El normalismo rural –como la educación pública en México– sufre una de las crisis más fuertes en los últimos tiempos. La Alianza por la Calidad de la Educación es uno de los planes más contundentes para concretar la privatización de este derecho. Mientras, los miles de millones de pesos que deberían de invertirse en la educación pública se destinan a las campañas políticas. Se trata de un saqueo al erario: los recursos terminan en el bolsillo de quienes dirigen el Estado. Los dirigentes nefastos son los más altos traidores a la patria. ¡Alto a la corrupción y al influyentismo. No a la privatización! Más claridad en cómo se aplican los recursos en la educación.

 

 

 

 

Felicito al reportero, al fotógrafo y a la revista Contralínea por el trabajo en la Sierra Tarahumara. ¡Excelente redacción y contenido!

 

 

 

 

Es lamentable que el proyecto tan innovador que representa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que promueve la justicia social esté siendo socavado y modificado por el pensamiento eficientista de la derecha. Esperemos que no suceda lo mismo que con el programa revolucionario de los colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1996, su plan fue transformado para convertirse en un bachillerato más entre los tantos que hay.

 

 

 

 

Una vez más fuimos víctimas de un artero golpe traidor del Estado, que no vacila en destruir a todo lo que represente un peligro para sus intereses de lograr el control total y el sometimiento de nuestros pueblos.

 

El 17 de enero pasado, Bonifacio Cruz Reyes, pieza fundamental en la estructura de nuestra organización, salió de su casa con rumbo a un arroyo donde iría a lavar. Ante la demora de su regreso, su familia inició la búsqueda en casa de familiares, amigos y conocidos; después, en las distintas corporaciones policiacas con sede en la ciudad de Pinotepa Nacional, Oaxaca, sin ningún resultado.

 

Al día siguiente, a las 17:00 horas, se inició una búsqueda exhaustiva en la que participaron varias comisiones, las cuales se trasladaron a las orillas del pueblo en búsqueda de pistas que pudieran conducir a su paradero. De nuevo una comisión de compañeras se entrevistó con las distintas corporaciones policiacas y militares de la zona, sin obtener respuesta. Alrededor de las 15:00 de la tarde se localizó la motocicleta marca Itálica que conducía Cruz el día de su desaparición. Se dio parte al Ministerio Público que solicitó a quienes participábamos en la búsqueda que tomáramos fotografías, que recogiéramos ésta y sus pertenencias, ya que en ese momento el Ministerio no contaba con elementos que pudieran enviar al lugar de los hechos.

 

Acto seguido, los familiares recibieron varias llamadas del Ministerio para preguntar cosas sin sentido. Una hora después, empezaron a llegar elementos de las policías estatal y ministerial al paraje donde se encontraba la motocicleta. La recogieron y pidieron a los familiares que se trasladaran al Ministerio Público, ya que se había encontrado un cuerpo sin vida en el basurero. La familia, con una comisión de compañeras, se trasladó y ahí iniciaron una serie de hostigamientos en su contra. Retuvieron a su esposa en un cuarto bajo llave. La interrogaban y pretendían justificar el artero asesinato.

 

Después nos fue entregado el cuerpo que presentaba múltiples golpes y marcas: fue torturado, golpeado y presentaba un impacto de bala como tiro gracia. Era un hombre joven, de 32 años, quien hoy deja en el desamparo a una mujer con dos pequeños de cuatro y seis años de edad. Una persona honesta y firme en sus convicciones e ideales, un campesino que se ganaba la vida trabajando, que no tenía enemigos, y quien como único delito tuvo el haber luchado por un cambio, haberse convencido de que la única forma de lograrlo en nuestro país era luchando al lado de nuestros hermanos, desde las entrañas de nuestros pueblos por una concientización colectiva que nos permita crear nuevos mundos. Luchaba por un mundo con justicia, paz, colectividad e igualdad.

