En los trabajos de rehabilitación de bienes culturales dañados por los sismos de 2017, al ritmo que avanza la Secretaría de Cultura “tendrían que transcurrir 12 años para que los bienes culturales estén rehabilitados, y no los 5 años señalados en la estructura programática del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación), situación que limita la preservación de los valores patrimoniales”, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe.

En el marco del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), en 2019 la dependencia “no contribuyó a garantizar la realización del derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes culturales afectados por los sismos”. Ello, por la “cobertura marginal” que presentó: de los 1 mil 137 recintos afectados, sólo fueron beneficiados con los apoyos del programa 206 bienes, de los cuales sólo en 101 se concluyeron las acciones de recuperación en ese año.

A causa de los sismos ocurridos en septiembre de 2017 –que tuvieron una magnitud de 8.2 y 7.1 grados–, y por el sismo de febrero de 2018 –con una magnitud de 7.2 grados–, que afectaron principalmente la región centro-sur de México, el gobierno federal instrumentó el PNR, al que le fue asignado en 2019 un monto de  8 mil millones de pesos, de los cuales a Cultura le tocó el 10 por ciento: 800 millones de pesos.

El dinero tenía por objetivo “la ejecución de las acciones de restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento, capacitación y prevención en los bienes culturales dañados”.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los sismos de 2017 y 2018 afectaron a 12 estados del país, en los que se identificaron 2 mil 340 recintos culturales dañados; de ellos, el 18.4 por ciento presentaron daño severo, el 43.6 por ciento daño moderado y el 3 por ciento presentó daño menor.

A 2019, también se reconoció la existencia de zonas y monumentos arqueológicos que no contaron con apoyos del Fondo para el Desarrollo Nacional ni fideicomisos públicos o privados para   su reconstrucción.

Para la atención de dichos bienes culturales afectados, se estableció como responsable a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, adscrita a la Secretaría de Cultura. Pero durante su fiscalización, la ASF observó que la dependencia no contó con elementos para determinar la cobertura del PNR, debido a que estableció “diferentes unidades de medida para definir la orientación de los apoyos”. Entre ellas se identificaron los conceptos “comunidades afectadas”, “bienes culturales afectados” y “localidades afectadas en bienes culturales”.

Con el diagnóstico del PNR, en 2019 se identificaron 2 mil 340 afectaciones, de las cuales 1 mil 137 estaban pendientes de atender. Hasta el año pasado, sólo 206 bienes culturales fueron beneficiados con los recursos del PNR, “lo que representó una cobertura marginal del 18.1 por ciento”.

En cuanto a la supervisión, verificación y seguimiento de las acciones de intervención apoyadas por el PNR, la ASF observó que la Secretaría de Cultura no acreditó que la Comisión de Control y Seguimiento llevara a cabo las reuniones correspondientes, la elaboración de informes documentales, así como “el registro de los formatos de seguimiento y comprobación de recursos para los 206 bienes apoyados”. Tampoco pudo comprobar la entrega de los informes trimestrales que los beneficiarios debieron haber presentado.

En la auditoría de desempeño 2019-0-48100-07-0268-2020, el máximo órgano de fiscalización señaló que la dependencia no acreditó que los beneficiarios de los apoyos cumplieran con los requisitos: en 2019, la Secretaría de Cultura recibió 669 solicitudes, de las cuales el 8.1 por ciento se registró cumpliendo con los requerimientos; mientras que el 91.9 por ciento careció de unos o más  requisitos.

La ASF indicó que, si bien dicha Secretaría identificó 1 mil 137 bienes culturales afectados que no contaban con recursos para su recuperación, “no estableció metas anuales y de mediano plazo para su atención, ni su vinculación con los recursos económicos”.