Las denuncias que presentó la UIF contra el precandidato presidencial Marcelo Ebrard conecta al ahora exsecretario de Relaciones Exteriores con las empresas Coordinadora Vía Rápida Poniente; Edificaciones y Construcciones SALF; Ingeniería Coltron; Rivecs; TT Interprise; Acoda del Valle de México; Coprocme, y Medcot. De 2013 a 2015, éstas realizaron transferencias internacionales a favor de entidades situadas en Estados Unidos, Canadá, Francia y Suiza. Por ello, el MP solicitó cooperación a los dos últimos países. No obstante, el entonces encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ordenó dejar sin efectos la petición para poder declarar el no ejercicio de la acción penal
Segunda parte. La segunda denuncia de hechos presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Procuraduría General de la República el 26 de enero de 2016 y con la cual se abrió la averiguación previa SEIDF/CGI/002/2016, alude que diversas empresas recibieron 250 millones 769 mil 233.58 pesos mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios (Spei) de parte de la Coordinadora Vía Rápida Poniente, SAPI de CV, empresa de la que también fluyeron los recursos para diversas empresas identificadas como factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyos representantes son personas ligadas al exjefe de gobierno y actual aspirante a la Presidencia de la República, Marcelo Ebrard Casaubón.
La UIF señaló que la Coordinadora Vía Rápida Poniente transmitió esos recursos a las empresas Edificaciones y Construcciones SALF; Ingeniería Coltron; Rivecs; TT Interprise; Acoda del Valle de México; Coprocme, y Medcot, las cuales se desempeñan en actividades relacionadas con la planeación y construcción de edificaciones, por lo que según las autoridades financieras no se justifica que tras recibir los depósitos millonarios realizaran retiros por más de 200 millones de pesos en efectivo, pues el sector de las actividades que manifestaron no lo requiere y tampoco tiene una justificación comercial o de negocios.
Sin embargo, según análisis de la UIF, tales transacciones en efectivo pretendían desvincular dichos recursos de su verdadero origen, así como dificultar el conocimiento de su ulterior propietario y destino final.
Ese órgano de inteligencia refirió que dos de esas empresas, durante los años de 2013 a 2015, enviaron recursos a través de transferencias internacionales a favor de entidades situadas en Estados Unidos, Canadá Francia y Suiza; además, tres empresas presentan como beneficiarios a instituciones educativas en el extranjero; sin embargo, tales operaciones no se consideran justificadas por algún vínculo comercial.
Este punto en particular de las transferencias al extranjero, llevó a la autoridad ministerial a solicitar asistencia jurídica internacional a las autoridades de Suiza y Francia, pero previo a la determinación del “no ejercicio de la acción penal”, ordenado por el entonces encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se dejó sin efectos la solicitud de asistencia jurídica internacional a las autoridades del gobierno de Francia, con el argumento de que la línea de investigación respectiva había tomado otra vertiente, por lo que no era de relevancia contar con la documentación solicitada, además de que la información remitida por la Oficina Federal de Justicia de la Confederación Suiza no fue tomada en consideración.
No obstante las denuncias presentadas por la UIF, a las que acompañó de constancias que hacían presuponer con alto grado de probabilidad la comisión de hechos supuestamente ilícitos denunciados, y aunado a las pruebas recabadas por el Ministerio Público Federal durante la investigación, se tuvo conocimiento que en noviembre de 2017, a petición del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, el encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, giró instrucciones para que el entonces titular de la Coordinación General de Investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales determinara el “no ejercicio de la acción penal” en este asunto y en consecuencia se cerrara definitivamente este caso.
Relatoría de hechos
Con toda la información recabada, la UIF señaló que el gobierno de Marcelo Ebrard en la capital del país (2007-2012) habría realizado un complejo esquema de corrupción mediante expropiaciones de predios por utilidad pública en 2010, en la zona sur poniente de la ciudad de México, delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, mismos que fueron utilizados para dar concesiones y permisos para la construcción de obras viables y desarrollos inmobiliarios por parte de empresas privadas en los predios denominados edificio residencial Basalto y edificio residencial Tres Cruces, ubicados en la avenida de Los Poetas, en Santa Fe, Álvaro Obregón.
