Por las graves irregularidades financieras detectadas al auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, tan sólo en el periodo septiembre-diciembre de 2008, quien no ha podido comprobar gastos del erario por un monto de 142 mil 210 pesos, diputados de la 57 Legislatura local contratarán un despacho contable para que se le practique una auditoría a partir de agosto

Claudia Venalonzo

La secretaría técnica de la Comisión de Vigilancia y Evaluación del Congreso del estado, determinó, tras analizar el “informe” financiero de la Auditoría General del Estado (AGE), que hay gastos que efectuó la propia AGE que “carecen de sustento fiscal”.

Según documentos oficiales, en poder de Contralínea Guerrero, como la nota informativa de la secretaría técnica de la Comisión de Vigilancia y Evaluación del Congreso local, el informe financiero de la AGE del periodo mencionado y facturas, las observaciones se hicieron sobre el monto de 142 mil 210.13 pesos que no fueron comprobados conforme estipula la ley.

Los gastos, que supuestamente amparan tal cantidad monetaria, fueron calificados como improcedentes. Algunos de ellos fueron hechos incluso en sábados y domingos, a nombre de la Auditoría General del Estado pero por seis personas distintas, entre las cuales, por supuesto, se encuentra el auditor del estado, Ignacio Rendón Romero, quien aparece en la lista negra de la Comisión de Vigilancia y Evaluación del Congreso del estado, con gastos sin comprobación fiscal por la cantidad de 20 mil 826 pesos.

Además, el encargado de fiscalizar los recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Entes Públicos Estatales y Municipales, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los Fideicomisos Públicos y Privados, hizo uso, precisamente, de recursos públicos de Guerrero, para pagar, al parecer, una flamante fiesta privada, que incluyó obviamente el pago de meseros, del alquiler del salón, los arreglos florales, las edecanes y el colocador de discos, que por cierto, trabajó horas extras.

Un negro antecedente del auditor

Contralínea Guerrero documentó, en su número 5, del mes de noviembre de 2007, el caso del ciudadano Victoriano Sánchez Carbajal, responsable de haber ocasionado pérdidas al ISSSTE, delegación Guerrero, por más de 7 millones y medio de pesos; no obstante de estar inhabilitado por 10 años, a partir del 6 de noviembre de 2006 y hasta el 5 de noviembre de 2012, como consta en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el auditor Ignacio Rendón Romero lo designó como responsable del Órgano de Control de la AGE.

Entonces fue evidente que el auditor Ignacio Rendón hizo caso omiso de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que a la letra dice en su artículo 8 fracción X: “Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

Así como le valió un comino el artículo 40 párrafo IV, de la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que estipula: “Las dependencias y entidades invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos”.

Recientes irregularidades del auditor

Con fundamento en el artículo 77, fracción I, II, II y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, el secretario técnico de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, Elías Flores Velázquez, envío una nota informativa a la presidenta de dicha comisión, la diputada priista Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, donde notifica que le hace llegar las observaciones finales al informe financiero de la AGE.

La revisión se efectuó, según el documento, apegada a los lineamientos establecidos por la propia AGE, “mismos que emplea en la revisión de todos los entes fiscalizados por ese Órgano de Control”, lineamientos comprendidos en la Ley de Fiscalización Superior el Estado de Guerrero número 564, en su título cuarto, capítulo II de la Revisión y Fiscalización de Cuentas Públicas.

Le informan a Gómez Maganda que los gastos sin comprobación fiscal son por 142 mil 210.13 pesos, todo a nombre de la AGE, mediante el desglose siguiente: Noél Solís Ríos, director de Administración y Finanzas, 75 mil 875.13 pesos; Ignacio Rendón Romero, Auditor General del Estado, 20 mil 826 pesos; su secretario particular, Ignacio Ponce Miranda, 18 mil 235 pesos; Julián Chavelas Salas, del Departamento de Recursos Materiales, 16 mil 175 pesos; Jacaranda Solís Guerrero, que no aparece en el tabulador de la AGE, 8 mil 644 pesos y Simón Quiñones Orozco, Secretario Técnico, 2 mil 455 pesos.

