la SHCP diversos informes de sus egresos y de sus subsidiarias. Sólo el monto identificado como “consolidado” muestra que la petrolera gastó 7 mil 660 millones 65 mil 324 pesos por cinco beneficios: aguinaldo, estímulos por productividad, prima de vacaciones, Sistema de Ahorro para el Retiro y “otras prestaciones”.
Esta última figura –que no especifica claramente el destino de los recursos públicos– es ocupada por 182 dependencias: secretarías de Estado, entidades paraestatales y organismos descentralizados. De octubre a diciembre del año pasado, significó un desembolso de 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos. El “consolidado” de Pemex indica que fue la paraestatal que más recursos justificó bajo ese título, por 3 mil 261 millones 634 mil 137 pesos.
La Secretaría de Educación Pública, bajo el mandato de Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, asignó al rubro de prestaciones 4 mil 777 millones 858 mil 189 pesos. Las gratificaciones se desahogaron a través de 36 rubros, de los que se asignaron 1 mil 198 millones 48 mil 497 pesos que fueron entregados bajo el concepto de estímulo por antigüedad.
La opacidad
El informe Áreas de opacidad y riesgo. Oportunidades de mejora, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuestiona la manera de asignar las remuneraciones de los servidores públicos que se allegan de recursos bajo diversos conceptos como: sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos y ayudas diversas, consistentes en vales de despensa, gasolina, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial.
Y es que dice el máximo órgano de fiscalización que la “existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones, debido a la falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública”.
Según el desglose de prestaciones que tienen los funcionarios de las 214 dependencias gubernamentales, son 92 conceptos en los que se distribuyen los beneficios a los empleados de la administración pública federal.
Del pago de aguinaldo, por 20 mil 326 millones 272 mil 525 pesos, siguen las “otras prestaciones”, con 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos; luego, las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos”, por 4 mil 362 millones 477 mil 773 pesos.
Las “prestaciones de retiro” sumaron 4 mil 235 millones 192 mil 313 pesos; en tanto que la “prima de vacaciones y dominical” significó un gasto de 2 mil 723 millones 608 mil 642 pesos, y los “estímulos por antigüedad” representaron un egreso de 2 mil 377 millones 732 mil 75 pesos.
El diagnóstico, elaborado por Arturo González de Aragón al final de su gestión al frente de la ASF, precisa que entre los rubros vinculados con las percepciones de los servidores públicos que han sido afectados por una asignación arbitraria, se encuentran las jubilaciones y pensiones.
De éstas, el máximo órgano de fiscalización del país determinó que “en muchas ocasiones se han otorgado sin cumplir los requisitos y la antigüedad correspondiente, así como a los regímenes de liquidación al finalizar el encargo de los servidores públicos, mediante los cuales se otorgan recursos desproporcionados en relación con lo establecido en la ley”.
Las prestaciones
Los incentivos de los servidores públicos son distribuidos, también, bajo el título de apoyo, beca, compensación, estímulo, premio, subsidio, seguro, entre otros. Con estos rubros se cubren gastos funerarios, anteojos, juguetes, despensas, transporte, canastas navideñas y subsidios por “costos de vida cara”.
Los beneficios son otorgados junto con las prestaciones de ley que garantizan la afiliación de los funcionarios a los servicios de salud pública y a créditos de vivienda, a través de las aportaciones que hace la federación a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
No obstante, por lo menos en 122 dependencias de gobierno se presupuestaron 192 millones 80 mil 654 pesos para el pago de “seguro de gastos médicos mayores”, indica el documento elaborado por la SCHP, y que comprende el periodo de octubre a diciembre de 2009.
La cifra, que presupone contratados con clínicas, hospitales y/o aseguradoras del sector privado, representa el 12.62 por ciento de los 1 mil 520 millones 843 mil 597 pesos asignados al ISSSTE, y el 25.64 por ciento de los 749 millones 142 mil 332 pesos asignados al IMSS.
Fiestas, mudanzas y subsidios
El reporte hacendario revela que en apoyos para las fiestas decembrinas, la administración de Calderón Hinojosa suministró 994 millones 166 mil 484 de pesos en “medidas de fin de año”; 14 millones 507 mil 205 pesos en “canastas navideñas y otros 605 mil 246 en “ayuda para juguetes”.
Las dependencias que mayores recursos presupuestaron en estos rubros son: la Secretaría de Marina, que entregó 368 millones 782 mil 750 pesos a su personal civil; el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura gastó 3 millones 847 mil 800 pesos en “canastas navideñas”. Mientras, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos asignó entre sus funcionarios 185 mil 100 pesos en juguetes.
Los “menajes de casa y gastos de instalación del servicio exterior mexicano” son otros de los rubros que debe pagar la hacienda pública a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Patricia Espinosa. Tan sólo en los últimos tres meses del año pasado, este concepto significó la aplicación de 16 millones 294 mil 516 pesos.
La misma cancillería cubrió el pago de “encargadurías a los miembros del servicio exterior mexicano”, por 47 mil 360 pesos. Monto superior a los gastos cubiertos por concepto de “seguro de gastos contra accidentes”, por 22 mil 280 pesos, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ?única dependencia que mostró este tipo de seguro.
El “subsidio por costo de vida cara”, que significó un gasto de 357 mil 579 pesos, es uno de los conceptos que más destacan de la lista de prestaciones, de los cuales se le asignaron a los funcionarios de Nacional Financiera 356 mil 603 pesos, contra 976 pesos a los servidores de la Secretaría de Educación Pública.
La ASF es contundente en su informe presentado en 2009, pues señala “la necesidad de establecer una política que armonice y consolide los pagos por remuneraciones y percepciones en todos los niveles, bajo tabuladores únicos de carácter universal y con límites mínimos y máximos, que eviten emolumentos adicionales por conceptos no contemplados en la norma general”.
