Opinión

La brutal represión ejercida por la militarizada Policía Federal en contra de los maestros de Guerrero, el 5 de abril pasado, no es más que otra expresión extrema de la proclividad de un Poder Ejecutivo que se siente iluminado, elegido para llevar a cabo misiones elevadas que considera unilateralmente como sus “razones de Estado” y utilizar los aparatos represivos para tratar de alcanzar sus fines; que por encima de la responsabilidad constitucional del político democrático, del estado de derecho, está dispuesto a emplear insensiblemente la fuerza del poder por encima de las necesidades y el bienestar de la población; que está inclinado a sofocar por medio de la violencia a los que no aceptan sumisamente alinearse a sus dictados y el orden que pretende remodelar, según su exclusiva perspectiva principesca; que antes de servirse de la razón, de analizar y valorar las heterogéneas posturas de la sociedad, de negociar, de alcanzar consensos, prefiere descalificar, intimidar, aislar, reprimir, encarcelar y derrotar, en el momento que considere oportuno, a los descontentos de sus medidas, sin darles la oportunidad a los afectados de defender sus intereses; éstos, impotentes, al carecer de los mecanismos jurídicos e institucionales que les permitan hacerse escuchar y resolver los conflictos pacíficamente, se ven obligados a recurrir legítimamente a cualquier método.