Según la denuncia penal que fue determinada con el “no ejercicio de la acción penal”, personas físicas y morales fueron beneficiadas directa e indirectamente al recibir recursos económicos sin justificación, al no haber relación comercial alguna, así como transmisión de propiedades sin pago alguno, porque de acuerdo con la UIF “no hay registros de pago en el sistema financiero” el país.
De la consulta en la base de datos de la UIF, identificaron que el 11 de mayo de 2010, las personas morales Constructora Atco y OHL Concesiones México, constituyen la sociedad mercantil denominada Coordinadora Vía Rápida Poniente, con una participación accionaria del 50 por ciento cada una.
Entre noviembre de 2013 y junio de 2014, la sociedad Coordinadora Vía Rápida Poniente, SAPI SA, integrada por varias empresas, entregó recursos por 69.6 millones de pesos a la empresa Solutions CMV, la cual realizó transferencias a las empresas Condominio Sánchez de la Barqueda, 11.6 millones de pesos; Comercializadora Vía Pratt; Grupo Constructor Caebr; Fabimaga, y Constructora Enalser, las cuales dispersaron recursos a personas y otras empresas relacionadas presuntamente con el exjefe de gobierno.
Las personas morales vinculadas entre sí que integran la Coordinadora Vía Rápida Poniente son: Inmobiliaria Copri; Desarrollo Corporativo Inmobiliario, Fideicomiso Cumbres de Santa Fe. Estas tres empresas tienen a la misma representante legal Guillermina de la Luz Hernández Sánchez y fueron favorecidas por el gobierno de Ebrard al recibir concesiones y permisos para la construcción de vías de comunicación y desarrollo de complejos inmobiliarios, y a cambio de esas prebendas se habrían entregado recursos económicos y se transfirieron derechos de propiedad, con un valor de 60 millones de pesos en lujosos departamentos edificados en predios circundantes de las zonas expropiadas, sin recibir el pago de los mismos, a parientes y personas cercanas al entonces jefe de gobierno capitalino.
Las personas y empresas beneficiadas según la UIF y con alguna relación probada con Marcelo Ebrard son su hermano Fabián Jorge Ebrard Casaubón, quien adquirió dos departamentos; su exesposa Eva Mariana Prats Donovan; Carolina Zamudio Cruz, cuñada de Marcelo y esposa de Enrique Camilo Ebrard, quien adquirió tres inmuebles; Georgina Zamudio Cruz, cuñada de Enrique Camilo Ebrard, quien adquirió un inmueble; Alejandro Ismael Herrera Lamadrid, adquirió un inmueble; Sergio Fuentes Calderón, socio de Enrique Ebrard en la constructora Residencial Mexicali, un departamento; Raúl Miguel Ángel Cedillo Van Pratt (finado), socio mayoritario de la empresa Solutions CMV; Adrián Patricio Cameras Moreno, dos inmuebles.
Otras personas morales involucradas son: Constructora Enalser; Forestal Las Olas; Triplay Las Palmas; Fabimaga; Grupo Constructor Caebr; Condominio Sánchez de la Barquera; Residencial Mexicali.
“No obstante, el análisis realizado por esta unidad administrativa hace patente que dichos beneficios tuvieron muy probablemente un interés ilícito, pues como se indicó al principio de este escrito, los actos de los órganos de gobierno tuvieron como etiología un esquema de corrupción en el que a través de una mecánica compleja se benefició de manera directa e indirecta a múltiples sujetos vinculados con el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal”, concluye la UIF.
La próxima entrega la dedicaremos a los argumentos que en 500 páginas dio la PGR para determinar el “no ejercicio de la acción penal” sobre la denuncia penal hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera.
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