Como en el caso de la legalización que obtuvieron las arbitrarias subcontrataciones (outsourcing) al aprobarse la reforma laboral, de igual manera se busca que mediante la luz verde a la reforma energética en el Congreso de la Unión las empresas extranjeras reglamenten sus operaciones que ya realizan desde hace años al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), a pesar de estar prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la tendencia de regresiones sociales, históricas y hasta patrióticas que está caracterizando a la nueva administración, se busca concretar lo que en los hechos ya ha venido operando en la ilegalidad con el contubernio de los gobiernos en turno, como es el desplazamiento de las empresas públicas en el sector energético.
No sólo en Pemex, sino también en la industria eléctrica, las trasnacionales se han burlado de nuestra Carta Magna al realizar labores de generación y hasta venta y comercialización de energía, reservadas para ser desempeñadas por las entidades públicas creadas para tal fin.
Ante tal atropello a la Constitución y al estado de derecho, queda al descubierto que tanto el Poder Legislativo como el Judicial han perdido su esencia republicana de ser factores de control, equilibrio y hasta contención ante los embates e imposiciones del Ejecutivo.
En el caso de los diputados y senadores se ha marginado de la discusión y el análisis de los grandes temas nacionales –como en la reforma laboral– a la población en su conjunto, de tal suerte que millones de trabajadores, a quienes los cambios en las leyes en materia afectan de manera directa, jamás tuvieron la oportunidad de hacerse escuchar o al menos tener el derecho a ser informados sobre el contenido de la aberrante regresión jurídica, lesiva a sus intereses laborales. Los efectos negativos de la antisocial medida comienzan a aparecer en todo el país: la Universidad Nacional Autónoma de México habla ya de 3.5 millones de empleos formales que se han perdido en los últimos 3 meses, al pasar al campo de la temporalidad y sin el amparo de la seguridad social.
Respecto del Poder Judicial, los ministros, magistrados y jueces de consigna han actuando con base en los lineamientos dictados por el presidente en turno para dictar sus fallos en sintonía al interés de los empresarios nacionales y extranjeros en aras de, supuestamente, salvaguardar inversiones y evitar la fuga de capitales.
La tónica de descalificar, a través de una envilecida guerra mediática, el descontento y los movimientos de diversos grupos sociales (como está sucediendo con las marchas y demandas de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que tampoco se les tomó parecer ni opinión alguna sobre la reforma educativa) demuestra que el gobierno federal, como sucedió en el pasado sexenio, se niega a guiar la instrumentación de sus políticas públicas a través del diálogo y la concertación.
Y es esta tendencia autoritaria e impositiva la que se busca aplicar en el caso de la aprobación de la reforma energética, vía mayoriteo, en el Congreso de la Unión, al plantear de manera abierta y cínica la apertura total al capital privado en todas y cada una de las áreas de Petróleos Mexicanos y del sector eléctrico. En el caso de Pemex, han aducido problemas financieros en la paraestatal y la falta de tecnología en áreas como la explotación y la exploración; en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ponderan la necesidad de mayores inversiones para atender requerimientos de energía a futuro que conlleven a disminuir las tarifas.
En ambos casos, los argumentos son comprobadas falacias, pues bastaría con operar un cambio en el régimen fiscal de Pemex para que sus millonarios ingresos dejaran de subsidiar la evasión fiscal de los grandes empresarios y compañías trasnacionales, para permitirle invertir sus ganancias en desarrollo de tecnologías y proyectos de exploración sin necesidad de hipotecar nuestro petróleo ante el avasallamiento del capital privado, tanto nacional como extranjero.
Respecto de la CFE y la ilegalmente extinta Luz y Fuerza del Centro, su desplazamiento ha sido más que documentado, pues la intención fue y parece seguir siendo entregar no sólo la generación, sino las áreas de transmisión y comercialización a firmas extranjeras que ya generan más del 50 por ciento de la energía eléctrica en el país. Como se demostró, el cierre de la entidad no produjo una disminución en las tarifas y muchos menos el otorgamiento de un mejor servicio, pero sí, en cambio, permitió sin problema alguno entregar el negocio de la fibra óptica a particulares y ocultar la compra a altos precios que la CFE viene haciendo desde hace varios años de la energía generada por las trasnacionales, en detrimento de millones de usuarios que, lejos de ver disminuir el costo de sus recibos, pagan los platos rotos para que el gobierno cumpla con los contratos pactados con las firmas extranjeras.
En la campaña política del actual partido en el poder, la población recibió el ofrecimiento de que habría una disminución en el precio de los combustibles como la gasolina, el gas doméstico y las tarifas eléctricas, pero hasta el momento millones de mexicanos se siguen preguntando dónde quedaron tales promesas que debieran ayudar a aligerar la pesada carga de su economía familiar.
Abrir de par en par las puertas del sector energético del país al capital privado de ninguna forma constituirá una garantía para que bajen los precios de los combustibles, pues el gobierno tendrá que sujetarse a las exigencias de sus nuevos socios, que como buenos empresarios carecen del menor rasgo de sentido social en sus negocios. Para ellos, la ganancia lo es todo, y entre mayor sea ésta, mucho mejor.
Si las mayorías alcahuetas y cómplices en el Congreso se niegan a debatir ante el país su tendenciosa y privatizadora reforma energética, al menos deben tener la cínica “honradez” de hablar con claridad al pueblo y decirle que la verdadera intención es arrebatarle a México sus riquezas naturales a favor de unos cuantos. ¿Para qué andarse con tantos rodeos? ¿No cree usted?
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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Fuente: Contralínea 331 / abril 2013
