Pesar por indolencia de gobernantes ante pobreza Luego de leer el reportaje seriado Morir en la miseria, me provoca náuseas pensar que los candidatos se disputan el poder de la forma más baja e indecente. Y cuando llegan a ocupar gobiernos, ni siquiera hacen algo por estas comunidades pobres. Soy una ciudadana normal imposibilitada para hacer algo por mis conciudadanos. Vivo fuera de México, pero estoy dispuesta a contribuir modestamente en algún proyecto. Mi aprecio grande a periodistas valientes que divulgan estas situaciones. Natividad Bolaños
————————————————–
Proyectos gubernamentales dejan a comunidades en la miseria, dice Cada que el gobierno pretende realizar proyectos de infraestructura, argumenta que generará empleos y riqueza. Sin embargo, cuando llega, nunca es para quien le pertenece. No hay una sola comunidad en las zonas de producción petrolera, por ejemplo, que sea partícipe de la enorme riqueza que indudablemente ha generado el petróleo extraído de ellas. Felicidades por el reportaje sobre el desastre social que se vive en el Norte de Veracruz. Gracias a Nydia Egremy, a Bernardo Salas Mar y a todo el equipo de Contralínea. Guillermo Noyola A ————————————————–
Contra la urbanización de La Bufa y Los Picachos, Guanajuato Bien, Guanajuato. No dejes que te quiten tus atractivos culturales y naturales. Hay que protegerlos. Basta de politiquillos charros que sólo actúan por dinero. Apoyemos el movimiento social y vivamos en una sociedad sustentable. Urbanizar las pocas áreas verdes ocasionará problemas hidrológicos irreversibles en esa cuenca. Abraham Caffani
————————————————–
Empresarios, los beneficiarios de los neoliberales, dice Tratándose de México, lo imposible es posible. Con los gobiernos priistas neoliberales y ahora con los panistas, sólo se benefician los grandes empresarios y no el país. Lo más lamentable es que donde hay un “proyecto” privado que afecta a la población, los opositores son comprados, golpeados o encarcelados. Ánimo, Ana Lilia Pérez. Personas como tú dignifican su profesión. Gabriel Morales Salinas
————————————————–
Es demostrable que a los ciudadanos sí les interesa Pemex, dice Tengo entendido que, a estas alturas, el proceso judicial seguido en el Juzgado 54 Civil en contra de los periodistas de Contralínea se encuentra en la segunda instancia. Sugiero al abogado que lleva la defensa que ofrezca como prueba superveniente la determinación de la Secretaría de la Función Pública –aunque todavía no esté firme–, en la que detecta el mencionado fraude en Pemex Refinación por 23.5 millones de dólares, vinculado al arrendamiento de cuatro buquestanque. Lo anterior fortalece las razones que se indican y publicaron en el estupendo libro de Ana Lilia Pérez Camisas azules manos negras. El saqueo de Pemex desde los pinos, a fin de desvirtuar la infundada sentencia por daño moral. Y por otro lado, ofrecer como prueba los comentarios que la ciudadanía viene realizando en las páginas digitales de los diversos medios impresos relacionados con el tema del saqueo de la empresa de la nación: Petróleos Mexicanos (Pemex). Muchos criticamos –con nuestras propias palabras y como podemos– los malos manejos, la corrupción, la impunidad de los funcionarios que mal administran y se roban los recursos de esta paraestatal. Ello, a fin de desvirtuar la sentencia de la jueza 54 Civil en la parte en la que da a entender que los asuntos de Pemex “no son de interés público”. Es claro que sucede todo lo contrario. A la mayoría de los ciudadanos sí nos importa conocer qué se hace con esa empresa de la nación. Parece que sólo a esa jueza no le interesan estos temas. Miguel Ángel Romero
————————————————–
Sociedad mexicana soporta políticos ladrones, considera Mientras el pueblo trabajador de México siga dormido, seguiremos soportando a todo el nido de ratas de dos patas engendrados en todos los partidos políticos que padecemos. Sigan publicando sus investigaciones con la frente en alto y sin ser agachados, como otros medios de comunicación. Gracias. Simón Torres Hernández
————————————————-
Denuncian negligencia en muerte de mineros Barroterán, Coahuila, 3 de febrero de 2010. El 2 de febrero, fallecieron Juan Manuel Gómez Gaytán y Daniel Vaquera Contreras en la Mina Lulú, propiedad de Minera Siderúrgica de Coahuila, del empresario Salvador Kamar Apud, responsable de la muerte (aún impune) de otros dos trabajadores, Alfredo Ríos Ramírez y Alfredo Soto Torres, en 2009. Frente a este nuevo siniestro de Minera Siderúrgica de Coahuila, manifestamos lo siguiente: 1. El siniestro en la Mina Lulú se explica por el permanente desafío de muchas de las empresas extractivas de carbón que ignoran, en Coahuila, sistemáticamente a las autoridades a costa de la vida de los mineros y del enorme sufrimiento y daño que provocan sus familias. 2. En enero de 2011, se lesionó gravemente un trabajador, pero continúo laborando sin que se informara a las autoridades. 3. En la diagonal 17, identificaron una falla geológica al intentar abrir un nuevo frente de trabajo. Esta misma falla impedía que los arcos de madera sostuvieran de forma adecuada el techo de la mina, por lo que los trabajadores rellenaban el espacio entre el arco y el techo con maderas. 