El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación asegura que el Reglamento de la vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional es discriminatorio. Gracias a éste, los alumnos del plantel son los “más educados” del Politécnico, dice Mario Tovar, director de esta escuela. El Reglamento vulnera derechos plasmados en la Constitución Política del país y en diversas legislaciones, sostienen defensores de derechos humanos
El Reglamento del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 8 Narciso Bassols, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), discrimina a los jóvenes por su apariencia física, asegura Hilda Téllez Lino, directora General Adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Impedir el acceso al plantel a los estudiantes que usan “peinados de pico con gel de más de 2 centímetros”; a los que tienen el pelo pintado, sucio o recortado con figuras, y tatuajes; a los que visten con bermudas o ropa distinta a la de su género; a los que usan vestimentas de cholos, skatos, darketos “o cualquier otro tipo que deteriore la imagen del estudiante politécnico”, y suspender a los que usan perforaciones o “cualquier tipo de accesorios que penetren la piel”, son algunas de sus disposiciones. Téllez Lino advierte que el Conapred planea un encuentro con las autoridades del IPN, pues además de que dicho Reglamento carece de fundamentación y motivación jurídica, atenta contra la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La titular del área de Quejas y Reclamaciones de este órgano se muestra preocupada por la situación de los estudiantes politécnicos y manifiesta su interés por conocer las denuncias de la comunidad relacionadas con la aplicación de esta normatividad, cuyas disposiciones considera “riesgosas”. En México, los jóvenes son uno de los grupos más discriminados por su apariencia física. Según estadísticas de este Consejo, el laboral y el educativo son los dos ámbitos que históricamente registran más quejas por discriminación. Sin embargo, preocupa el reciente incremento de estas quejas en instituciones educativas, que en 2010 fue del ciento por ciento, refiere Téllez Lino. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), considera que más que procurar la igualdad, la lucha de los derechos humanos es por “el respeto a las diferencias”. Además, cuestiona el hecho de que la discriminación se apodere de los recintos educativos. La Secretaría de Educación Pública es quien debiera promover la no discriminación, manifiesta, indignado. En entrevista telefónica, Mario Tovar Garnica, director del Cecyt 8 (que imparte educación de nivel bachillerato), se niega a decir si el Reglamento es o no discriminatorio. Su objetivo, dice, es “controlar y cuidar” a los alumnos, quienes gracias a estas medidas son “los mejores del Instituto; los más educados”. Después de varios años de aplicar estas medidas, el balance es positivo, asegura el funcionario: “Tenemos una escuela de mucha calidad, de mucho control”; además, “los padres de familia nos aplauden todas estas medidas”. Si ahora hay críticas “es porque ustedes lo están dando a conocer”, reprocha Tovar Garnica.
Otros derechos vulnerados
El Reglamento vigente en el Cecyt 8 vulnera otros derechos como el de la educación, pues impide el acceso a las instalaciones educativas por razones de apariencia. “Tus gustos, tus preferencias, tu identidad no te pueden negar el derecho a la educación”, se pronuncia Clara Meyra Segura, coordinadora del área de Educación, Promoción y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Los jóvenes se sienten cada vez más ajenos a las instituciones educativas que, en vez de recibirlos, los reprimen. Las consecuencias son fatales: o forman a los jóvenes como “adultos represores” o los orillan a “desertar de las escuelas”, manifiesta, preocupada, la defensora de derechos humanos. Derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en, al menos, cuatro leyes federales y locales, incluidas las relacionadas con los derechos de los niños (los alumnos de la vocacional 8 oscilan entre los 15 y 18 años de edad), además de acuerdos internacionales firmados por México, son violados con este Reglamento. “Incurrir en actos que denigren la moral y las buenas costumbres” y expresar en “forma escandalosa” o “corporal” las manifestaciones de cariño son conductas que también sanciona el Reglamento de la vocacional 8 que, por su fuerte carga moral, se asemeja al Manual de Carreño –un manual de urbanidad y buenas costumbres escrito en el siglo XIX–, asegura el presidente de la Limeddh. Con ello, los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, “entendidos como la expresión de sus afectos”, son asimismo vulnerados y “criminalizada” su sexualidad. Ésta es una forma de romper con el “tejido social”, pues las relaciones sociales se construyen a partir de la expresión de los afectos, considera Meyra Segura. “Coludirse con seudoestudiantes y promover propaganda que deteriore la vida del Instituto” son unos de los puntos del Reglamento que la autoridad del plantel utiliza para “criminalizar” a los alumnos que tienen ideas distintas a las suyas y que se organizan para expresarlas, aseguran estudiantes de la vocacional 8. ¿Qué es para las autoridades del IPN un seudoestudiante?, se pregunta Meyra Segura. Los derechos civiles y políticos de los jóvenes, como la libre manifestación de sus ideas, son también vulnerados, concluye Adrián Ramírez. Para la realización de esta investigación, se solicitó entrevista con Judith Rodríguez Zúñiga, titular de la Defensoría de los Derechos Politécnicos; con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