El análisis dictamina que son gastos que se efectuaron y que se entregaron las facturas sin anexar tickets, por lo tanto no es posible verificar que la compra corresponda a artículos relacionados a las funciones que realiza la auditoría y recalca que hay compras que efectuaron en días sábados y domingos, días inhábiles y además en el puerto de Acapulco y en Cuernavaca, Morelos.

Tequila, whisky, champaña, del erario

Gastos fuera de normatividad gubernamental como propinas por 4 mil 347 pesos y horas extras del colocador de discos por 1 mil pesos, además de la compra masiva de whisky, champagne y brandi para “diversos festejos” por 46 mil 817.44 pesos; de una botella de Tequila “Reserva de la familia”, por mil 65 pesos; una botella de bacardí, por 125 pesos; un reloj citizen para dama, por 1 mil 369 pesos, y un traje de baño estampado, playera tipo polo y sandalias para agua, por 404 pesos.

Los gastos que efectuaron terceras personas y que facturaron a nombre de la AGE son por la compra de whisky y champagne.

Aparecen estos cuatro nombres: Florencio Bello Sánchez, con 2 mil 461 pesos; Juan C. Tacuba Miranda, con 1 mil 968; José A. Márquez Rojas, 1 mil 182.98, y Dagoberto Alvarado Hernández, subdirector de Administración y Finanzas, con 809.16 pesos.

Para lo que se describe como “diversos festejos” compraron dos computadoras con valor de 14 mil 800 pesos y una televisión de plasma por 6 mil 226 pesos.

Sin embargo, la Comisión de Evaluación solicitó entregar el testimonio de las personas que fueron beneficiadas con dichos estímulos, además de fotografía y oficio de entrega, dado que no se precisa esa información.

Un apoyo económico que supuestamente entregaron de la AGE a la comunidad El Porvenir, municipio de Florencio Villarreal (Cruz Grande), para una fiesta patronal que llevan a cabo cada 7 de diciembre, sin embargo, solo entregó el oficio donde se hace la petición, no algún testimonio de recibido.

Hay también otra lista de gastos improcedentes, de acuerdo a la factura numero ZAF18447, expedida por la tienda Liverpool, sucursal Cuernavaca, el domingo 14 de diciembre de 2008: tres guitarras profesionales por 8 mil 997 pesos, una pluma Soller Ball de 6 mil 500, una pluma Fine Line de 4 mi 680, una caja musical de 2 mil, dos camisas de 598 y un pantalón de 299 pesos.

Cuentas desmedidas sin aclarar

Al licenciado José María Murillo Silva, director jurídico de la AGE, le sugieren se presente ante la Comisión de Vigilancia e informe de su ejercicio fiscal del año pasado porque al parecer hay duplicidad de funciones con el programa de actividades de trabajo presentado por el licenciado Jorge Rosales García, que es asesor externo y quien cobró 394 mil 285.68 pesos.

Adicionalmente hay una solicitud de copia de comprobantes de las operaciones para que se explique sobre un bono de 212 mil 719.38 que se autorizaron como compensación adicional el director de Administración, Noel Solís, y otro por 501 mil 455 pesos con 44 centavos el mismo auditor Ignacio Rendón, por concepto de “servicios adicionales y servicios especiales”, y por la “alta exigencia que requiere su trabajo y el empeño que han puesto en él”. Pero también hay compensaciones para otras cinco personas, haciendo un total de 1 millón 638 mil 624 pesos con 60 centavos.

La creación de la AGE, amparada por la Ley Número 564 de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero y el artículo 107 de la Constitución, fue dada a conocer el 30 de octubre de2002 en el Periódico Oficial de la Federación, durante la 57 Legislatura del Congreso del estado.

El 1 de enero de2003 entró en funciones, en plena bonanza del gobierno estatal priista de René Juárez Cisneros.

El descaro del auditor

Luego de que salieran a la luz pública estas irregularidades, incluidas fotografías publicadas en diversos periódicos de Guerrero donde aparece el auditor en paños menores abrazando a una de sus edecanes, él mismo ha promovido diversos actos para tratar de limpiar su imagen.

