Finalmente, la petición de Calderón a los medios de comunicación ?para seguir manipulando la información en algunos de ellos y de una vez por todas implantar la previa censura? prendió como una peste de complicidades de Televisa-Azcárraga y TV-Azteca-Salinas Pliego con cientos que decidieron sumarse al acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Entrados en gastos neofascistas, los que suscribieron la inquisición empresarial contra las libertades constitucionales ?es decir, jurídica y políticamente establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? dieron un paso atrás en la defensa de esa conquista democrática y republicana para, servilmente, seguir aprovechándose de los intereses creados entre el duopolio televisivo, sus radiodifusoras, el Grupo Radio Centro (cuyos propietarios contribuyen con padresnuestros convocados por medio de sus frecuencias) y algunos medios impresos.

Sus 10 mandamientos (con instinto religioso del neofundamentalismo panista, sus vínculos con la agrupación tribal de El Yunque y la cada vez más desdibujada separación de las iglesias y el Estado) son una cruzada contra el ejercicio de las máximas libertades para informar, difundir, publicar y criticar sin ninguna censura previa. Calderón una y otra vez, machacona y públicamente lo exigió, para el desbocado cumplimiento de su razón de Estado militar, en cuyo nombre se enmascaran los postulados autocráticos favorables al príncipe (el Estado soy yo: Calderón) y sus secuaces.

Los que han suscrito ese acuerdo se pusieron la soga al cuello, proclamando la autocensura previa, tratando ingenuamente de tapar el sol con un dedo. Y si sólo ellos y sus ideólogos (los Aguilar Camín, los Carreño Carlón, etcétera) estuvieran involucrados, jamás alzaríamos la voz quienes rechazamos el amordazamiento de la libertad de expresión y libertad de prensa. Pero ese poder mediático y su maridaje con el poder presidencial son una amenaza antidemocrática, anticonstitucional y antirrepublicana, cuando la nación, más que nunca –desde Victoriano Huerta y Díaz Ordaz–, necesita plena información sobre las crisis de inseguridad, económica (desempleo, abandono del campo, encarecimiento de alimentos y medicinas, etcétera) y social por el creciente empobrecimiento y abandono de millones de jóvenes a los que un desgobernador deschavetado y maligno quiere imponer la leva militar.

El acuerdo de marras, publicado con el retrato de familia de sus suscriptores, busca que la previa censura se implante, no directamente por medio de ley o decreto de una autoridad (aunque Calderón estaría dispuesto a firmarlo… “rápido y furioso”), sino a través de un supuestamente inofensivo acuerdo que uniforma la cobertura informativa, contra el pluralismo que debe imperar, como si la desbordada y sangrienta violencia de los delincuentes no existiera.

Pero el “terror entre la población” no se provoca porque los medios de comunicación la den a conocer. Hay innumerables medios por los cuales, aparte de la comunicación de boca a boca, los mexicanos se informan. Y cientos de miles de hechos directamente les comunican: cuando se enteran del homicidio de un amigo, un periodista, un familiar o de cientos de mujeres que luchan por sus hijos acribillados, sus hijas violadas por los delincuentes o por los propios militares y policías. Es un acuerdo nazifascista al amenazar con “un órgano ciudadano” para dizque “observar”, que significa vigilar, al estilo staliniano, a los medios de comunicación (no especifican si sólo a los que firmaron el documento salido de un grupo de notables) para medir “el apego… a los criterios editoriales plasmados en el acuerdo”.

Estamos en vísperas de una noche polar de una dureza y una oscuridad heladas, cualesquiera que sean los grupos que ahora triunfen, para decirlo con Max Weber. Ese acuerdo representa la interrupción de la observancia constitucional por la retadora barbarie de la criminalidad, y también por un grupo empresarial alentado por Calderón y Televisa, en una complicidad que está poniendo las condiciones para el golpismo, y establecer un gobierno contrario a los principios de la Constitución. La alternativa es con la Constitución o contra ella. El acuerdo está contra la Constitución.

*Periodista

Fuente: Contralínea 229 / 17 de abril de 2011