


Antes de dar su fallo sobre la elección presidencial de julio pasado, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron objeto de espionaje. El caso involucraría a servidores públicos del propio Tribunal en colusión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione.

La violencia que estados de la República Mexicana hoy sufren revela la existencia de condiciones de ingobernabilidad, la cual ha tenido como una de sus causas el clima político en el que se ha expuesto al país. La correlación entre la violencia y la incertidumbre política no es determinista, pero la necesaria resolución del proceso electoral es hoy una prioridad para el conjunto de la sociedad. México requiere de un marco de certidumbre que permita un proceso de transición institucional que garantice una suerte de normalidad política.

No cabe duda que derrotas catastróficas, como la sufrida por los panistas durante las recientes elecciones presidenciales, suelen afectar la mollera, y los intentos por tratar de justificarlas, más que de explicarlas razonablemente, develan un entendimiento perturbado. Y los frustrados y patéticos esfuerzos por construir una coartada tragable, se tornan esquizofrénicos cuando la sobrecogedora sombra del principal responsable del desastre se proyecta amenazadoramente sobre de ellos y los obliga a incurrir en verdaderos desatinos.

Con motivo de la petición sustentada en un catálogo jurídico-político-democrático y republicano de cuestionamientos al reciente proceso electoral, centrado en la elección presidencial, se han manifestado quienes suponen que ese proceso es ya un expediente cerrado, cuando falta aún su dictamen-resolución de validez. La segunda fuerza electoral (Partido de la Revolución Democrática-Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano) y en menor medida, la tercera de ellas (el Partido Acción Nacional), con fundamentados argumentos y pruebas de que la asistencia a las urnas estuvo viciada de ilegalidad (antes, durante y después del día de las votaciones), han solicitado invalidar y, por tanto, anular ese resultado para convocar a nuevas elecciones presidenciales.

Salinas de Gortari creó el Instituto Federal Electoral en 1990 y, en 1993, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego del patético fraude de 1988 para intentar limpiar la cara al sistema electoral mexicano y modernizar la operación del fraude electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional (PRIAN) y en contra de los intereses de nuestro pueblo, y para consumar el bipartidismo que impulsa Washington para México. La dictadura de las grandes corporaciones a través de solamente un partido ya no funcionaba, el PRI-gobierno estaba agotado, así que se ejecutó el modelo clásico de la “democracia estadunidense” con dos partidos alternándose en el poder, para servir a un solo amo: el gran capital.

En estos momentos, está en definición una terna de generales de división de los que el próximo presidente de la República podrá escoger como el general secretario de la Defensa Nacional. De esa decisión depende el rumbo que tome esta Secretaría y la recuperación de su institucionalidad militar, afectada ahora por los casos de violación a los derechos humanos, la detención de generales y las evidencias de fracaso en la política gubernamental de militarizar la lucha contra las drogas.

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