Resulta sorprendente repasar los procesos electorales del siglo XXI en Coahuila y no encontrar en éstos un cierto grado de irracionalidad.

El 25 de septiembre de 2005, se realizó la jornada electoral para renovar los cargos de gobernador del estado, diputados del Congreso local e integrantes de los ayuntamientos, de la que resultó electo Humberto Moreira Valdés como gobernador.

En 2006, se llevó a cabo la elección federal para la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión, diputados y senadores.

El 19 de octubre de 2008, se efectuaron elecciones de diputados para el Congreso local. En julio de 2009, tocó el turno a la elección de diputados federales.

El 18 de octubre de 2009, se realizó la elección ordinaria de los 38 ayuntamientos y el 4 de julio de 2010, la elección extraordinaria en los municipios de Juárez y Lamadrid.

El 4 de julio de 2011, fue la elección constitucional para gobernador del estado y diputados del Congreso local. Este año, ya inició el proceso electoral federal para la Presidencia de la República, diputados federales y senadores, que culminará el 2 de julio, y en 2013 se renovarán los 38 ayuntamientos.

Son nueve elecciones en ocho años, si contamos con que en 2013, tendremos una nueva camada de alcaldes. Alguien podrá argumentar que la del 2013 no cuenta porque nada está escrito para el futuro, no obstante, salvo que Coahuila desaparezca como entidad federativa, habrá elección de ayuntamientos.

Tres elecciones federales y cinco locales en ese breve lapso. ¿Habrá presupuesto que aguante? La respuesta es no. Lo grave es que es imposible establecer una relación, deuda pública estatal y elecciones –aunque ese enlace se ha manejado mucho como hipótesis– no es posible hacerlo no porque no se cuente con instituciones que tienen las facultades legales para auditar las cuentas públicas, sino porque esos organismos, al menos los estatales, son comandados por el Poder Ejecutivo del que está al frente Rubén Moreira quien por supuesto permitirá trasparentar la enorme deuda que se contrajo en la administración de su hermano Humberto.

Pero volviendo a la situación de la notable frecuencia de las elecciones que mantienen a Coahuila siempre en campaña, esta situación provoca varios impactos, uno de los más evidentes es la fatiga ciudadana que induce a una baja participación en los comicios: en la elección de gobernador de 2005, el abstencionismo alcanzó un 47.4 por ciento; en la elección federal para la Presidencia de la República, en 2006, el abstencionismo se elevó a 45.7 por ciento; el 19 de octubre de 2008, hubo elección de diputados locales y el abstencionismo fue de 60.3 por ciento; la de 2009, de diputados federales llegó a 55.6; y tres meses después, el 18 de octubre de ese año, se realizó la elección de ayuntamientos en éstas, el 61 por ciento de los ciudadanos se abstuvieron de participar.

En la elección de 2011, para gobernador y diputados locales el abstencionismo disminuyó a un 38.55 por ciento, lo que fue calificado como un triunfo histórico. Ahora Coahuila está de nuevo en el brete del proceso de precampañas federales, seleccionando a los que postularán para diputados y senadores.

Por supuesto que los costos económicos no son menores, aunque tampoco hay forma de estimarlos con precisión porque el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC) no incluye en su página web los costos de las campañas ni presenta informes; no obstante, la prensa local tiene algunas informaciones, por ejemplo, para la elección de gobernador, alcaldes y diputados locales de 2005, se contó con un presupuesto de 120 millones de pesos, la elección de 2008, de diputados habría tenido un costo de 87 millones de pesos (El Siglo de Torreón) y en la elección de 2011, también de gobernador y diputados locales el presupuesto del IEPC fue de 247 mil 563 mil 207.07 millones de pesos, sobresale la enorme diferencia entre el gasto de 2005, y el de 2011.

Aunque las cifras no tienen mucha certeza porque se trata del presupuesto global del IEPC.

 

La saturación del calendario electoral tiene su origen en una de las numerosas reformas electorales que se realizaron en la década pasada, la de 2001 que consistió en aumentar el periodo de gobierno de los ayuntamientos de tres a cuatro años, como se indicó éstas se celebraron en octubre de 2009, y se empataron con la elección de diputados federales.

 

Históricamente, Coahuila ha sido un estado abstencionista, está entre los tres primeros lugares de abstención electoral del país, de manera que favorecer e impulsar la participación en los comicios es ahora un desafío.

 

Mientras que la tendencia nacional prevaleciente es la concurrencia de elecciones estatales y federales, en Coahuila, electoralmente se vive en un cierto caos que requerirá de una nueva reforma a fin de estimular la participación y disminuir el enorme financiamiento que implican las elecciones anuales.

 

A todo lo anterior habría que agregar que el manejo clientelar que el gobierno estatal realiza mediante las políticas sociales, agrega un elemento de anarquía y despilfarro de recursos públicos, lo que sumando a la férrea resistencia de rendir cuentas y trasparentar el ejercicio del presupuesto público, está induciendo a una falta de gobernabilidad, que de aumentar puede resultar peligrosa.