Muy interesante el artículo “Chávez: profunda huella en América Latina”. Desde la distancia de la geografía mexicana que se acorta, con un mismo dolor y sentimiento, ¡viva Chávez!

 

Rosalba Taboada

 

 

 

Muy bien por el reportaje “Pemex envía 1.2 billones a paraísos fiscales”. Es muy complejo el manejo y la administración del petróleo, y más cuando los altos funcionarios te hablan de manera confusa, engañosa, tan difícil de entender. Pero sí debemos tener claro que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa del Estado y que quienes la administran deben rendir cuentas. Son ridículos los “argumentos” para justificar que el dinero del petróleo se convierta en privado al pasar a empresas “privadas” que son de Pemex.

 

Alejandro Ramírez

 

 

 

Desde las tareas cotidianas de documentación durante el periodo 2006-2012, corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar continuidad y profundizar de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos en contra de la población en el territorio nacional.

 

En primer término se destacan las violaciones a los derechos humanos hacia la población civil en general, con el argumento y en nombre de la seguridad, al utilizar mecanismos de control territorial a través de la militarización del país; la tortura como método de investigación y destrucción de la persona; el aumento desbordado de las personas desaparecidas forzadamente; el incremento de los feminicidios y asesinatos que se suman a la larga lista de casos en impunidad.

 

En segundo término, las acciones represivas en contra de las comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en particular las agresiones al territorio de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como continuidad de la estrategia contrainsurgente ejecutada por el gobierno mexicano.

 

De lo anterior, también podemos sostener que en el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia.

 

Asimismo en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-2012 presentamos que en la disputa por el territorio, la legalidad del despojo territorial de los pueblos indígenas ha seguido su marcha a través de proyectos neoliberales que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza natural.

 

La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se siguen realizando en un contexto de guerra: la criminalización de la protesta social y la persecución a los líderes sociales, por un lado; el acoso y persecución a las defensoras y defensores de los derechos humanos, por el otro. Esto nos habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado.

 

El conflicto armado interno en Chiapas se caracterizó, en el pasado sexenio, por la continua y amplia presencia militar, sobre todo en las comunidades indígenas en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia contrainsurgente llevada a cabo va desde la confrontación directa hasta la ejecución de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

 

La estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste, ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de un discurso de respeto a las comunidades autónomas y a las Juntas de Buen Gobierno. Discursos falsos y vacíos de contenido, ya que en el fondo está la intención de acallar y controlar, apropiarse de sus argumentos y recursos, al dividir y provocar enfrentamientos en las comunidades.

 

Estos énfasis de violaciones a los derechos humanos que hacemos patentes continúan con el gobierno en el poder del Partido Revolucionario Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado por ser represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, que copta a medios masivos y a cualquier otro grupo que quiera hacer sombra al sistema de gobierno.

 

Ante estos tiempos adversos, las comunidades, los pueblos, las y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos encuentran nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la exigencia de justicia.

 

Como respuesta a este contexto de impunidad, las personas se organizan desde la memoria y en construcción de alternativas que reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y el ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos.

 

Las comunidades y pueblos en resistencia continúan en la defensa de sus territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se han ampliado en la construcción de su gobierno alternativo y ejemplar. Un buen gobierno: justicia, salud y educación acorde con sus necesidades, una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y radical.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

 

 

 

Inicialmente se dijo que la iniciativa de reforma estructural energética se presentaría hasta el segundo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, que iniciará el 1 de septiembre, pero al parecer no será así, y esto se hará entre mayo y julio para ser discutido en un periodo extraordinario de sesiones, según la Secretaría de Gobernación.

 

Si eres trabajador de “confianza” y ostentas un nivel de entre 30 y 38, tu situación contractual real es de trabajador sindicalizado, ya que en 1989 se firmó un convenio administrativo sindical ilegal para que la entonces administración de Francisco Rojas Gutiérrez pudiera “controlar” a ese personal que era el más aguerrido dentro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, e iba a ser contrario a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), iniciada por Carlos Salinas de Gortari, egresado de la Universidad de Harvard [Estados Unidos], secretario de Programación y Presupuesto durante el gobierno de Miguel de la Madrid y presidente de la República a partir del 1 de diciembre de 1988.

 

Es necesario aclarar que el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, con la complicidad de Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero Deschamps, fue por un problema personal que se gestó en 1984, y no durante la campaña, en 1988, del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como tanto se ha comentado.

 

Del problema referido, los trabajadores sindicalizados pagamos la cuantiosa deuda contraída con la empresa texana Arriba Limited, producto de un litigio por incumplimiento de un contrato de venta de petróleo residual, de cada destilación fraccionada que el gobierno federal le regaló a la representación sindical en 1982, y el entonces secretario de Programación y Presupuesto les quitó la canonjía en 1984. El pago actualmente se realiza vía cuotas sindicales, negociada por el exabogado de Pemex, César Nava, iniciada con la confiscación de 500 millones de pesos que Ricardo Aldana Prieto y Carlos Romero Deschamps depositaron en un banco texano como fruto del Pemexgate. El monto total de la deuda ascendió a 250 millones de dólares (más de 3 mil millones de pesos). Cabe señalar que la exoneración de Romero Deschamps y Aldana, del Pemexgate, es ilegal, ya que a la fecha Rogelio Montemayor Seguy tiene un juicio contra la Secretaría de la Función Pública y nadie ha resarcido del daño patrimonial a Pemex. El caso, por jurisprudencia, puede ser reabierto en el Distrito Federal, con base en que el amparo promovido por ambos no procedía, ya que el peculado electoral está tipificado como delito grave.

