Los reclusorios se quedarán en el gobierno, indicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, en el contexto de que el gobierno federal tiene contratos, celebrados por administraciones anteriores, en los que se paga 3mil 500 pesos por recluso a particulares y los privados pretenden quedarse con la infraestructura penal.

“No se van a quedar los reclusorios con los particulares”, enfatizó desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que los beneficiarios son “los cuñados de Carlos Salinas de Gortari, los dueños de dos medios de comunicación, un gran empresario, etcétera”.

El pasado 27 de enero, el reportero Braulio Carbajal del diario La Jornada documentó que “los empresarios involucrados inicialmente fueron Olegario Vázquez Raña, por medio de su compañía Prodemex; Federico Martínez, con Tradeco; Hipólito Gerard Rivero, con GIA; Bernardo Quintana, en ese entonces con ICA; Eustaquio de Nicolás, con Homex, y Adrián García Pons, con Arendal. Posteriormente, en 2013, la quiebra de Homex orilló a vender su concesión a Ideal, de Carlos Slim”.

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