


La anunciada intención de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos energéticos en los últimos sexenios.

Protagónico hasta el final de su mandato, Felipe Calderón agregó a su sexto Informe de Gobierno enviado al Congreso de la Unión, dos iniciativas para “urgente” resolución. Una de ellas, la Reforma Laboral, que ya fue desechada en la legislatura recién concluida, pero ahora aderezada con la intención de auditar a los sindicatos. Puede decirse que el presidente intenta colgarle el cascabel al gato, es decir, agarrar en curva a los nuevos diputados, y mediante artificiales cortinas de humo ocultar problemas de mayor calado para el país y su economía, como fue la silenciosa apertura del sector energético a particulares, sobre todo a firmas extranjeras que, en el caso del sector eléctrico, han terminado por controlar poco más de la mitad de la generación de electricidad en el país.

Felipe Calderón Hinojosa abandonó el poder y dejó como herencia un país ensangrentado, con una deuda interna superior a los 5 billones de pesos, un desempleo galopante y un aniquilado nivel de vida para millones de nuevos pobres que ahora serán presa fácil, en su calidad de asalariados, de la voracidad empresarial gracias a los cambios operados en su contra por su reforma laboral; calamidades de la hecatombe del sexenio a la que ahora se suma, como dramático epílogo, la fuga de 111 mil millones de dólares.

Las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública –próxima a desaparecer para convertirse en un órgano desconcentrado que, prometen, combatirá la corrupción gubernamental (por lo cual en el gabinete de Enrique Peña Nieto no se designó titular y se dejó sólo como encargado del despacho a Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas)– guardan un expediente relacionado con aquel proyecto para dotar de cédula de identidad a los mexicanos menores de edad (entre los 4 y 17 años), cuyo costo de operación rebasó los 3 mil millones de pesos, en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón.

El reportaje del diario The New York Times –firmado por Ginger Thompson, Randall C Archibold y Eric Schmitt sobre la presión estadunidense para impedir la designación del general de División Moisés Augusto García Ochoa como secretario de la Defensa Nacional– reveló los niveles de desconfianza, temores y presiones que persisten en la relación México-Estados Unidos, y al mismo tiempo la prolongada sospecha de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) sobre la corrupción en la cúpula militar mexicana.

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