La sangrienta inseguridad heredada del calderonismo continúa con el peñismo. Aunque ahora, 11 meses después del regreso priísta, se guarda silencio o, cuando mucho, se hacen las cuentas alegres disminuyendo artificialmente y a conveniencia la cifra real de homicidios, secuestros, feminicidios y demás actos de violencia criminal.
A cambio de 1 millón de pesos el minuto, a través de Televisa y Tv Azteca, más los sobornos a los periodistas en la prensa escrita y oral para cantar el “aquí no pasa nada”, los medios de comunicación que cuidan la imagen presidencial se lanzan furiosos contra las manifestaciones de la democracia directa de quienes protestan y critican a los funcionarios en ejercicio de sus derechos constitucionales individuales, como maestros, cañeros, agricultores y los sectores del pueblo sumidos en la pobreza, las enfermedades y el desempleo; igualmente los indígenas, como los yaquis ante el robo del agua del que son víctimas, consentido por Peña y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se niega a resolver los amparos vigentes. En ese amplio espectro de inseguridades económicas, sociales y políticas, los periodistas y, particularmente, los reporteros siguen siendo víctimas de policías disfrazados de “civiles”, y que en el colmo de la perversión, agreden a defensores de los derechos humanos, como pasó en el recordatorio del 2 de octubre que “no se olvida”.
Los policías encapuchados de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña golpearon a reporteros que cubrieron el acto. Fueron policías infiltrados como provocadores y que sirvieron de anzuelo para ejecutar la barbarie de echarles gases, ordenada por los jefes policiacos defeños y federales, y detener a periodistas no obstante que se identificaban. Con sus promesas ante notario, el peñismo no ha cumplido con su obligación de respetar los derechos humanos ni las garantías para hacerlos valer ante los tribunales.
En el seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia, motivado para conmemorar el centésimo aniversario de Belisario Domínguez, asesinado por el primer Victoriano Huerta –ya que hemos tenido más en cada presidente desde el golpe de Estado del 9 de febrero de 1913–, los participantes concluyeron que siguen los ataques a las libertades de información que son el centro de gravedad de las libertades de prensa consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El evento tuvo lugar para recordar cómo el gobierno, a través de sus testaferros, desde ese 1913 hasta este 2013, no paran de embestir para matar, encarcelar y agredir a los periodistas de todos los medios de comunicación.
Como la prensa, cuando informa, es contrapoder, al llevar por conducto de los reporteros los sucesos de la vida cotidiana a la opinión pública, los gobernantes a la Victoriano Huerta permiten que sus policías ejecuten las consignas de agredirlos, e incluso permiten que los delincuentes los asesinen, o los golpean y les roban sus instrumentos de trabajo. Y los amenazan con la mira puesta en amedrentarlos para que no cumplan con su deber de informar.
Ese seminario fue organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ¡el Senado de la República, para lavarse las manos al recordar al senador Belisario Domínguez! Ahí se precisó que siguen impunes los 85 homicidios de periodistas, las 20 despariciones, los 40 atentados con metralleta en mano a los edificios donde laboran los periodistas; y que ninguna autoridad ha hecho caso de las más de 40 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En lo que lleva el peñismo en el poder presidencial, desde su toma de posesión hasta su cabalgar sobre el Pacto por Peña para sacarle la vuelta al Congreso de la Unión, los periodistas han sido agredidos también en las entidades donde los desgobernadores llevan, en su haber autoritario, homicidios de reporteros que eran “incómodos”, pues informaban sobre sus abusos, sus raterías, su despotismo.
En la nota del reportero Emir Olivares Alonso (La Jornada, 9 de octubre de 2013), aparecen las reflexiones de Aleida Calleja, Iván Báez y Luis Raúl González Pérez, quienes intervinieron en representación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de Artículo 19 y de la UNAM, puntualizando que no hay voluntad jurídica para poner las condiciones de seguridad en beneficio de las libertades de prensa. Al contrario, desde los poderes defeño, federal y de los estados, y con la complicidad de los delincuentes, se impide a los reporteros ejercer su trabajo.
Y es que a gobernantes y criminales, que se comportan como cárteles, no les conviene que aparezca la información sobre sus conductas y sus actos. Por eso, desde ambas impunidades, salen las agresiones contra los periodistas. Se trata de vasos comunicantes para actuar contra los medios de comunicación, para impedir que “la información, con la conquista de las libertades” (Dominique Wolton, Informar no es comunicar, Gedisa editorial), se complete con una eficaz comunicación para que la opinión pública se entere a conciencia. De esta manera los gobernantes –y los delincuentes como sus nuevos aliados para censurar a la libertad de prensa en todos los medios– buscan neutralizar el binomio informar y comunicar, asesinando periodistas y agrediéndolos para que no cumplan con su trabajo.
Es la intolerancia antidemocrática de los funcionarios, sobre todo, lo que atenta contra la información-comunicación. De ahí, pues, la violencia gubernamental (y criminal) contra los reporteros y todo el gremio de periodistas.
*Periodista
