Mineral del Monte, Hidalgo.

Aquí era donde vivían mis tíos hace muchos años. De niño pastoreaba en estas tierras mis borregas, relata Pascual, un hombre joven de no más de 40 años. Brincamos una de las cercas de púas que delimitan los predios de los nuevos dueños de por lo menos 600 hectáreas de monte, que antes de la llegada del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales), pertenecían al ejido de Pueblo Nuevo, una de las comunidades serranas de este municipio minero.

Por un “error” que cometió el Procede, esas tierras quedaron fuera del ejido, por lo que ahora han pasado a manos de gente extraña, relacionada con el grupo de poder que gobierna al estado, como la exalcalde de Mineral del Monte y notaria pública Angelina Bulos Islas, quienes ahora al amparo de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) talan el monte sin observar las normatividad en la materia.

Pascual no oculta la emoción de volver a las tierras que lo vieron crecer y que no había vuelto a pisar desde hace décadas y a las que ahora vuelve para luchar para recuperarlas, junto a otros 40 vecinos más que no están dispuestos a ver cómo talan sus bosques y les arrebatan impunemente sus tierras.

Pascual toma la iniciativa y sirve de guía al grupo de hombres que supervisan el bosque, para constatar los daños ecológicos que ha dejado la tala inmoderada que desde hace más de seis años vienen haciendo los supuestos dueños, entre los que destacan Cuauhtémoc del Blanco y Joaquín Pasquel.

Para unos es desconcertante la actitud de Pascual y de que conozca mejor que la mayoría del contingente el territorio que pisamos, porque es la primera vez que lo ven, ya que desde hace muchos años él dejó la tierra que lo vio nacer, como muchos otros jóvenes, por la necesidad de aventurarse en busca de trabajo y principalmente de un lugar para vivir.

La trampa

Esta comunidad, ubicada en las Sierra de Pachuca y a menos de 15 kilómetros de la capital del estado, fue dotada de estas tierras en 1921 y 1924, según decretos presidenciales de las mismas fechas. Pero hace seis años, de forma dolosa, relata el excomisariado ejidal, Mario Reyes Castro, el Procede dejó fuera más de 600 hectáreas.

Queriendo evitar esto, explica a Contralínea el ejidatario, antes de que se iniciaran los trabajos de la regularización de la tierra solicitaron al Registro Agrario Nacional copias certificadas de la carpeta básica del ejido y constataron, en esa instancia gubernamental, que no hubiera ningún documento más sobre ese ejido, este documento certificado y copias de los decretos presidenciales fueron presentados a las autoridades del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales, pero fueron ignorados.

Posteriormente, explicó, se nos dio a firmar la lista de ejidatarios que aparece publicada en la convocatoria, y esa lista de firmas fue utilizada para darle validez a una asamblea ejidal que nunca se efectuó, en donde se tomaron acuerdos que perjudicaron al ejido, como el haber dejado fuera las más de 600 hectáreas mencionadas. Como prueba, señala, existe el acta que fue elaborada en computadora, ya que aquí no tenemos computadora, nunca se ha celebrado una junta ejidal y la acta se a elaborado en computadora, con lo que queda demostrado que se elaboró en otro lado.

Denunció que cuando empezaron a defenderse legalmente del robo del que estaban siendo objeto, gente del gobierno del estado empezó a poner a sus compañeros en contra de ellos, argumentando que lo que querían era echar abajo los trabajos del Procede, por lo que sus certificados de propiedad, con los que podrían vender sus tierras, se invalidarían y se perdería lo que se había pagado por ese servicio.

Como siguiente paso en el plan del despojo, explica, Guadalupe Ordaz Calva, líder de la Unidad de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) de Real del Monte, con la ayuda de algunos ejidatarios de Pueblo Nuevo y la compra de conciencias se han venido despojando a la gente de sus tierras impunemente, de lo que se pudo constatan el día de hoy, denuncia el dirigente.

Como esta historia de despojo hay muchas en nuestra entidad, abunda el luchador social, en las que normalmente salen perdiendo los campesinos porque los juicios son muy largos y caros y en los que siempre salen como dueños expresidentes municipales priistas y otros personajes ligados al poder, como el caso de Angelina Bulos, denuncia.

Pura coincidencia

Juan Rendón Olvera es un viejo minero enfermo de 70 años y vecino del Real del Monte que vive acosado por la codicia del exalcalde de este lugar, Gerardo Moreno Moedano, quién desde 2003, a los dos días de haber asumido la alcaldía, se ha propuesto despojarlo de la casa donde vive desde hace más 45 años.

Desde entonces, denuncia el exminero, en repetidas ocasiones, en complicidad de empleados de la empresa Real del Monte, lo han querido sacar.

“La última vez me volvió a echar a la licenciada de las Cajas (una empleada de las oficinas administrativas de la empresa), esta vez acompañada de un empleado más y de dos supuestos agentes de la Procuraduría General de Justicia, según decían sus gorras y sus playeras color negro, relata.

“Desde ese fecha (cuando asumió el poder Gerardo Moreno) ando en esos líos. Ya hasta en más de una ocasión he buscado a dónde irme a vivir para poder estar en paz, pero no me he salido porque me han aconsejado que no sea yo pendejo, que no me salga, por eso no les he dejado la casa”, informa al reportero.

Hace aproximadamente 45 años, la empresa le dio la casa para que viviera, ya que se desempeñaba como empleado de confianza. En aquel tiempo, ese predio era un basurero de la mina, que poco a poco fue limpiando hasta hacerlo habitable, recuerda Juan Rendón.

La propiedad de la discordia es una residencia construida por los migrantes ingleses inspirada en obras europeas de principios del siglo XX, edificada en un terreno de más de 1 mil 500 metros cuadrados y desde donde se aprecia gran parte de esta ciudad minera.

Este predio, al igual que otros, se encuentran en litigio entre exmineros y expresidentes municipales, y otros de plano ya tienen dueño inexplicablemente, ya que estos últimos, aprovechando la información privilegiada con la que contaron en sus puestos de alcaldes, han querido madrugar a los poseedores de las propiedades como sucede con el edificio que se encuentra en la céntrica calle de Hidalgo 131-A.

Este edificio, propiedad del sindicato minero, con argucias legales, ya pertenece, por lo menos en papeles, a la exacalde priista Angelina Bulos, lo que ha generado la inconformidad de un grupo de exmineros que se resisten a ser despojados de lo que consideran su patrimonio sindical, por lo que mantienen tomado el viejo edificio con el apoyo de la UFIC.

Para el líder de esta organización, simpatizante y activista del “gobierno legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Angelina Bulos Islas es el botón de muestra de que el Estado de derecho en Hidalgo es sólo en discurso y que la ley es sólo para los poderosos.

“Esta señora se ha apoderado de muchas tierras, como en el caso anterior, falsificando firmas e inventando pruebas y presentando testigos falsos, pero además llegó a notaria pública pisoteando la Ley de Notarios Públicos, porque nunca cumplió con ninguno de los requisitos que ahí se especifican, sólo haciendo gala del tráfico de influencias, con el que ha logrado satisfacer sus ambiciones”, concluyó.