 

Las inconsistencias, irregularidades y contradicciones de las autoridades nos confirman que los únicos asesinos son los elementos de las policías estatal y municipal, quienes tenían un retén a escasos metros de donde fue levantado. Incluso, vecinos de esa área (que por temor a sufrir represalias no dan su nombre) fueron testigos de que estos elementos lo detuvieron y lo obligaron a abordar sus patrullas. Sin embargo cuando la familia acudió a sus cuarteles negaron cualquier información; después apareció el cuerpo y quienes lo localizaron fueron ellos mismos. Ellos lo mataron. Son los responsables.

 

En meses anteriores, integrantes de nuestra organización habían sido detenidos, encarcelados o golpeados por elementos de estas corporaciones policiacas, por el simple hecho de pertenecer a nuestra organización, de vivir en nuestra comunidad. Encarcelamientos, agresiones, tortura y muerte han sido el pan de cada día para nosotros como población, como comunidad que representa un obstáculo, un peligro para los intereses perversos del presidente municipal de Pinotepa Nacional y los grupos de poder en la región. Nuestra organización es el enemigo a vencer, a fragmentar, a destruir, a desaparecer. Nuestra disolución representaría la única manera en la que ya no tengan una oposición real y verdadera.

 

Carlos Sarabia Camacho, sus policías, la policía estatal y ministerial son los únicos asesinos. Exigimos a las autoridades competentes que investiguen y se haga justicia. El cobarde asesinato de un hombre que dio su vida a la lucha por la dignificación de nuestros pueblos no debe quedar impune. Exigimos justicia y un alto total a esta política de represión y aniquilamiento que aplican los gobiernos municipal y estatal en nuestra contra. Ya no queremos seguir poniendo los presos, los desaparecidos, los muertos. Queremos paz, justicia e igualdad. Solicitamos a las organizaciones civiles, sociales y colectivos que permanezcan alerta. El enemigo a vencer del mal gobierno somos nosotros. La solidaridad, la denuncia y la organización serán nuestra única defensa. Como organización, como comunidad, nos encontramos con el corazónlleno de rabia e indignación ¡Exigimos justicia!

 

Porque el color de la sangre jamás se olvida, nuestros muertos serán vengados; su recuerdo vivirá en nuestros actos y hechos libertarios.

 

 

 

 

Los pueblos, naciones, tribus y barrios de México, decimos lo siguiente: ¡ni perdón ni olvido para quienes agreden y asesinan al pueblo nahua de Santa María Ostula! ¡Justicia!

 

Hermanas y hermanos de Ostula, reciban el respeto y el cariño de nuestros pueblos, naciones, tribus y barrios que integramos el Congreso Nacional Indígena y del cual ustedes son un pilar fundamental.

 

Al iniciar 2012, los olvidados de siempre nos hacemos presentes. Salimos de las profundas entrañas en que el despojo, la represión, la humillación y la explotación nos tienen y que pretenden hacernos desaparecer. Salimos del mar, la montaña y el desierto para decirles que hoy en un pueblo digno y rebelde –que nosotras y nosotros conocemos como Ostula– se está realizando una guerra abierta y desigual en contra de sus habitantes que sólo buscan vivir de manera digna y pacífica; pero que el gran capital, con sus buscadores modernos de tesoros y sus piratas actuales de narcotraficantes, tratan de despojarlos de sus tierras para utilizarla como una mercancía.

 

Denunciamos la falsedad de las declaraciones del gobierno de Michoacán y del federal, acerca de que se ha proporcionado la protección debida a los hermanos de Ostula. Por el contrario, el engaño y la represión son la constante. Muestra de ello es la desaparición forzada de el menor de edad Enrique Domínguez Macías, Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles; y Gerardo Vera Orcino.

 

Denunciamos que, en los dos últimos años, han sido asesinadas 28 personas de Santa María Ostula, hermanos nuestros. En los dos últimos meses, fueron asesinados Pedro Leyva y J Trinidad de la Cruz Crisóstemo, quienes siguen siendo –aunque estén en el lugar que ocupan las luces y sombras de nuestros muertos– integrantes del Congreso Nacional Indígena (al igual que todas y todos los hermanos del pueblo nahua de Ostula).

