


Una vez logrado el propósito de alcanzar las reformas energética y política, para lo cual fue instrumentado El Pacto entre los tres principales partidos políticos del país (Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática), el gobierno federal podría revivir algunos de los gruesos expedientes que acumula como averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República (PGR) y que involucran a funcionarios, políticos, legisladores, empresarios y líderes sindicales en operaciones ilícitas que van desde el lavado de dinero y vínculos con bandas del narcotráfico, delitos de peculado y tráfico de influencias, abusos de poder y faltas administrativas que, por lo menos, ameritan inhabilitaciones por muchos años para no volver a trabajar en el sector público.

Noticias de un día cualquiera: el partido del gobierno en España rechaza el impuesto a transacciones financieras; impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos.

Un desempleado gana su demanda contra el Servicio Público de Empleo Estatal para reclamar el cobro de su prestación en efectivo en lugar de “por ingreso” en una cuenta de banco. En un principio, el Tribunal desestima la petición, pero el demandante recurre con el argumento de que no quiere tener relación alguna con los bancos por coherencia con su ideología anticapitalista

A criminalización de la protesta social con que los panistas intentaron silenciar las críticas al gobierno fascista y represor de Felipe Calderón, ahora se busca sumar un atentado a las garantías individuales de millones de mexicanos para ejercer su libertad de expresión y su derecho a reunirse y manifestarse públicamente, resguardadas en los Artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tuteladas en el contenido preciso de diversos tratados internacionales, reconocidos y firmados por el Estado mexicano.

A partir de ahora, protestar en España puede salir muy caro. En algunos supuestos, más caro que robar un coche, que doblar el límite de velocidad permitida en carretera o que agredir de forma leve a una persona. El gobierno español prepara una ley de seguridad ciudadana que contempla multas de entre 1 mil euros por insultar o fotografiar policías, hasta 30 mil euros por perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales, o manifestarse en infraestructuras estratégicas, como aeropuertos o centrales eléctricas. Esta nueva ley ha despertado un fuerte rechazo entre partidos políticos y organizaciones sociales que consideran un intento de silenciar el descontento y de cercenar el libre derecho a la protesta contra un gobierno que ha aprobado numerosos recortes en el gasto social, pero también en derechos fundamentales relativos al acceso a la sanidad, a la educación o a la vivienda.

Brasil está siendo distinguido dentro del enfoque estratégico que contiene la Doctrina Obama como gran factor de poder en la región, pero dentro de un rol pretendidamente subordinado a Estados Unidos

A algunos medios de comunicación “les duele” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,

El lunes 28 de marzo a las 12:33 del medio día se vivió un corte de electricidad masivo en todo el territorio español, un evento

En México hay un avance histórico en los derechos de las personas trabajadoras, afirmó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. Ello, dijo, por la política

Con la nueva legislación, Petróleos Mexicanos (Pemex) “va a regresar a una operación eficiente, que no tenga tantos consejos de administración por todos lados, sino
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Desde su perspectiva, el Informe MacBride (Many Voices, One World: Towards a New More Just and More Efficient World Information and Communication Order, 1980) conserva