


Hay optimismo en los gobernantes de la federación. Sus estrategias para demostrar que pueden hacer cambios importantes han sido tomadas muy en serio por los organismos y los medios internacionales. Tanto, que al coro de los periódicos que elogian a Enrique Peña Nieto se sumó The Washington Post, el diario más influyente en lo político del imperio, pues en lo económico, obviamente, está The Wall Street Journal, que también habla positivamente de las posibles reformas mexicanas, especialmente en el codiciado petróleo.

Los tres últimos pontífices han sido figuras emblemáticas de la ultraderecha católica.

Es incuestionable que la violencia en el país continúa igual o peor que en el sexenio pasado, aunque la información sobre el flagelo no fluya con la misma rapidez que cuando el responsable directo del fenómeno, Felipe Calderón Hinojosa, estaba en Los Pinos y no ponía limitaciones a la misma; y no por respeto a la libertad de prensa, sino por su desdén a los medios de comunicación, con la notoria excepción de los electrónicos. Podría decirse que el único cambio ocurrido en este nuevo gobierno respecto del tema de la violencia es la restricción de información oficial, porque por lo demás continúa, como si no hubiera habido un cambio de funcionarios responsables de tomar decisiones.

Después de estar dormidos por casi 12 años, lapso en el que el Partido Acción Nacional asumió el poder presidencial, los órganos de inteligencia del Estado parecen haber despertado y se han puesto a trabajar para contener uno de los problemas que más preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: el robo de combustibles petrolíferos, clasificado como un asunto de seguridad nacional.

Entre la demagogia que rezume a borbotones el proyecto (contra) reformador de Enrique Peña Nieto se escapan las verdades lacerantes que sus promotores y sus publicistas no logran dulcificar con los placebos de su retórica fatua, con el objeto de que la población las trague plácidamente. En su “conjura contra la nación”, siempre tratan de “engañarla con los mismos eufemismos y argumentos insostenibles”, como diría Manuel Bartlett.

Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A algunos medios de comunicación “les duele” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,

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