


Tras la ingenua afirmación de que el Estado tiene que “vivir”, suele ocultarse generalmente la voluntad desbordada de que el Estado viva en la forma que estiman correcta aquellos que se aprovechan para sus fines particulares de la justificación del “Estado de necesidad política” Hans Kelsen

Fue en 2012 cuando la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chang, felicitó al gobierno mexicano por los logros del Seguro Popular que permitían acercarse a la Cobertura Universal de Salud, uno de los objetivos de ese organismo multilateral.

El director de Artículo 19 capítulo México, la organización para investigar y cuestionar la violencia contra el periodismo, Darío Ramírez, tras una década al frente de ella, hizo público su informe: Medios, Impunidad, Estado, Democracia y Opacidad: MIEDO.

Hace ya 9 años 4 meses que el gobierno federal inició una espiral de violencia y terror. El costo para la sociedad de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico ha sido muy elevado: ejecuciones, desapariciones, feminicidios, torturas, violaciones, agresiones sexuales, secuestros, extorsiones que se cuentan por decenas de miles. A ello se suma la impunidad y el miedo.

Si nos atenemos a lo que dice de sí mismo, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es la guerrilla decana de todo el movimiento armado mexicano. Está cumpliendo 52 años de guerra popular prolongada contra el Estado burgués y sus gobiernos. Es decir, fue fundado en 1964: 1 año antes del ataque al Cuartel de Madera (efectuado por el Grupo Popular Guerrillero del duranguense Arturo Gámiz y el chihuahuense Pablo Gómez) y 2 años después del asesinato del morelense Rubén Jaramillo (quien había dejado las armas, se encontraba en la lucha social y fue acribillado por elementos del Ejército Mexicano junto con sus hijos y su esposa embarazada).

Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta en su informe sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en las administraciones de las secretarías de Estado, órganos descentralizados, empresas gubernamentales, gobiernos estatales y presidencias municipales, entre otros.

Entre el listado de problemas sociales, económicos y políticos, está el referente a deslindar responsabilidades a los funcionarios de los tres poderes, en la competencia federal. Y en las entidades del federalismo, también es competente el juicio político, en los términos de los Artículos 108 al 114 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente quien, a pesar de las más contrarreformas que reformas para “resolver con más democracia los problemas de la democracia”, mantiene principios a los que la nación debe asirse para exigir su cumplimiento. No hay muchas señales de que la élite presidencial y de los gobernadores quiera dar cuenta y razón de sus actos, por lo que esos 300 juicios políticos, con nombre y apellido no se han tramitado.

Gran escándalo ha causado la investigación realizada por una parte de 370 periodistas, de un centenar de informativos que circulan en 76 países. En México, por cierto, están en esa importantísima acción, la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias. El semanario no pudo brindar la exclusiva en su reciente número (2057), ya que se acordó darlo a conocer el domingo 3 de abril, pero todos podemos encontrarlo en el sitio proceso.com.mx.

A algunos medios de comunicación “les duele” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,

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