Entre ellos, el pasado 15 de Julio el organismo a su cargo recibió un galardón denominado “Medalla de Oro a la Calidad y Servicio 2009”, de parte de algunas organizaciones que representan, supuestamente, Calidad en sus productos y servicios.

Antes había recibido el premio “Calidad Mexicana Certificada, AC. Calmecac”, porque, supuestamente, la AGE impulsa la calidad en Guerrero.

De acuerdo al tabulador general, el auditor general del estado percibe un sueldo mensual de 78 mil 928 mil pesos con 40 centavos, lo que es casi nada comparado con los bonos por servicios adicionales que se autoriza cada año por más de medio millón de pesos.

Urgente una auditoría al auditor

Ante esta situación de malos manejos de los recursos públicos en la AGE, la presidenta de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, informó, en breve entrevista telefónica, que en la antepenúltima sesión del Congreso local se acordó hacer una auditoría a la institución, “pero será por parte de un despacho contable externo para evitar suspicacias y transparentar el proceso evaluador”.

Precisó que regresando del periodo vacacional, que también tomaron los flamantes diputados, a partir del próximo 2 de agosto comenzarán a buscar el despacho, “pero eso depende de la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados”, aunque comentó que “el informe, por lo menos, lo enviaron en tiempo y forma” y sería aproximadamente en un mes y medio cuando haya concluido la auditoría y haya resultados que dar a conocer a todos los guerrerenses.

En tanto, el secretario de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, el legislador perredista Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, dijo desconocer a plenitud que la AGE deba solamente 142 mil pesos, “porque tiene muchos otros adeudos, hay muchas más irregularidades, gastos que tienen muchas lagunas en su comprobación, como indemnizaciones, casos de nepotismo y dos bonos anuales que se otorga el auditor por más de 500 mil y 700 mil pesos”.

De la Rosa Peláez confirmó que un despacho externo debe hacer una “rigurosa” auditoría a la Auditoría General del Estado de Guerrero.

Ignacio Rendón Romero, por su parte, a su clásico estilo, pocas declaraciones ha dado al respecto, y en las escasas ocasiones sólo ha argumentado que “las acusaciones sobre irregularidades en su contra son parte de una guerra de descrédito con dudosos fines”.

Contralínea Guerrero lo buscó en las oficinas de la AGE, en la Avenida Lázaro Cárdenas de Chilpancingo, y vía telefónica para conocer su postura, pero no pudo contactar con él, ni siquiera con alguien del personal del organismo, porque todos se fueron a disfrutar de las vacaciones de verano, y el auditor es tan difícil de localizar, quizá más que al mismo gobernador, que sobrarán los dedos de las manos para contar a las personas que conocen su número telefónico celular, y el de su casa o casas, y de hecho, según dijo alguna vez el mismo Ignacio Rendón Romero, ni el área de comunicación social los conoce.

Preceptos violados por el auditor

En la página de internet de la AGE (www.auditoriaguerrero.gob.mx) se lee en su apartado “Modulo de transparencia”, donde se atribuyen las siguientes palabras al mismo auditor general del estado, Rendón Romero: “En algunos países de América Latina, en México y ahora en el estado de Guerrero, se ha dado inicio a la apertura y flujo de la información con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, No. 568, convirtiéndose el derecho de acceso a la información pública en un referente para combatir la corrupción, lograr la rendición de cuentas y la transparencia, sometiendo la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio de la sociedad”.

“De acuerdo a la propia naturaleza de nuestra Institución, la rendición de cuentas es un tema fundamental; las cuentas claras en todo el aparato gubernamental, inevitablemente nos lleva a tener un mejor manejo de los recursos, mejores y mas dignas condiciones de vida de gobernados y gobernantes, armonía y finalmente, el tan anhelado bien común.

“Por esto es que indudablemente nos sumamos a este proyecto de dignidad y transparencia en la actividad pública, estamos convencidos de que con esta llave a la claridad obtendremos la certeza ciudadana de una eficaz actividad de sus funcionarios e instituciones”.