Inmersa en el desorden, la corrupción y la opacidad en el manejo de sus finanzas, la paraestatal Petróleos Mexicanos enfrenta también, con la reforma petrolera aprobada por el Congreso, el riesgo de que su nueva estructura legal sirva de pretexto para encubrir cualquier responsabilidad de funcionarios que se hayan aprovechado de las opciones financieras para obtener recursos dirigidos a inversiones como Pidiregas, pero también para ampliar los rendimientos financieros cuya fiscalización podría convertirse en un verdadero reto para el Congreso de la Unión.

¿Borrón y cuenta nueva? Allí está el desafío y la coyuntura, además, no favorece a Pemex. No hay mucho tiempo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de los Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres) que entre 1998 y 2005 permitieron a esa empresa petrolera justificar la creación de 25 empresas subsidiarias (en donde Pemex tiene una participación superior al 50 por ciento) y constituir otras 20 sociedades anónimas que operaron recursos públicos por  más de 70 mil millones de pesos..

A finales del año pasado, la Suprema Corte falló en contra de compañías como Cemex o Televisa que pretendían la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) enterado al reportar al fisco los resultados de sus operaciones en jurisdicciones del extranjero con regímenes tributarios laxos, con el propósito de mejorar las condiciones fiscales e incrementar su productividad.

Al menos esta fue la justificación –la misma que esgrimió Pemex– para que desde 1990 se permitiera la proliferación de empresas off-shore, a pesar de que algunos organismos multilaterales las consideraban, bajo algunas circunstancias de elusión tributaria, como una peligrosa competencia desleal.

¿Cómo podría la SCJN permitir la operación de subsidiarias y empresas off shore  de Pemex cuando ahora ha fallado en contra de las principales multinacionales privadas del país y les exige pagar impuestos aún cuando genere o registre ingresos en este tipo de empresas?

Fue durante el segundo semestre del año pasado, ante la caída en los precios del petróleo y la contundencia de la crisis, cuando la Suprema Corte comenzó a revisar algunos de los privilegios que en las últimas décadas se habían venido otorgando a las empresas mexicanas con el pretexto de incrementar su productividad para competir en el extranjero.

Es cierto, como lo revela el reportaje de portada de Contralínea Semanal, de la reportera Nancy Flores, que a partir de los informes de la Auditoría Superior de la Federación que Pemex avanza a marchas forzadas en el desmantelamiento de la compleja red de contabilidad creada de forma paralela en paraísos fiscales, como una forma de borrar las huellas de la corrupción y el desvío de recursos públicos, y antes de que a alguien en el Congreso se le ocurra investigar el origen y el destino de los fondos.

Sin embargo, los compromisos y detalles de la operación que Pemex guarda celosamente impedirían su desaparición en el corto plazo. Ejemplo de ello, como lo ha documentado Contralínea en varias entregas, es Pemex Finance Ltd que logró ejercer su opción de compra frente al banco de inversión BNP Paribas Private Bank y Trust Cayman Limited hasta que la paraestatal mexicana garantizó la compra de la deuda resultado del proceso de bursatilización de cuentas por cobrar y para que ésta fuera reclasificada como deuda en su balance.

De hecho, Pemex ya comienza a resentir el costo de la transparencia. El detallado reporte a los mercados de valores de Estados Unidos, bajo la forma 20-F, que Pemex entrega a la Comisión de Valores de ese país (SEC), reconoce que al cierre de 2007 el registro contable de esta deuda significaba ya una diferencia.

Por ello, por la falta de transparencia, es que se ha censurado este tipo de manejos contables sustentados en empresas off shore y en lo que se conoce como leyes suaves (soft laws).

Fue en 1996 cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio a conocer su reporte “Prácticas fiscales nocivas” (Harmful tax practices). Ahora, año con año la OCDE actualiza la guía de prácticas dañinas que se han desarrollado al amparo de la sofisticación de los mercados financieros que habían facilitado el acceso a los paraísos fiscales.  

Aún más, en septiembre de 2002 el Fondo Monetario Internacional observó que las prácticas de registro de las transacciones de Pidiregas se desvían de los estándares de contabilidad. Es decir no califican con estándares internacionales y se les considera prácticas viciadas pero que fueron ampliamente aprovechadas.

 

La historia de los Pidiregas

Esta fue la historia de Pemex que, para operar el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, conocidos como Pidiregas, constituyó un fideicomiso controlado por una correduría extranjera para dirigir recursos al pago de una deuda que se generaría en el tiempo.

Así nació Pemex Finance Limited, la primera de muchas. Fue entonces cuando Pemex renunció al control de la fuente de ingresos, pero a cambio el gobierno federal sabía que obtendría el dinero necesario para financiar los Pidiregas, en un momento en el que la devaluación de 1995 impedía obtener créditos para la paraestatal con tasas atractivas.

Pemex Finance Ltd funcionó, al menos en ese momento: a través de esta sociedad Pemex logró emitir títulos respaldados por exportaciones de petróleo que obtuvieron un grado de inversión de BBB cuando a la deuda soberana de México le otorgaban tres calificaciones abajo.

