África contaminada… África asesinada

África contaminada… África asesinada

La humanidad le debe todo al Continente Africano; pero no conforme con el saqueo del pasado y el presente, también lo contamina y lo mata. Hoy se utiliza como el basurero de los países desarrollados. De lo que no se tiene consciencia es que toda la especie humana sigue unida de manera indisoluble al África: su destrucción significará también la extinción de los seres humanos

La Habana, Cuba. Pese a los incontables momentos de amargura sufridos en los últimos 600 años, el Continente Africano demuestra cada día su interés de vivir, algo que en el ámbito ecológico pretenden arrebatarle sus antípodas desarrollados.

Una larga lista de agresiones contra el ecosistema de la región ilustra y argumenta la citada tesis, acciones  que encubren en  múltiples ocasiones  actitudes cínicas y  cuando no,  delincuenciales, en una relación cuyo principio y fin es establecer un desequilibrio ventajoso para quienes se consideran los dueños del planeta y como tal actúan.

Los procesos económicos, políticos y sociales heredados del período colonial en su mayoría adolecían de  marcos  jurídicos extensos y profundos, que fomentaran  la defensa medioambiental, toda vez cualquier fundamento  legal que afectara al capital foráneo (por lo general de las exmetropolis)  era  inconveniente en la nueva etapa.

África sigue siendo hoy escenario de una paradoja: inmensamente rica, pero sufre embargada en una pobreza de dimensiones inconmensurable, porque le falta la infraestructura para explotar su fortuna,  situación de la que agentes internacionales se aprovechan.

¡SOS: basura tóxica!

Ejemplo de lo anterior es el caso de Agbogbloshie, en Accra, la capital de Ghana, donde se halla el mayor vertedero de desechos electrónicos de África occidental, y se considera que es una de las áreas más contaminadas por metales tóxicos del continente africano, aunque para muchos vecinos del lugar es la única  fuente de subsistencia.

En ese lugar, los pobladores acopian desechos procedentes de Europa, Estados Unidos y Australia, en la mayoría de los casos quienes  recolectan esa chatarra lo hacen porque es su único medio de subsistencia y por ello se arriesgan a tener contacto con productos que pueden resultar altamente nocivos.

Según analistas políticos, los dueños del planeta (grandes trasnacionales y gobiernos asociados), lo utilizan como un gran basurero  o peor, como letrina, y no les interesa el destino de sus desperdicios y cuando se trata del Tercer Mundo, la situación es peor y en el caso africano llega a ser extrema.

El vertedero electrónico de Agbogbloshie es sólo un caso, a ese lugar llegan cada año  varios cientos de toneladas  y, aunque la ley ghanesa lo prohíba allí trabajan cientos de menores, huérfanos en su mayoría, precisan testimonios dados a la prensa por los moradores.

Abdulai Abdul Rahamani, coordinador de ese basurero narró a Russia Today que allí comenzaron a recoger chatarra en 1991 y que “en aquel entonces éramos 15 personas y ahora somos cuatro mil a 5 mil. La chatarra es un buen negocio (…) nuestro trabajo es el número uno en Ghana”.

Tapiz peligroso

La relación de las legislaciones sobre la protección del medio ambiente con la fortaleza de los gobiernos es evidente, aquella autoridad que no pueda imponerse como tal está en desventaja en las labores de vigilancia y protección de los ecosistemas, toda fragilidad en la ejecución del poder es una fisura por donde penetran los violadores.

Ejemplo notable es Somalia, cuyo fondo marino aún tiene evidencias de que la presencia de desechos tóxicos de plantas nucleares y hospitales europeos, conforme una investigación de Greenpeace realizada en 1997 y en la cual se plantea que los señores de la guerra negociaron por amas los contratos para el depósito de los residuos.

Ciertamente, deshacerse de la basura tóxica en el litoral somalí cuesta una ínfima parte de lo que se erogaría para destruirla en cualquier entidad occidental cumpliendo las regulaciones oficiales y las medidas para la protección ecológica, lo cual le encarecería en un alto por ciento el coste de la operación.

Eso ocurre en un país identificado como “Estado fallido”, donde las instituciones son sumamente débiles y la incapacidad para imponer el orden queda menguada como consecuencia de la guerra, que en forma intermitente forma parte de la cotidianidad desde 1991, cuando alianzas rebeldes derrocaron  al general Mohamed Siad Barre.

Según informes de organizaciones internacionales,  los bandos en conflicto negociaron lo contratos para verter desechos tóxicos en zonas del litoral somalí a cambio recibir armas para continuar la contienda, esa decisión creó un tapiz contaminado en su lecho marino.

Más veneno

Un evento paradigmático  ocurrió  en Costa de Marfil en 2006, cuando el buque Probo Koala descargó más de 500 toneladas de desechos tóxicos –que probablemente contenían ácido sulfhídrico, sustancia altamente nociva– en 15 vertederos a cielo abierto en la ciudad de Abiyán.

La operación la realizó la compañía Trafigura, multinacional holandesa con sede en Londres, y fue un acto ilegal, violatorio del Derecho Internacional y por lo cual según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 108 mil personas debieron ser atendidas por intoxicación, 68 hospitalizadas y 15 murieron a consecuencia del  vertido de la basura tóxica y contaminante.

