En un no muy riguroso análisis de la organización no gubernamental Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), domiciliada en Nueva York, se asienta que México, el alias de los Estados Unidos Mexicanos, ocupa el séptimo lugar con más impunidad respecto a homicidios contra periodistas. Esto a pesar de que desde hace 13 años y medio han asesinado a 79 de ellos. Y ya sea con investigaciones o sin ellas, ignoramos quiénes fueron los sicarios y, sobre todo, quiénes ordenaron privarlos de la vida, desde que el 30 de mayo de 1984 fuera asesinado el singular, incisivo y rigurosamente informado Manuel Buendía (Miguel Ángel Granados Chapa, Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México, editorial Grijalbo).

Desde el presidencialismo delamadridista, pasando por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el peñismo (1982-2014), la narcopolítica, es decir, las complicidades entre funcionarios, políticos y capos del narcotráfico, se asociaron también para eliminar periodistas a la sombra de las delincuencias organizadas (Carlos Moncada Ochoa, Oficio de muerte. Periodistas asesinados en el país de la impunidad, con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, Grijalbo-Proceso).

No solamente en el caso de los periodistas nuestro país se ha convertido en el paraíso de la impunidad; sobre todo si se trata de quitarle la vida a los mexicanos que critican a gobernantes, y más si informan de los nexos entre funcionarios y narcos o entre funcionarios y empresarios corruptos; por ejemplo –a todas luces responsable de imputaciones penales–, Amado Yáñez Osuna, quien ya lleva 80 días “arraigado” en su mansión de Acapulco por el desfalco de Oceanografía, filtrándose rumores de que hay panistas involucrados que pueden llegar hasta Calderón.

Se abarrotan las cárceles y se multiplican los arraigos, pero la violencia se expande por todo el país con todo y los desarmes del procónsul de Enrique Peña en Michoacán. Y renace la delincuencia en otros estados, como en Sonora (donde prevalece la rapiña del desgobernador Guillermo Padrés con el robo del agua de la tribu yaqui), en Tamaulipas, Estado de México y Veracruz (esta última entidad ostenta el primer lugar en impunidad, con más de 10 homicidios de periodistas, y donde priva la corrupción con Javier Duarte –peor que la bestial de Fidel Herrera–, quien paga inserciones en todos los medios de comunicación para hacerse el “protagónico eficaz”).

En ese caos social, económico, político, delincuencial que parece una “crisis perpetua” al estilo colombiano (Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera), los periodistas también están pagando facturas, ya que el CPJ, con datos en la mano, calificó a México en el séptimo lugar en el lapso 2004-2013.

Ésta es la lista de ese cuadro sangriento: Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria, Afganistán, México, Colombia, Pakistán, Rusia, Nigeria e India. La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos reportó 41 agresiones a comunicadores (ambas informaciones en La Jornada, 17 y 22 de abril de 2014). Y el reportero Ángel Villarino nos hizo saber que la organización Freedom House clasificó a México durante 2013 –ya con el peñismo– como el país donde la libertad de prensa es la de un “país no libre”, por cuanto que “México sigue presentando los mismos niveles de violencia, intimidación e impunidad, además de la concentración mediática” (Reforma, 2 de mayo de 2014).

La comunicadora-periodista Carmen Aristegui es víctima constante de ataques e intimidaciones por parte de quienes están en desacuerdo con su profesionalismo y manera de ejercer las libertades de prensa; y en su columna semanal analiza y comenta el informe de Freedom House: “Algunos periodistas y críticos en este país hemos sufrido, de un tiempo para acá, fabricaciones, montajes, falsificaciones, amenazas y orquestaciones que sólo pueden realizarse con la disposición de importantes recursos –públicos y/o privados– que les permiten sostenerse con gran libertad y periodos prolongados […]. El clima es peligroso, inhibidor, induce a la autocensura. Todo lo cual debería poner en alerta a la sociedad mexicana. La calidad informativa, el derecho a saber, el libre flujo de las ideas y de la información están en México seriamente amenazados” (Reforma, 2 de mayo de 2014).

Y habría que agregar que en gran parte de ese amenazante panorama está la mano invisible-visible del peñismo, ya que durante los 18 meses del relevo presidencial tras el final del Partido Acción Nacional, Peña Nieto ha ido de menos a más en la molestia contra la prensa crítica impresa y por radio y televisión (¡por Dios que no es Televisa!), pues ninguna de sus reformas-contrarreformas ha tenido aceptación. Los empresarios están contra la contrarreforma fiscal; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la educativa, y en seis entidades interpuso Peña controversias constitucionales ¡porque la CNTE impuso una legislación contraria a él!; Televisa, Slim-Telcel, Telefónica de Francisco Gil Díaz –primo de uno de los que pescaron en Oceanografía– están en contra de la de telecomunicaciones; la laboral es impugnada por los trabajadores independientes y viene la energética, que tiene a punto de incendiar al país. En ese contexto, los periodistas con sus análisis y críticas han creado una oposición que tiene nervioso al señor Peña, y es entonces que las agresiones, homicidios, intolerancias y censuras han aumentado, y las libertades de prensa “están, en México, seriamente amenazadas”.

*Periodista

Contralínea 387  / 25 de Mayo  al 01 de Junio