Pero esa ventaja terminó junto con el auge de los mercados financieros que no premiaban las buenas prácticas de gobierno corporativo sino el rendimiento aunque éste estuviera acompañado por una terrible opacidad.

Aquel momento tal vez fue propicio para que Pemex creara, al margen de la Constitución y de sus reglamentos y normas que la rigen, toda una red de empresas subsidiarias para operar a la paraestatal prácticamente con una doble contabilidad y una subfacturación de la que tendrían que ocuparse los legisladores. Ahora, Pemex argumenta que pagará menos impuestos, podrá invertir más y no necesitaría de más paraísos fiscales. En teoría, claro, pues habrá que preguntar en dónde están todos los recursos que durante varios sexenios han sido triangulados y hasta ahora nadie sabe su paradero ni sus beneficiarios.

En las últimas décadas Pemex estuvo sujeta a una creciente presión fiscal, al operar como la principal fuente de ingreso de las finanzas públicas. Esta paraestatal no sólo estaba sujeta al ISR y al IVA, sino al Impuesto a los Rendimientos Petroleros y a los Impuestos Especiales a Hidrocarburos, Derechos y Aprovechamientos

Aún más, como resultado de la reforma a Pemex, al eliminarse el esquema de inversión sustentados en Pidiregas, una de las principales acciones derivadas de la reforma de octubre pasado, prácticamente se acabó el pretexto para mantener empresas off-shore. Ahora Pemex podrá mantener la operación de estas compañías si lo decide su Consejo de Administración, pero tendría que hacerlo bajo nuevas reglas del juego luego de que la gestión a través de empresas off-shore se desgastó al abusar del procedimiento.

En la edición de Contralínea Semanal que comenzó a circular a partir de este domingo, se presenta, por primera vez, el mapa de las inversiones de Pemex en organismos subsidiarios y en sociedades anónimas, lo cual podría dar sustento a una profunda investigación legislativa que termine por sancionar a todos aquellos, incluido el presidente Felipe Calderón, que en su momento permitieron, avalaron o autorizaron este tipo de operaciones financieras irregulares.

Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que se obtuvieron por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cabe destacar que el informe bajo la forma 20-F en inglés Pemex sí ha realizado una pormenorizada descripción de la, operación de sus subsidiarias dada la mayor exigencia de información en el mercado estadounidense.

Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.

Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a la ASF el 18 de diciembre de 2008.

La Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.

Respecto de la negativa a reconocerlas como paraestatales, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.

En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.

Omitió decir, de acuerdo con el reportaje periodístico de Nancy Flores, que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.

¿Borrón y cuenta nueva? Allí está el desafío y la coyuntura, además, no favorece a Pemex. No hay mucho tiempo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de los Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres) que entre 1998 y 2005 permitieron a esa empresa petrolera justificar la creación de 25 empresas subsidiarias (en donde Pemex tiene una participación superior al 50 por ciento) y constituir otras 20 sociedades anónimas que operaron recursos públicos por  más de 70 mil millones de pesos.

A finales del año pasado, la Suprema Corte falló en contra de compañías como Cemex o Televisa que pretendían la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) enterado al reportar al fisco los resultados de sus operaciones en jurisdicciones del extranjero con regímenes tributarios laxos, con el propósito de mejorar las condiciones fiscales e incrementar su productividad.

Al menos esta fue la justificación –la misma que esgrimió Pemex– para que desde 1990 se permitiera la proliferación de empresas off-shore, a pesar de que algunos organismos multilaterales las consideraban, bajo algunas circunstancias de elusión tributaria, como una peligrosa competencia desleal.

¿Cómo podría la SCJN permitir la operación de subsidiarias y empresas off shore  de Pemex cuando ahora ha fallado en contra de las principales multinacionales privadas del país y les exige pagar impuestos aún cuando genere o registre ingresos en este tipo de empresas?

Fue durante el segundo semestre del año pasado, ante la caída en los precios del petróleo y la contundencia de la crisis, cuando la Suprema Corte comenzó a revisar algunos de los privilegios que en las últimas décadas se habían venido otorgando a las empresas mexicanas con el pretexto de incrementar su productividad para competir en el extranjero.

Es cierto, como lo revela el reportaje de portada de Contralínea Semanal, de la reportera Nancy Flores, que a partir de los informes de la Auditoría Superior de la Federación que Pemex avanza a marchas forzadas en el desmantelamiento de la compleja red de contabilidad creada de forma paralela en paraísos fiscales, como una forma de borrar las huellas de la corrupción y el desvío de recursos públicos, y antes de que a alguien en el Congreso se le ocurra investigar el origen y el destino de los fondos.

Sin embargo, los compromisos y detalles de la operación que Pemex guarda celosamente impedirían su desaparición en el corto plazo. Ejemplo de ello, como lo ha documentado Contralínea en varias entregas, es Pemex Finance Ltd que logró ejercer su opción de compra frente al banco de inversión BNP Paribas Private Bank y Trust Cayman Limited hasta que la paraestatal mexicana garantizó la compra de la deuda resultado del proceso de bursatilización de cuentas por cobrar y para que ésta fuera reclasificada como deuda en su balance.

