En 2016, más de 59 mil personas murieron por consumir drogas ilegales en Estados Unidos. Los decesos por sobredosis se han duplicado de 2002 a la fecha. No obstante, a finales del año pasado hubo un 23 por ciento menos de enjuiciamientos federales por crímenes de drogas que en 2011

Washington, Estados Unidos. Más de 59 mil personas muertas en 2016; grave problema a nivel nacional; situación de emergencia; amenaza para todos; nadie está a salvo; necesidad de poner fin a la crisis actual…

Cada una de esas afirmaciones y otras afines resultan propicias para referirse al creciente consumo de opiáceos (analgésicos, drogas sintéticas y heroína) en Estados Unidos, donde viven casi 327 millones de personas.

De acuerdo con cifras recientes divulgadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en esta nación, los decesos debido a sobredosis de dichos productos se duplicaron de 2002 a 2015.

Aunque el número de prescripciones de medicamentos opiáceos disminuyó en 2016, precisaron los datos, los casos de consumo desmedido aumentaron a 19.9 por cada 100 mil personas, en comparación con los 16.7 por cada 100 mil registrados el año precedente.

En 2015, las muertes por excesivas dosis de estupefacientes sumaron más de 52 mil, de las que el 63 por ciento estuvo relacionado con la utilización de un opioide.

Autoridades sanitarias han instado innumerables veces a los encargados de la prescripción de este tipo de medicamentos a ser cautelosos y a alertar a los pacientes sobre sus riesgos.

Las cantidades más altas de opiáceos recetados se registran en ciudades pequeñas con un mayor porcentaje de residentes blancos no latinos entre quienes prevalecen enfermedades como la diabetes y la artritis, según investigaciones de dichas fuentes.

Frente a este contexto, el pasado 8 de agosto el presidente estadunidense Donald Trump prometió una respuesta más fuerte de la ley para combatir la crisis de los opioides.

Asimismo, expresó en su residencia privada de Bedminster, Nueva Jersey, la necesidad de enfrentar a “los traficantes de drogas que envenenan a las comunidades” de la nación.

Ese mismo día, en su cuenta personal de la red social Twitter, el jefe de Estado calificó la actual situación como un gran problema para su país y, después, en un encuentro con el secretario de Salud, Tom Price, se refirió a dimensiones nunca antes vistas.

Por otra parte, junto a Price y el director de la política nacional de control de drogas, Richard Baum, apuntó que los juicios por esas sustancias han disminuido en los últimos tiempos.

A finales de 2016 hubo un 23 por ciento menos de enjuiciamientos federales que en 2011. Así que miraron este aumento y lo dejaron pasar, expresó el gobernante, quien ha criticado casi todas las políticas de su predecesor en el cargo, Barack Obama (2009-2017).

“Nosotros no lo vamos a dejar pasar”, apuntó el mandatario republicano, quien recalcó que las sentencias promedio por crímenes de drogas disminuyeron un 20 por ciento de 2009 a 2016.

En opinión de Trump, la aplicación de la ley es absolutamente vital para tener una sociedad libre de esas sustancias, y resulta necesario un tratamiento basado en la abstinencia para combatir el fenómeno.

La mejor manera de prevenir la drogadicción y la sobredosis es evitar que las personas abusen de los estupefacientes en primer lugar; si no empiezan, no tendrán ningún problema; si comienzan, es terriblemente difícil salir, consideró.

También prometió colaborar con las fuerzas del orden contra los traficantes tanto dentro como fuera del país, e indicó que su administración está trabajando con China, de donde, comentó, provienen “ciertas formas de drogas hechas por el hombre”.

A mediados de mayo último, el secretario estadunidense de Justicia, Jeff Sessions, ordenó a los fiscales federales que traten de imponer las penas más severas en los delitos relacionados con drogas.

El titular, quien transmitió sus instrucciones en un memorando de casi dos páginas, afirmó que en todo caso federal la Fiscalía deberá pedir y perseguir el cargo más fuerte.

La ofensa más seria es aquella que acarrea la sentencia más alta según las directrices, incluidos los castigos mínimos obligatorios, apuntó Sessions en el documento.

Consideró que esa nueva postura constituía un avance en la política pública y promovía el respeto por el sistema legal de Estados Unidos. También, la iniciativa cambió las directivas de Eric Holder, fiscal general en la administración de Obama, quien para disminuir la superpoblación carcelaria intentó poner fin a la aplicación generalizada de duras penas contra delitos leves y no violentos.

Durante el anterior gobierno, un detenido con 1 kilogramo de heroína o mariguana, y 5 de cocaína, podía evitar enfrentar una sentencia de 10 años de prisión si cumplía con los criterios establecidos al respecto.

En medio de la actual crisis, un grupo oficial de trabajo que examina la epidemia de los opioides en el país llamó a Trump a declarar una emergencia nacional de salud pública para combatir el problema.

“Nuestros ciudadanos se están muriendo, debemos actuar con valentía para detener esto”, escribió en una carta la comisión creada por el ocupante de la Casa Blanca a finales de marzo último y bajo la dirección del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

“Resulta una epidemia total, es algo de lo cual casi no se habla comparado con la crudeza que estamos presenciando”, estimó entonces el presidente Trump.

Los cárteles de la droga, agregó, han expandido su industria mortal por toda nuestra nación y la oferta de narcóticos, algunos más baratos que caramelos, ha devastado a las comunidades.

Dicha misiva recoge que 142 estadunidenses fallecen por sobredosis de drogas todos los días, por lo que cada 3 semanas el país sufre un número de decesos igual al causado por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En un primer momento, Price indicó que Trump no decretaría la emergencia nacional por esta situación, pero 48 horas después, el 10 de agosto, el mandatario aseguró que planea hacerlo.

“Ahora estoy diciendo oficialmente que es una emergencia nacional, lo vamos a redactar y vamos a declararla, es un problema serio como el que nunca hemos tenido”, indicó.

Como opinó el referido grupo, ese paso permitirá al gabinete adoptar medidas audaces y obligará al Congreso a centrarse aún más en el financiamiento y el empoderamiento del Ejecutivo para evitar la pérdida de vidas.

Por otro lado, la agencia estadunidense encargada del enfrentamiento a las drogas sugirió el 4 de agosto reducir en un 20 por ciento la elaboración de opiáceos en 2018.

La propuesta se refirió especialmente a la oxicodona, la codeína o la metilmorfina, y el fentanilo, que son los fármacos más comunes dentro de dicha clasificación.

Médicos, farmacéuticos y pacientes deben reconocer los riesgos inherentes a estas poderosas medicinas, especialmente en el uso a largo plazo, expresó en un comunicado Chuck Rosenberg, director interino de la entidad federal.

Cada vez más estados están exigiendo el uso de programas de supervisión de fármacos recetados, lo que ha llevado a un descenso en las órdenes de opiáceos, añadió.

Diony Sanabia/Prensa Latina

[LÍNEA GLOBAL]

Contralínea 553 / del 21 al 27 de Agosto de 2017