4. Desde la diagonal 17, comenzaron a tener demasiada filtración de agua, por lo que el techo y las paredes de la mina estaban mojados. Al no tener emparrilladas las paredes de la mina y debido a la presencia de mucha humedad, se desprendió la pared que sepultó a los dos mineros. 5. La empresa no tenía extinguidores ni sistema contra incendio, ni escalera para los trabajadores ni salida de emergencia. 6. De la misma manera que en el siniestro de 2009 (denunciado por nuestra organización y motivo de una queja admitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), a los trabajadores se les tiene registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario que cubre menos de la mitad de lo que realmente ganan. La diferencia se las paga la empresa “en efectivo”, sin ningún tipo de comprobante. Por todo lo anterior, celebramos que, atendiendo a la memoria histórica de este centro de trabajo, por primera vez la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinó la clausura total de la mina de carbón Lulú. Según el boletín emitido por dicha Secretaría (www.secretariadeltrabajo.gob.mx), el centro de trabajo había sido inspeccionado más de 10 veces y se le habían establecido multas por violaciones a las normas de seguridad e higiene, pero lo más grave, y por lo que nos parece se hace merecedora de esta cancelación total, es el desacato sistemático de la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila a lo que la STPS viene ordenando reiteradamente: desde 2009, la empresa tenía la orden de restringir el ingreso de los mineros para la extracción de carbón hasta que se establecieran las medidas de seguridad. No lo hizo y desafió a las autoridades y violó los derechos humanos laborales de los mineros y sus familias, pues les ocultó esta restricción a sus trabajadores. La clausura determinada se mantendrá hasta que la empresa cumpla con los siguientes ordenamientos: a) Elaborar un análisis de riesgos para determinar e identificar las áreas propensas a desprendimientos instantáneos de gas metano y carbón. b) Contar con un plan de trabajo que permita administrar las acciones para prevenir los posibles riesgos. Éste debe comprender las medidas de seguridad que se aplicarán durante la explotación de los mantos de carbón reconocidos; la información de los indicadores de riesgo; la capacitación que todos los trabajadores de los frentes de trabajo deben recibir para controlarlos; la forma segura para realizar sus actividades; el tipo de herramientas y, en su caso, la maquinaria que se debe utilizar, y la metodología para definir o determinar las dimensiones de las barreras de protección que se deben conservar en los frentes de desarrollo antes de continuar con su avance en las zonas susceptibles de desprendimientos instantáneos. c) Practicar en forma inmediata la barrenación de protección. d) Dotar al personal del equipo de protección personal: botas de hule con puntera o calzado de protección con puntera; tapones o conchas auditivas, lentes de seguridad, guantes, respiradores contra partículas, autorescatador y ficha metálica de identificación. Hacemos un llamado a la Secretaría de Economía, particularmente a la Dirección General de Minas, para que determine la cancelación del título que corresponde al yacimiento de la Mina Lulú, y que asuma la responsabilidad de haber dispuesto otorgarles “vigencia” sin tiempo determinado a concesiones de explotación y de exploración que ya estaban vencidas. La Secretaría de Economía debe ofrecer una explicación pública y razonada de esa determinación, que trae como consecuencia la explotación del carbón de forma desordenada debido a la legitimidad que ha otorgado a las empresas al renovar títulos vencidos. Solicitamos con urgencia que el IMSS realice las acciones que considere pertinentes debido al desfalco que realiza esta empresa desde 2009, al tener un subregistro de los ingresos de sus trabajadores y por la siniestralidad que presenta y que no reporta a las autoridades. Confiamos en que el gobierno de Coahuila, en la representación del fiscal Torres Charles, determine inmediatamente y con base en la acumulación de pruebas que obra en el expediente de la STPS y reabra la investigación que debieron iniciar por los hechos de agosto de 2006. Solicitamos al gobierno de Coahuila que ordene a Promotora de Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) la suspensión del contrato de compra de carbón para la Comisión Federal de Electricidad a la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila mientras la clausura subsista. Solicitamos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que determine la situación legal de la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila por el daño al medio ambiente generado en los lotes de Escobedo y Lulú. Solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –que había recibido una queja de nuestra organización por los hechos del 6 de agosto de 2009 y que no