De hecho, Pemex ya comienza a resentir el costo de la transparencia. El detallado reporte a los mercados de valores de Estados Unidos, bajo la forma 20-F, que Pemex entrega a la Comisión de Valores de ese país (SEC), reconoce que al cierre de 2007 el registro contable de esta deuda significaba ya una diferencia.

Por ello, por la falta de transparencia, es que se ha censurado este tipo de manejos contables sustentados en empresas off shore y en lo que se conoce como leyes suaves (soft laws).

Fue en 1996 cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio a conocer su reporte “Prácticas fiscales nocivas” (Harmful tax practices). Ahora, año con año la OCDE actualiza la guía de prácticas dañinas que se han desarrollado al amparo de la sofisticación de los mercados financieros que habían facilitado el acceso a los paraísos fiscales.  

Aún más, en septiembre de 2002 el Fondo Monetario Internacional observó que las prácticas de registro de las transacciones de Pidiregas se desvían de los estándares de contabilidad. Es decir no califican con estándares internacionales y se les considera prácticas viciadas pero que fueron ampliamente aprovechadas.

 

La historia de los Pidiregas

Esta fue la historia de Pemex que, para operar el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, conocidos como Pidiregas, constituyó un fideicomiso controlado por una correduría extranjera para dirigir recursos al pago de una deuda que se generaría en el tiempo.

Así nació Pemex Finance Limited, la primera de muchas. Fue entonces cuando Pemex renunció al control de la fuente de ingresos, pero a cambio el gobierno federal sabía que obtendría el dinero necesario para financiar los Pidiregas, en un momento en el que la devaluación de 1995 impedía obtener créditos para la paraestatal con tasas atractivas.

Pemex Finance Ltd funcionó, al menos en ese momento: a través de esta sociedad Pemex logró emitir títulos respaldados por exportaciones de petróleo que obtuvieron un grado de inversión de BBB cuando a la deuda soberana de México le otorgaban tres calificaciones abajo.

Pero esa ventaja terminó junto con el auge de los mercados financieros que no premiaban las buenas prácticas de gobierno corporativo sino el rendimiento aunque éste estuviera acompañado por una terrible opacidad.

Aquel momento tal vez fue propicio para que Pemex creara, al margen de la Constitución y de sus reglamentos y normas que la rigen, toda una red de empresas subsidiarias para operar a la paraestatal prácticamente con una doble contabilidad y una subfacturación de la que tendrían que ocuparse los legisladores. Ahora, Pemex argumenta que pagará menos impuestos, podrá invertir más y no necesitaría de más paraísos fiscales. En teoría, claro, pues habrá que preguntar en dónde están todos los recursos que durante varios sexenios han sido triangulados y hasta ahora nadie sabe su paradero ni sus beneficiarios.

En las últimas décadas Pemex estuvo sujeta a una creciente presión fiscal, al operar como la principal fuente de ingreso de las finanzas públicas. Esta paraestatal no sólo estaba sujeta al ISR y al IVA, sino al Impuesto a los Rendimientos Petroleros y a los Impuestos Especiales a Hidrocarburos, Derechos y Aprovechamientos

Aún más, como resultado de la reforma a Pemex, al eliminarse el esquema de inversión sustentados en Pidiregas, una de las principales acciones derivadas de la reforma de octubre pasado, prácticamente se acabó el pretexto para mantener empresas off-shore. Ahora Pemex podrá mantener la operación de estas compañías si lo decide su Consejo de Administración, pero tendría que hacerlo bajo nuevas reglas del juego luego de que la gestión a través de empresas off-shore se desgastó al abusar del procedimiento.

En la edición de Contralínea Semanal que comenzó a circular a partir de este domingo, se presenta, por primera vez, el mapa de las inversiones de Pemex en organismos subsidiarios y en sociedades anónimas, lo cual podría dar sustento a una profunda investigación legislativa que termine por sancionar a todos aquellos, incluido el presidente Felipe Calderón, que en su momento permitieron, avalaron o autorizaron este tipo de operaciones financieras irregulares.

Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que se obtuvieron por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cabe destacar que el informe bajo la forma 20-F en inglés Pemex sí ha realizado una pormenorizada descripción de la, operación de sus subsidiarias dada la mayor exigencia de información en el mercado estadounidense.

Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.

Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a la ASF el 18 de diciembre de 2008.

La Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.

Respecto de la negativa a reconocerlas como paraestatales, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.

En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.

Omitió decir, de acuerdo con el reportaje periodístico de Nancy Flores, que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.

En todo caso, las contradicciones se asomarán en cualquier investigación que se realice sobre los procedimientos y justificaciones para crear esta Pléyades de empresas secundarias. En su momento los Pidiregas si se consideraron prioritarias para el desarrollo nacional, tan importantes que requirieron de varias juntas de los primeros círculos del gabinete económico de Ernesto Zedillo. Por cierto, también son varios expresidentes los responsables de dichas irregularidades.