En 2007 esa compañía  llegó a un acuerdo con el gobierno de Costa de Marfil sobre compensación a las víctimas  y pagó a las familias de los 15 fallecidos 150 millones de euros y dos años después prometió desembolsar 33 millones de euros para las 30 mil personas  que como afectados denunciaron el caso ante la justicia británica.

“…el Probo Koala, que intentó primero dejar sus basuras en Gibraltar, Italia, Malta, Francia y Holanda, muestra la ineficacia de las normas que regulan el envío de productos tóxicos europeos a países en desarrollo”, precisó desde La Haya, Holanda, un reporte de prensa de Isabel Ferrer.

Sabor a petróleo

Un hito en el ecocidio lo constituyen los derrames de petróleo en la región nigeriana del delta del Níger, donde las poblaciones tienen escasas posibilidades de enfrentar con éxito la desidia  de las firmas transnacionales que extraen el crudo en diversas ocasiones en condiciones poco seguras.

A eso se unen las operaciones de refinerías  clandestinas y de los perpetradores de la sustracción ilegal del crudo mediante cortes y perforaciones en las conductoras de las redes de  oleoductos, así como otras prácticas delictivas que causan impactos no reparables en la fauna y la flora.

Esa agresividad contra el medio se transforma en amenaza muchas veces mortal para el individuo.

El gran delta del río Níger cubre un área de unos 70 mil kilómetros cuadrados y en ellos habitan más de 20 millones de personas de diferentes comunidades, las cuales corren el riego de la intoxicación  o el envenenamiento masivo por los derrames del hidrocarburo sufridos en la zona.

Conforme con denuncias de organizaciones protectoras de la naturaleza, el subsuelo, el agua y la superficie de la tierra en la zona de Ogoniland, en la desembocadura del Niger, muestran residuos de crudo de manera “claramente visible”, y eso tiende a empujar hacia la extinción humana.

Julio Morejón/Prensa Latina

[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: AMBIENTAL]

 

 

Contralínea 548 / del 17 al 23 de Julio de 2017

Artículo

La prosperidad compartida y la clase trabajadora mexicana

Economía de clase: Frente a la ambigüedad del modelo neoliberal que clasifica a la sociedad por niveles de ingreso (clase alta, media y baja), la nueva economía política mexicana retoma el análisis de las relaciones de propiedad y el lugar en el sistema productivo. Al definir las clases sociales como grupos antagónicos determinados por su relación con los medios de producción, se busca empoderar intelectualmente a la clase trabajadora para insertarse en la toma de decisiones hacia una prosperidad compartida y superar la “moral universal” impuesta por el capital.

Saber más »
Destacada

Semarnat retira denuncia penal contra Grupo México por Río Sonora

A inicios de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente federal retiró la denuncia penal contra el Grupo México por su presunta responsabilidad en el “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”: el derrame tóxico de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014. Esto forma parte de los acuerdos a los que llegaron los secretarios Rosa Icela Rodríguez –de Gobernación– y Édgar Amador –de Hacienda– con la empresa de Germán Larrea –en la que también participa BlackRock–. Sólo así, Grupo México aceptó los términos del Plan de Justicia, que incluyen aportar un presupuesto de 1 mil 500 millones de pesos para remediar la zona y atender la salud de los afectados, así como terminar con la huelga en la mina de Cananea

Saber más »
Análisis

Litio, en el centro de la disputa global por el control de las cadenas de valor

Soberanía tecnológica: México enfrenta el desafío de transformar la nacionalización del litio en una palanca de desarrollo real. En medio de un arbitraje internacional con Ganfeng Lithium y la presión de EE. UU. por minerales críticos, la clave de la emancipación no reside en el aislamiento ni en la entrega, sino en la construcción de un “traje espacial”: autonomía tecnológica para procesar arcillas, formación de talento y esquemas de asociación donde el Estado retenga la rectoría y el valor agregado.

Saber más »
Artículo

Justicia económica para las y los trabajadores mexicanos

Justicia laboral en transición: La academia analiza el viraje del modelo mexicano, de la precarización neoliberal (1982-2018) hacia el Nuevo Modelo de Justicia Laboral iniciado en 2019. Con hitos como la prohibición del outsourcing, el aumento real del salario en un 116% y la regulación del reparto de utilidades, la “Cuarta Transformación” busca en 2026 consolidar la justicia económica mediante la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Saber más »
Análisis

México y Cuba, hermandad más allá del bloqueo

Resistencia y soberanía energética: Cuba pierde diariamente más de 20.7 millones de dólares debido a un bloqueo que suma un costo histórico de 170 mil millones de dólares. En 2026, México reafirma su apoyo humanitario ante las nuevas amenazas de aranceles de EE. UU. a proveedores de crudo. Con una historia de cooperación que incluye la modernización de refinerías y asistencia técnica de Pemex, el Gobierno de México busca mecanismos para mantener el suministro de petróleo y medicinas sin comprometer la estabilidad comercial nacional.

Saber más »
Destacada

Comunidades indígenas en CDMX, testimonio de discriminación y segregación

Entre el folclore y la exclusión: comunidades indígenas protestan en el Zócalo de la CDMX contra el retiro de comerciantes y la gentrificación acelerada por el Mundial 2026. Mientras el gobierno local promueve la identidad nacional con arte público, artesanas triquis como Regina Ramírez denuncian que las políticas de “embellecimiento” urbano las condenan a la periferia y la precariedad.

Saber más »