


Una vez concluido el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció la semana pasada ante la Procuraduría General de la República lo que ya sabían todos los mexicanos: la corrupción millonaria del gobierno panista en la construcción de la torre Estela de Luz. Comisiones, cobros excesivos e irregularidades administrativas por unos 400 millones de pesos son los ilícitos operados por funcionarios corruptos y abusivos.

Varios billones de euros después para la banca, la crisis de la deuda o del euro no mengua en Europa ni por asomo. Aunque más justo es denominarla estafa. O timo.

Puede ser que, después de todo, sea un hombre bueno. Un católico piadoso, honesto. Un político sinceramente preocupado por construir una sociedad de bienestar y equidad aunque en su retórica, que trata vanamente de descalderonizarse y desneoliberalizarse, a menudo se olvida del segundo aspecto. Que existan crédulos que aún confíen en sus promesas pese a la manera legalmente sucia a la que llegó a la Presidencia de la República, en la capacidad del sistema (instituciones y actores que interactúan y ejercen el poder con determinados fines) y el régimen político (partidos, elecciones libres y justas, órganos y normas jurídicas, etcétera, que regulan la lucha y el ejercicio del poder, las relaciones entre los gobernantes y los gobernados) para atender los problemas nacionales y los conflictos pacífica y democráticamente pese a que, contra lo que dicen las elites, funcionen autoritaria y antisocialmente como en el pasado priísta-panista…

Con fecha del 10 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. La promulgación de esta ley representó un parteaguas en el devenir histórico de la administración del personal al servicio del Estado en nuestro país. Representó también la concreción de diversos esfuerzos tanto de orden académico, desarrollados por estudiantes, docentes e investigadores, como institucionales, ejecutados desde el propio aparato burocrático, orientados a profesionalizar al sector público.

Acudir o visitar el supermercado para comprar víveres resulta, para un consumidor, una pérdida económica muy sutil y oculta, de la que desgraciadamente él no se percata, y si lo hace, no se atreve a reclamar por vergüenza o falta de interés para exigir la devolución de unos centavos, en algunos casos hasta la presunción peyorativa de menospreciar estas moneditas.

Legalmente se entiende como criminalización el uso de la fuerza judicial o de herramientas jurídicas para la represión de acciones no criminales. La protesta, la denuncia y la resistencia son tipos de acciones que se suelen criminalizar. Desde el discurso oficial, los casos de criminalización no son más que casos fortuitos, errores personales o, en el mejor de los casos, deficiencias en el funcionamiento de alguna oficina o institución que deben ser enmendados con reformas a los reglamentos.

A algunos medios de comunicación “les duele” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,

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Con la nueva legislación, Petróleos Mexicanos (Pemex) “va a regresar a una operación eficiente, que no tenga tantos consejos de administración por todos lados, sino
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