ha emitido la recomendación pertinente pese a los más de 17 meses de este primer siniestro– que publique sus conclusiones y acorte los tiempos en la queja de oficio que acaba de abrir y envíe a los visitadores para recabar información. La clausura del centro de trabajo no significa, de ninguna manera, que la empresa pueda romper la relación laboral con sus trabajadores, por lo que deberá pagar los salarios a cada uno de ellos, no como están registrados en el IMSS, sino de acuerdo con lo que cada semana les pagaba y hasta que resuelva ejecutar las medidas de seguridad para volver a operar. Por último, la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila está obligada no sólo al pago de indemnizaciones –como si hubiera despedido a los mineros– y los gastos funerales, sino a reparar el daño cometido a todos los trabajadores y familiares afectados por su irresponsabilidad y negligencia, conforme a los estándares señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los casos en los que la muerte de las personas es por la violación de sus derechos humanos. Estamos convencidos de que solamente la acción coordinada de la STPS, la Dirección General del IMSS, el Gobierno de Coahuila (Ministerio Público y Prodemi) y la Semarnat puede lograr que la extracción del carbón no sea a costa de la vida y sufrimiento de las familias. Todos a la marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo el 19 de febrero a las 16:00 horas, con y por los familiares de los mineros fallecidos y sobrevivientes de las minas Lulú, Pasta de Conchos, Boker, Ferber y Vertical 4. A una voz: ¡rescate ya! Centro de Reflexión y Acción Laboral, Proyecto Obrero de Fomento Cultural y Educativo, AC
————————————————–
En Guerrero triunfó el figueroísmo, considera El “pragmatismo” de Marcelo Ebrard devino cinismo. Miren que decir que en Guerrero triunfaron “las izquierdas”… En primer lugar, la abstención fue muy amplia. La ciudadanía votó por el menos peor. Pero ambos candidatos eran retoños del figueroísmo: el que persiguió a Zapata, el que asesinó a Lucio Cabañas y a Genaro, el que estableció “la guerra en el paraíso”. ¡Pobre Guerrero! No hubo opción. Rubén Mújica
————————————————-
Denuncian desaparición de Gerardo González, de La Otra Campaña Queremos reportar la desaparición del compañero Gerardo González, adherente a La Otra Campaña e integrante de medios libres (Tele Maíz). El 30 de enero de 2011, el compañero se encontraba en el Rincón Zapata, un espacio político-cultural de San Cristóbal de las Casas. Él pernoctaría solo en la casa del espacio Zapata. Al día siguiente, sus compañeros de trabajo le tocaron a la casa, pero no abrió. Los compañeros se saltaron para poder entrar y encontraron las llaves y el celular de Gerardo. Les pareció muy extraño no encontrarlo porque habían acordado previamente una cita para ese día por la mañana. Gerardo es una persona muy dedicada y seria en el trabajo. Ese mismo día, fueron a interponer la denuncia oficial, pero les dijeron que tenían que pasar 48 horas para que se pudiera hacer algo. También se buscó en hospitales y en la policía, pero no hubo resultados. Al día siguiente, se hizo el reporte en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y con los compas de Amnistía Internacional. Hasta el momento, no ha aparecido. Gerardo fue preso político y tenía amenazas por su labor con los medios libres y su lucha. Atentamente, Adherentes de La Otra Campaña en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
————————————————–
GDF viola derechos de sus trabajadores, denuncia Muy buen reportaje el que documenta el incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo por parte del Gobierno del Distrito Federal. Yo trabajé cinco años en la administración de la ciudad de México, casi todo el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Siempre estuve bajo el régimen de “honorarios”. Los tres primeros meses de cada año, no nos pagaban porque nunca estaba el dinero a tiempo. No teníamos prestaciones y se daba aguinaldo, pero como si fuera un favor. Teníamos prohibido hacer sindicatos, ya que a quien lo intentara lo despedían de inmediato. Por supuesto que teníamos jefas y horarios, lo cual crea una relación laboral; pero ésta no se reconocía como tal y nunca nos daban copia del contrato hasta que ya vencía. El principal violador de los derechos de los trabajadores y evasor de responsabilidades es el mismo gobierno. Paulina Martínez
————————————————–
Harto de demagogia Está muy claro lo que todos queremos de este nefasto gobierno: no más sangre derramada y que ya se calle. Tanto bien harían los políticos al país si hicieran una tregua de silencio y nos dejaran descansar de sus mentiras, de su demagogia, de su publicidad barata en radio, televisión y prensa. Nos tratan como si estuviéramos en pañales. Creen que con Televisa ya nos tienen controlados (yo nunca veo televisión). Por fortuna, hay quienes nos gusta pensar, leer y estamos al tanto, hasta donde es posible, de lo que realmente sucede. Felicito a los integrantes de Contralínea. Suerte. Gracias. Óscar Pomposo García