 

Por esto y muchos otros actos de corrupción, Romero Deschamps deberá firmar todo lo que la administración de Pemex, hoy priísta, le pongan en la mesa. El fuero de senador y diputado –ilegal– que les otorgó el PRI de manera corporativa a Carlos Romero Deschamps y a Ricardo Aldana Prieto en las elecciones del año pasado está encaminado a la privatización de la paraestatal y el control político de los trabajadores sindicalizados, que serán liquidados y jubilados o hasta que entreguen el equipo. Los charros están en vías de extinción porque el mismo PRI ya rompió relaciones corporativas con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al haber modificado sus estatutos. El PRI, a partir del 3 de marzo, es netamente neoliberal, plegado a los designios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio; por lo tanto, ya es antagónico a la CTM y a sus charros afiliados.

 

Los ilegales analfabetos funcionales (36) que hoy ocupan una Secretaría General del gremio petrolero, los comisionados sindicales y delegados departamentales dentro de muy poco tiempo se van a llevar una gran sorpresa, producto de la privatización de la investigación, exploración y explotación, refinación y petroquímica, resultado de la reforma estructural energética, ya que al igual que los trabajadores serán liquidados y jubilados; excepto aquellos charros que ocupan un cargo de elección popular del mismo PRI. La traición se va a dar de manera irreversible dentro de muy poco tiempo. Los que hoy pisotean nuestros derechos laborales muy pronto serán pisoteados por quienes tanto adoran, y en su gran ignorancia hasta les rinden pleitesía, porque ellos los eligen de manera antidemocrática, al violar los estatutos para ocupar una comisión sindical o delegación departamental, y les regalan plazas del sector tradicional o de confianza para sus familiares o amigos.

 

En abril se espera el inicio de la liquidación y jubilación de personal de confianza en estricto apego a lo que estipula el contrato colectivo de trabajo vigente. Para la próxima revisión contractual se modificarán las jubilaciones y así complementar la reforma estructural laboral. Aquí es donde los trabajadores liquidados comenzarán a ver las “bondades” de la referida reforma al buscar trabajo en otras empresas.

 

¿Qué se espera de la reforma estructural energética? La privatización de Pemex en sus principales áreas productivas, como la refinación y la petroquímica básica; la liquidación y jubilación de personal sindicalizado y de confianza para dar rienda suelta a los capitales privados para que compren refinerías y complejos petroquímicos desincorporadas conforme al artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; con la contratación individual y la subcontratación (outsourcing), tal como lo marca la actual Ley Federal del Trabajo.

 

El hecho de que el gobierno federal se quede con la investigación, exploración y explotación para mantenerse en el poder no implica la continuación del corporativismo, sino por el contrario, de acuerdo con el paradigma neoliberal, se dará paso a la contratación por outsourcing para la desinversión o venta de activos, tales como refinerías y complejos petroquímicos, ya que se requieren miles de millones de dólares para la investigación, exploración y explotación de gas y petróleo crudo en aguas profundas.

 

En lo que respecta a la privatización de la petroquímica secundaria, ésta ya se está realizando conforme al Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera disfrazada, al ocuparse todavía personal al servicio de Pemex que posteriormente será separado legalmente.

 

Todo esto es lo que conforma el llamado Estado neoliberal o Estado eficiente o de costo mínimo, que durante su campaña electoral promovió el entonces candidato priísta Enrique Peña Nieto, y que a su vez forma parte del paradigma neoliberal, con las llamadas recetas neoliberales, entre las que se encuentran las desincorporaciones de actividades o instituciones del Estado benefactor. En su momento, Platón describió este tipo de Estado como tiránico, en el cual los zánganos una vez conseguido el poder, deben someter a la población a la pobreza extrema para mantenerse y evitar la insurrección del pueblo.

 

Elba Esther Gordillo Morales está encarcelada por oponerse al avance del paradigma neoliberal en lo que a la reforma estructural educativa se refiere. Los charros institucionales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, quienes ilegalmente ocupan los cargos de senador y diputado, respectivamente, así como representantes sindicales de manera simultánea –con lo que se violan el Artículo 62 constitucional, la Ley del Congreso– el contrato colectivo y los estatutos del gremio, deberán permitir la privatización de Pemex y la liquidación y la jubilación del personal sindicalizado. Si no, el priísmo los enviará a la cárcel a acompañar a la Maestra. Porque así acaban los traidores al padre de la promoción del neoliberalismo en México, Carlos Salinas de Gortari. Joaquín Hernández Galicia es el ejemplo más representativo de esto.

 

Saulo Tenoch