En otra desafortunada declaración, el señor Calderón, en su aparente desinformación, decretó que sólo los delincuentes agreden, amenazan y cometen homicidios contra los periodistas. En lo que va de su fallido gobierno y peor administración, los trabajadores de los medios de comunicación hemos hecho, ante el Ministerio Público federal, no menos de 400 denuncias contra abusos de los desgobernadores, que a través de sus guardaespaldas, como los que cuidan del inquilino de Los Pinos, agreden a reporteros y les roban sus útiles de trabajo (grabadoras, cámaras fotográficas, libretas de apuntes, etcétera)… y no ha prosperado una sola.
Delincuentes y servidores públicos a los que les molesta sobremanera que los periodistas informen sobre los actos y omisiones que llevan a cabo de cara a la opinión pública, intimidan utilizando computadoras y teléfonos, para enviar mensajes que han pasado de las simples amenazas a las cumplidas; secuestran y asesinan periodistas (algunos han pedido asilo o por su parte abandonan el país con sus familias), cometiendo delitos penales y civiles para censurar la información, e imponen inquisiciones administrativas y judiciales para que la crítica, sustentada sobre la veracidad informativa, no ejerza su derecho constitucional de publicar escritos sobre cualquier materia.
En la reunión de “cuates”, de cinco desgobernadores con la jefa de la mafia sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, caricaturizada por los dibujos del periodista Hernández en el papel de “Malicia”, en la portada de El Chamuco, 8 de marzo de 2010, uno de los guaruras de Humberto Moreira agredió a los reporteros que cubrían un acto en la Escuela Normal. Desenfundó y los encañonó por “órdenes superiores”. El guardaespaldas fue supuestamente cesado, pero ha regresado a semejantes funciones de amenazante matón, en el círculo policiaco del desgobernador. La táctica de los funcionarios es aparentar dar de baja a sus guaruras, “comisionándolos” de nueva cuenta. Se trata de otorgarles impunidad, que al fin y al cabo nadie verifica después de los hechos, y los mismos guardaespaldas vuelven a agredir y amartillan sus armas.
No es cierto que sólo los delincuentes disparen y embistan a periodistas, particularmente a los reporteros. También los funcionarios de todo el país, los calderonistas a través de sus guardaespaldas y por medio de sus militares y policías, quienes, con su fallida estrategia antinarcotráfico y con todas las agravantes penales, están cometiendo homicidios contra ciudadanos que nada tienen que ver con ese problema. Hace poco, asesinaron a dos estudiantes, al introducirse (los marinos) al campus del Tecnológico de Monterrey, en la capital de Nuevo León. Quiere esto decir que lo mismo se mata a periodistas que a otros mexicanos, por lo cual no se excluye que funcionarios y delincuentes estén privando de la vida a diestra y siniestra, con toda impunidad.
Pareciera que ya está dado el golpe de Estado. De facto así es: el militarismo policiaco, sin suspensión de los derechos ni de sus garantías, como manda el artículo 29 constitucional, comete draconianas violaciones a los derechos humanos de los mexicanos. Enderezando sus armas junto con las delincuencias, contra los periodistas, para que al eliminarlos, la opinión pública se vea ayuna de información sobre esos sangrientos hechos.
La fotografía del guarura desenfundando su pistola, publicada por el periódico Reforma (10 de marzo de 2010) es una prueba de que ese servidor público, en funciones de guardaespaldas, se comporta como los delincuentes. Los mexicanos estamos a dos fuegos.
