La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo “un atento llamado” a la Cámara de Diputados para que apruebe a la brevedad la llamada “Ley Olimpia” y se incorpore a la discusión la obligación que tiene el Estado de salvaguardar la dignidad de las mujeres como base fundamental para el ejercicio de sus derechos humanos.

El organismo celebró que las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, hayan aprobado por unanimidad dicha iniciativa, “que tipifica los actos sexistas y la difusión del discurso de odio contra las mujeres en medios de comunicación, y establecer penas de tres a seis años de prisión a quien violente la intimidad sexual de las personas”.

En un comunicado, la CNDH dijo que la violencia contra las mujeres constituye un grave problema público que merece una pronta atención.

Por ello reconoció “el trabajo y la apertura del Senado de la República en el combate a esta violencia de género coadyuva en el avance hacia una sociedad más equitativa y justa en el trato hacia las mujeres. Es obligación del Estado mexicano garantizar el acceso a una vida libre de violencia para todas las personas y, con particular atención, a las mujeres, quienes viven una constante violencia estructural en agravio de sus derechos humanos”.

Y agregó que la “difusión de imágenes de contenido sexual en medios digitales o análogos, sin el consentimiento de la persona que aparece en él, es una de las diversas conductas que constituyen un agravio hacia las mujeres; atenta contra la libertad, autonomía sexual, la privacidad y la intimidad”.

Y recordó que la Constitución Mexicana reconoce los derechos sexuales y reproductivos, así como a la intimidad y la vida privada; este último, además, está reconocido en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La CNDH advirtió que “la violencia sexual ejercida a través de la difusión de imágenes con contenido sexual, sin consentimiento, afecta principalmente a las mujeres y tiene repercusiones graves en su vida privada, por lo que la previsión de sanciones para quienes realicen conductas que vulneren la intimidad es un medio para que las víctimas puedan hacer exigibles sus derechos”.