Ha llegado el momento en que, desapareciendo los poderes constitucionales de los estados de Puebla y Sonora, donde los panistas Rafael Moreno Valle y Guillermo Padrés Elías desgobiernan respectivamente –para continuar exhibiendo la corrupción y abuso del poder de la derecha–, el Senado puede y debe declarar que “es el caso de nombrarles un gobernador provisional [o sustituto]”, como lo propone el Artículo 76, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y, por medio de su Cámara de Diputados como órgano colegiado acusatorio, y la de Senadores erigida como jurado de sentencia, el Congreso general imponga sanciones a sus abusos del poder, enriquecimiento inexplicable y violación de derechos humanos de poblanos y sonorenses.

Pues intencionalmente han cometido actos en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, homicidios en calidad de genocidio y robo del agua. En suma: Moreno Valle permitió privar de la vida a un niño. Padrés es cómplice del genocida Germán Larrea; se construyó una presa particular para regar su latifundio y darle agua a los viñedos de sus socios –como a su candidato a la gubernatura, el millonario Javier Gándara Magaña, monopolizador de pozos de agua–; y contra amparos a favor de la Tribu Yaqui, lleva 3 años robándose el agua del Río Yaqui y la presa El Novillo.

De entre los actuales desgobernadores favorecidos por los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, estos dos son lo peor de esa casta autoritaria. Moreno Valle es imitador de la imagen de Enrique Peña y alumno de la hoy en desgracia Elba Esther Gordillo y es el asesino directo del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, quien salía de la escuela cuando los policías de Moreno Valle, obedeciendo órdenes, dispararon contra una manifestación pacífica, cometiendo el homicidio. Esto fue ocultado por el desgobernador poblano, en complicidad con sus subordinados: diputados y el Poder Judicial estatal, para otorgarle absoluta impunidad; pero ésta ha sido echada abajo por la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que le ha dictado varias recomendaciones. Atrapado, el desgobernador las aceptó ante la advertencia de que se iría hasta las últimas consecuencias para desaforarlo y llevarlo a juicio político, penal y civil.

Una y otra vez, Padrés Elías ha sido denunciado y demandado ante tribunales federales por el robo del agua a los indígenas yaquis, al Valle del Yaqui y al municipio de Cajeme más otros conurbados. Su respuesta ha sido encarcelar a varios dirigentes yaquis de los ocho pueblos. Y las competencias federales, tanto de la administración pública como del Poder Judicial, han mostrado total indiferencia para solucionar los problemas sonorenses, entre los cuales están: el genocidio cometido por exdesgobernador Robinson Bours al incendiar la Guardería ABC; la complicidad del desgobernador Padrés Elías en el envenenamiento de dos ríos por contaminantes que Germán Larrea dejó escapar intencionalmente de su mina Buenavista de Cobre, en Cananea, donde trata a sus trabajadores como esclavos; más el robo del agua a la Tribu Yaqui y el acaparamiento de ese líquido en una presa privada.

Debido a la negligencia del gobierno federal han aumentado las tensiones en la entidad, violando los derechos humanos de los sonorenses. Y han empezado a intervenir hasta que en uno de sus arranques de locura Padrés retó a Peña y a las instituciones del Estado federal. Y en lugar de iniciar la desaparición de los Poderes de la Unión en Sonora, como en Puebla, para nombrar en las dos entidades gobernadores interinos y/o sustitutos, se han dedicado a intercambiar amenazas de retrasados mentales con la estupidez de: “Contigo, Padrés –dice Peña–, no hablamos hasta que te portes bien”.

El desgobernador poblano Moreno Valle mandó asesinar, así sea imprudencialmente –aunque el acto presenta características de homicidio doloso–, a un niño que no participaba en la manifestación de protesta que realizaban sus padres, junto con los pobladores de la comunidad de Chalchihuapan, Puebla. Y aunque Moreno Valle aceptó la recomendación de la CNDH, debe ser destituido por el Senado. Permitir que permanezcan en sus cargos demuestra la complicidad de Peña para salvar las apariencias. Los dos desgobernadores son salidos del panismo que ha demostrado su corrupción política y económica, tanto con el calderonismo como con esa caricatura de Gustavito Maderito, cobijados a la sombra del peñismo. Pero son merecedores de juicio político, y como mínima sanción deben ser privados de su libertad enviándolos a prisión. Y junto a ellos, deben detener y procesar también a Germán Larrea y al genocida de niños, el exdesgobernador Robinson Bours.

Si el Senado y el presidente de la República, como el Congreso general en las obligaciones constitucionales que le corresponden, dejan pasar a Moreno Valle y a Padrés Elías y los ingresan a la lista de la impunidad, entonces la nación tiene la palabra ante el mal gobierno federal que contradice los principios fundamentales de la Constitución, y ejerciendo su soberanía como en una democracia directa y republicana deberán tomar los poderes que dimanan del pueblo, y al no instituirse en su beneficio, destituir a Moreno Valle y a Padrés Elías.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

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 Contralínea 406 / del 05 al 11 de Octubre 2014

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