 

El 6 de diciembre de 2011, Cruz Crisóstomo fue asesinado con la complicidad de las Fuerzas Armadas de la Marina y de la Policía Federal. Todos los asesinados han sido comuneros y su único delito fue defender la tierra, su territorio y la voluntad de su pueblo.

 

Manifestamos que las tierras de Ostula son propiedad ancestral de la comunidad, que fue reconocida por la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. La comunidad cuenta con títulos de propiedad desde 1802. Denunciamos que hoy estos títulos y documentos legales pretenden ser desconocidos por las autoridades de los gobiernos municipal, estatal y federal. Por eso, mediante engaños, las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria y de las diferentes instituciones agrarias del país   –en contra de toda ley– tratan de despojar a los comuneros de Ostula de sus derechos ancestrales sobre su tierra y territorio.

 

Denunciamos que la Organización de Naciones Unidas no ha respondido con la prontitud y firmeza que se necesita en estos casos, pues aun cuando existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los comuneros, y de los compromisos adquiridos por el alto comisionado de los Derechos Humanos de respetar los derechos del pueblo de Ostula, no se ha obtenido una respuesta que brinde paz y tranquilidad a los habitantes.

 

Manifestamos que desde siempre, nuestros pueblos, naciones, tribus y barrios nos hemos organizado para defender nuestras tierras y territorio, al crear formas propias y pacíficas para garantizar la seguridad y la paz entre nuestros pueblos; por ello, nos resulta natural y bueno que la Guardia Comunal de Santa María Ostula tenga que cumplir con el mandato de sus asambleas de cuidar a su pueblo, en pleno cumplimiento a lo que dictan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y los Acuerdos de San Andrés que reconocemos como válidos y que fueron firmados –todos éstos–, por el Estado.

 

Manifestamos que los malos gobiernos federal y de Michoacán se empeñan en realizar megaproyectos del gran capital, como una carretera costera que sólo despojaría de su agua, tierras , montes , playas y mar a la comunidad de Ostula; que no sirve a los intereses de vida de los comuneros y que, además, afecta a la madre naturaleza.

 

Declaramos nuestro reconocimiento a la comunidad nacional e internacional, que siempre está atenta a nuestra lucha civil y pacífica, y de múltiples maneras se hace presente para evitar una mayor represión en contra de nuestros pueblos, naciones, tribus y barrios que integramos al Congreso Nacional Indígena. También extendemos ese reconocimiento a las personas y organizaciones de la sociedad civil que se solidarizan con nuestra resistencia. Es más clara cada vez que el gran capital no tiene fronteras; sólo ambiciona una mayor explotación y despojo; lo cual tiene como consecuencia mayor violencia en diversas regiones del mundo.

 

Los indígenas de México exteriorizamos que ante la guerra desatada en contra de los hermanos de Ostula y de los pueblos, naciones, tribus y barrios que estamos en el Congreso Nacional Indígena y debido al incremento de asesinatos y violencia que hay en México, hemos resuelto:

 

Primero. Exigimos el respeto a, la autonomía y autodeterminación del pueblo de Santa María Ostula; por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal para que haya paz y justicia entre nuestros hermanos y mejores condiciones de vida.

 

Segundo. Demandamos el respeto y reconocimiento a la Guardia Comunal de Ostula que resguarda a su gente y su territorio; que sólo se defiende de la guerra desatada en contra de nuestros hermanas y hermanos; y donde la Guardia sólo cumple una orden de sus comuneras y comuneros.

 

Tercero. Exigimos que las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal reconozcan los derechos sobre la tierra, el territorio y la cultura que tienen los hermanos del pueblo de Ostula, y el respeto a sus derechos ancestrales, para evitar más conflictos, muertes, desapariciones y agresiones en contra de este pueblo.

