


Gracias a que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba acordaron dejar atrás décadas de Guerra Fría y comercial, marcadas por dos estilos totalmente opuestos de administrar sus economías y modelos políticos, muchos cubanos podrían conocer los servicios de internet y televisión de súper alta velocidad que millones de estadunidenses ansían desde 2011.

Son 33 ensayos que aparecen en el libro coordinado por Eliezer Morales Aragón y Juan José Dávalos López: Reforma para el saqueo, foro petróleo y Nación, con dedicatoria: “Al pueblo de México”; donde con severas críticas exploran las contrarreformas aprobadas por el Congreso de la Unión, como ajustes estructurales en el contexto de la globalización del capitalismo; aun en contra de la oposición legislativa y las manifestaciones de la opinión pública nacional. Ninguna fue sometida a consulta popular conforme a lo dispuesto en el Artículo 35, fracción VIII, de nuestra Ley Fundamental, como derecho de los ciudadanos. Son cinco capítulos-tema con la más completa panorámica de que el peñismo y los partidos del “Pacto”, más que en el estira y afloja de la democracia, se confabularon para establecer cambios constitucionales “contrarios a los principios que ella [la Constitución] sanciona”, y un gobierno contrario a la Constitución, equivalente a una rebelión que ha interrumpido su observancia. “En la forma polémica de los ensayos que aquí se presentan debemos dejar en claro que estamos convencidos de que se trata de un cuestionamiento que conlleva una gran cantidad de propuestas para liberar el gran potencial de desarrollo económico, político y social que posee nuestra nación y que merece alcanzar”.

En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.

Es clásica la burla en redes sociales a quienes llevan a esas plataformas críticas a los gobiernos, reclamos ante injusticias y organización de protestas. Es algo inútil, dicen quienes las descalifican.

Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.

La crisis económica que enfrenta México y los multimillonarios recortes al gasto público derivados de la caída de los precios del petróleo fueron insuficientes para evitar que seis instituciones del gobierno federal entregaran 1 mil 66 millones 265 mil 361 pesos, en 2015, a 570 sociedades y asociaciones civiles.

A algunos medios de comunicación “les duele” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,

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