


Para hacer frente a la mala calidad del aire no es suficiente que se conmine a los ciudadanos a dejar sus autos al reforzar el programa “Hoy no circula”. Tampoco es suficiente que las autoridades delegacionales suspendan todo tipo de obras en vía pública que generen polvo o emisión de partículas contaminantes. Hace falta llegar al fondo del problema pero poco se está haciendo. Las gasolinas y las fábricas sin regulaciones ambientales adecuadas son el principio. Presidencia de la República difundió que el jefe del Ejecutivo se reunió con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, con el coordinador General de Política y Gobierno, Andrés Massieu Fernández y con el subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lacy Tamayo. Todos ellos tienen la encomienda de establecer normas emergentes para mejorar la calidad del aire.

Empiezan a barajarse nombres para disputarse la Presidencia de la República en 2018, a pesar de la descomposición del antiguo presidencialismo y el descrédito de los partidos, más la creciente ola de candidatos independientes, en las agitadas aguas de la crisis económica del neoliberalismo que arrastra al capitalismo mismo, como el rostro auténtico tras la máscara de aquel. Y la acumulación de problemas: pobreza masiva (55 millones que son la mitad de la población); desempleo (con 44 millones de mexicanos en la informalidad); la corrupción de la élite en los tres poderes federales y en las 32 de las entidades; la impunidad, por las complicidades entre los gobernantes, la sangrienta inseguridad con los sicarios del narcotráfico, los feminicidios, los secuestros, las desapariciones forzadas y los abusos sexuales con la misma pederastia, para sólo mencionar a los primeros cinco asuntos del catálogo nacional, son más que suficientes para fundamentar los hechos y síntomas del descontento popular contra el mal gobierno de presidentes municipales, desgobernadores y el mismo presidente en turno, desde cuando menos Díaz Ordaz, o tal vez desde Miguel Alemán (1946-1952) hasta Enrique Peña Nieto, en lo que lleva de su período (2012-2016).

Desde antes del famoso caso del Iphone que el FBI no puede desbloquear, ya existía un antecedente de la presión contra una empresa para que se haga harakiri tecnológico y deje de ofrecer privacidad a sus usuarios. Se trata Telegram.

El presupuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinará a la seguridad nacional en 2016 rebasa los 89 mil millones de pesos. Nada mal para las dependencias encargadas de “proteger” a la nación en un país económica y socialmente quebrado. Se trata de una cantidad que, por ejemplo, casi triplica el monto asignado a la institución de educación superior más grande de la república. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –con sus 343 mil alumnos, 39 mil académicos y 27 mil trabajadores– recibirá apenas 35 mil millones de recursos federales a lo largo del año.

Poco se sabe de los juicios que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta en tribunales internacionales, pues la petrolera ha tenido éxito en guardar esos datos. El tema no sólo implica el conflicto, sino también los gastos que conllevan los procesos y las indemnizaciones económicas cuando éstos se pierden.

Lo que parecía imposible ocurrió. Gobiernos priístas y panistas, en colusión con funcionarios y empresarios corruptos, saquearon y quebraron la industria petrolera nacional durante 40 años. Siete presidentes de la República son responsables de ello, por permitirlo.

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