 

Cuarto. Convocamos a la comunidad nacional e internacional a que continúe con su apoyo y solidaridad hacia los hermanos de Santa María Ostula, para que se cese la violencia, los asesinatos y las desapariciones, y para evitar que haya represión en contra de aquellos compañeros y compañeras de la sociedad civil que se unen a la resistencia de los pueblos.

 

Quinto. Exigimos a las autoridades que investiguen la desaparición forzada de: Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino y Enrique Domínguez Macías, para que a la brevedad se encuentren con nosotros, pues en el Congreso Nacional Indígena necesitamos oír sus voces para dar los siguientes pasos.

 

Sexto. Manifestamos que todas las hermanas y hermanos de Ostula – en los que también contamos a nuestros muertos Pedro Leyva y J Trinidad de la Cruz Crisóforo–, son parte importante del Congreso Nacional Indígena y su lucha y resistencia también son nuestras; por lo que las agresiones también las recibimos nosotros; por lo cual buscaremos la forma de no permitir más asesinatos, desapariciones y humillaciones.

 

Séptimo. Demandamos que ante las agresiones y asesinatos que sufre el pueblo de Santa María Ostula, Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado de Derechos Humanos, entre otros, cumplan con su papel de resguardar la paz y la seguridad de todas las personas que de manera pacífica y honesta luchan por vivir de manera digna, bajo formas legales reconocidas a nivel internacional. Por ello exigimos justicia y castigo para los culpables de los asesinatos y desapariciones de los hermanos del pueblo de Ostula y de otros estados.

Octavo. Demandamos el respeto a la autonomía y autodeterminación que se ejerce en nuestros pueblos, naciones, tribus y barrios y el alto a las agresiones, la represión y el hostigamiento de los malos gobiernos federal y estatal en contra de las comunidades zapatistas, de Chiapas; los wixáricas; los purépechas de Cherán; la tribu yaqui, de Sonora; los rarámuris, de Chihuahua; los hermanos amuzgos, de Xochistlahuaca, Guerrero, y los hermanos coca, de Mezcala; los hermanos ikoots de San Mateo del Mar y de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; los hermanos de las comunidades de Guerrero y su Policía Comunitaria; entre otros.

Noveno. Recordamos y rendimos un homenaje a nuestras hermanas y hermanos asesinados por los malos gobiernos y por sus mensajeros, en particular a los hermanos de Ostula, por los caídos en el levantamiento y resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; por los muertos en Acteal, Chiapas; y por los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

 

El Congreso Nacional Indígena reitera su exigencia de respeto a la vida, al agua, a la tierra, al territorio, a la cultura, a los sitios sagrados del país ¡Nunca más un México sin nosotros!

 

 

Integrantes de la revista Contralínea:

 

Los saludo atentamente. Les escribo para exponerles la situación de los artesanos de Tlaxcala. Considero que varias cosas deben cambiar en la Casa de Artesanías del estado. De lo contrario, seguirá perdiendo el apoyo de los artesanos y quedará como un cascarón que no sirva de nada al gremio.

El primer problema es que la Casa ha dejado de comprarles los productos a los artesanos. El argumento es que al nuevo director no le gusta lo que hacemos. Sabemos que la mayoría de la artesanía que compra el director de la Casa es para el gobernador. También estamos al tanto de que el director es la única persona que realiza las compras y no, como debiera suponerse, el área que está encargada de eso. Y la Casa sólo compra artesanía a bajo precio que proviene de otras entidades de la república –como Puebla– y después la vende a la tienda de la Casa de Artesanías a un precio mayor. Es decir, se trata de un negocio y no de una manera de apoyar al artesano tlaxcalteca. Además, se miente a quien compra, porque esa mercancía se hace pasar como originaria del estado.

 

Otro problema que padecemos es el siguiente: La Casa no nos ha pagado las pocas piezas que nos ha comprado a los artesanos de Tlaxcala. Ya son más de dos meses de ello y no nos las quiere pagar. Lo peor es que esos productos ya los vendieron. Nuestra necesidad es mucha. Y es una falta de respeto que no se nos cubra lo que nos debe.

 

Ángel Hernández Miranda