El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil) recordaron que los pasados 3 y 4 de mayo se cumplieron 14 años de la represión social, detenciones arbitrarias y uso sistemático de la tortura –incluida la sexual– por policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
Añadieron que la impunidad persiste, a pesar de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para resolver el caso y la no repetición.
Actualmente existe una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y aún sigue abierta la investigación en la fiscalía local del Estado de México, cuyas deficiencias fueron expuestas en la sentencia emitida por la Corte IDH [en diciembre de 2018], por ser incompatibles con los estándares internacionales en materia de investigación de casos de tortura.
La Corte IDH ordenó al Estado mexicano –en un plazo de 2 años– fortalecer el mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y crear un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México.
El mecanismo interinstitucional fue suspendido de facto desde octubre de 2019, a causa de una supuesta revisión institucional. Hasta la fecha las autoridades no han reactivado este proceso. Respecto a la creación del Observatorio independiente del uso de la fuerza, el Estado no ha realizado acción alguna encaminada a su cumplimiento.
Los defensores de derechos humanos mencionaron en un comunicado que, el Estado mexicano ha tenido la oportunidad de avanzar en las dos órdenes y no lo ha hecho, sus demoras prolongadas amenazan con imposibilitar la orden de la Corte IDH.
Por lo anterior, las mujeres sobrevivientes del caso Atenco con la campaña nacional Rompiendo el Silencio, el Centro Prodh y Cejil llamaron al Estado para cumplir estas medidas fundamentales dentro del plazo otorgado por la Corte IDH.
El caso Atenco demuestra la latente necesidad de transformar con medidas estructurales al país, ya que si México pretende consolidarse como un Estado democrático tendrá que romper con las prácticas generalizadas de tortura sexual a mujeres; encarcelamiento de personas inocentes y falta de investigación de graves violaciones a derechos humanos, indicaron.
