Los argumentos con los cuales la iniciativa privada está litigando en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) son similares a los que esgrimió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional –conocida como el Decreto Nahle porque fue promovida por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García–, revela un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Recuerda que el pasado 3 de febrero, la Corte anuló 22 elementos del Decreto –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020– por ir en contra de la transición a energías renovables y violar el derecho a la libre competencia, al supuestamente dar ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ahora, organizaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF) y el BBVA Research, pero también la iniciativa privada que ha buscado ampararse, argumentan exactamente lo mismo: que la reforma a la LIE incumple acuerdos internacionales en materia comercial y ambiental, reduce la competencia en el sector y beneficia a la CFE al cambiar el orden de prioridad en la generación de energía.
El análisis Reacciones ante la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, elaborado por el IBD, también apunta que a esas voces se ha unido la Comisión Federal de Competencia Económica, que hace eco de los mismos argumentos.
Asimismo, indica que según esos puntos de vista, la reforma traería mayores costos por la generación de energía, daño al medio ambiente, mayor incertidumbre comercial, menor inversión, la posibilidad de mayores subsidios a la CFE y deterioro de las finanzas públicas nacionales.
Dicha iniciativa de ley fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, tras su aprobación en el Congreso, publicada el 9 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, según el diario El Economista van más de 30 juicios de amparo por parte de la iniciativa privada y, en algunos de ellos, ya se ha concedido suspensión de sus efectos.
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