Emilio Godoy/IPS
Chicoasén, Chiapas. En 1976, la construcción de una central hidroeléctrica diezmó las tierras productivas de Chicoasén, en el Sur de México, y 40 años después parte de sus pobladores luchan contra un nuevo despojo con la erección de una segunda represa en el área.
“Ya destruyeron todo. Las tierras son inservibles, ya no se pueden trabajar. La presa ha afectado mucho nuestra vida”, lamenta a Inter Press Service (IPS) el ejidatario Antonio Herrera, en este municipio rural del estado de Chiapas.
Herrera denuncia que los campesinos no pueden ingresar a sus parcelas desde que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en enero de 2015 la construcción de la central Chicoasén II sobre el río Grijalva y reclamó el uso de parte de su ejido, un tradicional esquema de tenencia y explotación comunal de tierras públicas.
Un enorme brazo mecánico rasguña el terreno para chupar arena y grava, mientras Herrera, miembro del Comité Ejidal de Chicoasén, muestra a la distancia el lugar de la obra, donde un manto pajizo ha pintado la vegetación del entorno, ahora mutada del verde a café claro.
La represa, con 240 megavatios de capacidad instalada y un costo de unos 300 millones de dólares, tendrá un canal abierto de 933.62 metros y una cortina de 30 metros de alto y se prevé que comience a operar en julio de 2018.
El estudio de impacto ambiental, presentado por la CFE a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y consultado por IPS, indica que la superficie requerida totaliza 234 hectáreas, de las cuales 188 se destinarán al embalse, emplazado a unos 850 kilómetros al Sur de la Ciudad de México, en este municipio de 5 mil 159 habitantes, territorio ancestral del pueblo zoque.
La CFE adjudicó la construcción a un consorcio de tres empresas mexicanas y la filial costarricense de la corporación china Sinohydro. La generadora ya expropió 69 hectáreas para el nuevo emprendimiento en Chicoasén. Los perjudicados recibieron unos 2 mil 300 dólares por hectárea.
En 1951 el gobierno concedió 3 mil 440 hectáreas para la constitución del ejido, una extensión que más que se duplicó en 1986 con la cesión de otras 3 mil 461, en beneficio de un total de 460 ejidatarios, de los cuales han muerto unos 50, heredando sus parcelas a sus mujeres o sus hijos.
La primera represa, a 100 kilómetros de distancia de la segunda, tomó tierras de la cesión inicial y la planeada de la última aportación.
Cuando en 1976 la CFE construyó la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, más conocida como Chicoasén I, con capacidad para generar 2 mil 400 megavatios, la empresa prometió el pago de sus tierras y aportar el servicio de agua potable, una escuela y una clínica, ofertas que no se cumplieron, aseguran los ejidatarios.
Ahora, la historia retorna con recuerdos envenenados.
“No tenemos información de la hidroeléctrica. No sabemos qué va a pasar con la población a orillas del río. La CFE dice que tiene permisos de los ejidatarios, pero no se los hemos dado. Se basa en un acta de asamblea falsa, que tiene firmas de propietarios muertos”, denuncia a IPS la hija de un ejidatario, Claudia Solís.
Para bloquear la nueva represa, los afectados han recurrido a manifestaciones, huelgas de hambre de sus ancianos y medidas legales, en un escenario en que los ejidatarios están divididos, porque un grupo de ellos apoya la segunda represa.
Los opositores, la mayoría y con edades de entre 60 y 90 años, acompañados de sus bastones, sus sombreros campesinos y sus familias, dedican sus últimas energías a defender sus posesiones y, más aún, su forma de vida.
En diciembre de 2014, 62 propietarios interpusieron amparos individuales, que fueron avalados por un juez federal en octubre pasado. Además, en marzo de 2015 presentaron un amparo colectivo, que fue admitido por otro juez federal en mayo pasado, sin que por ello se haya detenido la obra.
La población local cultiva maíz, calabaza, frijol, sandía, melón; pesca en el embalse, y atiende a los turistas que frecuentan la zona.
Chiapas es el escenario de grandes proyectos energéticos ya construidos o planificados por el gobierno y las empresas.
En el estado operan ya cuatro represas que aportan 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país, más otras tres pequeñas generadoras, dentro de la que es la cuenca hidrológica mexicana más importante.
En México, 13 grandes centrales hidroeléctricas aportan más de 10 mil megavatios anuales, de los 65 mil generados en el país. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029, lanzado en julio pasado, sólo hay un nuevo proyecto hidrológico, el de Chicoasén II.
El estudio ambiental de Chicoasén II reconoce la afectación directa sobre cinco comunidades del municipio e indirecta sobre otras 10 y reconoce que el embalse, desmonte, despalme, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo perjudicará al paisaje, la fauna terrestre y el drenaje superficial.
“No queremos la presa. La CFE nos ha dicho que nos esperemos y no nos hace caso, no nos toma en cuenta”, asegura Herrera, en cuya familia hay otros cuatro ejidatarios.
En 2013, el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático rechazó incluir Chicoasén II como un proyecto de compensación de México de su emisión de gases de efecto invernadero, con el argumento de que no estaba demostrado que existieran beneficios de reducción de emanaciones, que el gobierno cifraba en 299 mil 436 toneladas de dióxido de carbono.
Además de su papel clave en la energía hidroeléctrica, Chiapas ha adquirido desde la década de 1970 un peso creciente en materia petrolera y tanto la compañía estatal Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Energía (Sener) incluyeron en 2015 en sus planes nuevos campos para explotar o licitar en el estado.
En Chiapas operan 20 yacimientos, con reservas por unos 278 millones de barriles de petróleo, cuya actividad impacta sobre sobre 38 comunidades zoque, distribuidas en seis municipios.
Una encuesta realizada por la Sener sobre los impactos en otras actividades económicas por las operaciones petroleras, realizada en las gobernaciones de los estados, identificó la existencia de perjuicios en los sectores agrícolas, turísticos y en sitios arqueológicos, así como en nueve grandes áreas ambientales.
“La exploración (petrolera) tiene impactos sobre bosques, selva, recursos hídricos, asentamientos indígenas. Va a agudizar la conflictividad que ya existe…, pero las petroleras no se detienen ante los conflictos sociales”, analiza a IPS el profesor Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Además, el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural 2015-2019 establece el gasoducto Salina Cruz-Tapachula, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, de 440 kilómetros de longitud, en un proyecto que entraría en vigor en 2018, aunque todavía no se licitó.
Para Barbosa, los planes petroleros son inviables. “Si se desarrolla un yacimiento importante, se pueden repetir los desastres ambientales ocurridos en otros estados”, alerta.
La Ley de Hidrocarburos, vigente desde agosto de 2014 y parte de la reforma que abre los hidrocarburos y la electricidad al capital privado, estipula que la Sener debe organizar consultas previas, libres e informadas entre comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollen proyectos energéticos.
Además, los interesados en obtener permisos para ejecutar esas obras deberán presentar una evaluación de impacto social.
Estos requisitos no se han aplicado en Chiapas, según la versión de afectados y activistas sociales y ambientales.
Emilio Godoy/IPS
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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