Las crisis sanitaria y económica, provocada por el coronavirus afecta ya al campo mexicano, que deben garantizar la producción de alimentos. Padecen el incremento de los precios de insumos por la devaluación del peso frente al dólar, el acaparamiento de los coyotes y la pobreza que dejó el neoliberalismo

El campo, uno de los sectores más pobres de la economía mexicana, se convierte en uno de los principales sustentos de la población en plena crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19. Ahí, los productores se enfrentan a la devaluación del peso frente al dólar, la caída en los pesos del petróleo, los vicios que prevalecen en los mecanismos de distribución y la tardanza en la entrega de los apoyos.

Además, la problemática generada por el coronavirus SARS-CoV-2 se agudiza con la paralización de los sectores turístico y restaurantero, cerrados después de decretarse la Jornada Nacional de Sana Distancia. Los números rojos que dejó el neoliberalismo en el agro nacional se incrementan.

En las tierras de la República se cultiva el 55 por ciento de los alimentos que llegan a la mesa de los que se han podido quedar en casa y de los que no. El campo no para.

En el contexto de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), comenta en entrevista que “el campo mexicano no para, está trabajando. Los campesinos y los productores son los héroes vivientes en esta crisis sanitaria y económica y por lo tanto se están haciendo esfuerzos extraordinarios de parte del gobierno para apoyar este esfuerzo productivo”.

Este sector, agrega el funcionario, demuestra que es “estratégico para la actividad económica y la vida del país”. Expone que en administraciones anteriores fue “invisibilizado y menospreciado por las políticas neoliberales, se pensó que México podía tener alimentos sin producirlos, a partir de la importación. Hoy, nos estamos dando cuenta que gracias a la persistencia y a la resistencia de los campesinos y las comunidades indígenas, el flujo de la producción de alimentos permanece”.

No obstante, José Jacobo Femat, presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), explica a Contralínea que aunque la producción campesina no se ha detenido, hay una “gran preocupación” porque la gente “no tiene un salario: no hay una retribución, no depende de un patrón y tampoco forman parte de los esquemas de apoyo del gobierno federal. Ésa es la situación que tenemos y obvio la esperanza es que esta pandemia no crezca”.

Crisis histórica

Previo a la presencia del virus, el agro nacional se debilitó bajo el esquema de privilegiar las importaciones de alimentos, principalmente de Estados Unidos. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, se achicó el papel del Estado en el impulso de la producción nacional. También, se dotó a los grandes empresarios y trasnacionales con los recursos del erario.

Francisco Chew Plascencia, líder del Movimiento Social por la Tierra (MST), comenta que los campesinos han abierto frentes ante dos crisis: la sanitaria y la económica. “La mayor parte de los trabajadores del campo y la población rural en general se encuentran fuera de la cobertura de la seguridad social, pese a la reciente creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)”.

El Insabi, añade Chew Plascencia, “es un sistema de salud que no termina de transitar. A eso, le sumamos que hay un gran número de comunidades que se encuentran en pobreza y marginación, lo que implica que no hay ni siquiera servicios básicos como agua potable, drenaje, etcétera. No hay la cobertura necesaria del sector, la llegada de la pandemia a ciertas zonas sería catastrófica”.

El líder del MST hace énfasis en las condiciones en las que sobreviven los trabajadores agrícolas en regiones como la del Valle de San Quintín, en Baja California, donde los jornaleros son en su mayoría migrantes del sureste mexicano, ganan apenas el salario mínimo y no todos cuentan con seguridad social.

A esta crisis, expone, la gente del campo contratada es “la población más fácil de despedir de sus fuentes de empleo porque no tiene derechos laborales. También es la que está regresando en grandes cantidades de los campos estadunidenses”.

Por su parte José Jacobo Femat, líder de más de 100 mil afiliados a la Cocyp, expone que la declaración sanitaria no se puede acatar en el campo “porque el ciclo agrícola también tiene sus límites, si no se aprovecha la temporada no se siembra y no hay cosecha. En este caso no hay una posibilidad de que el productor se quede en casa”.

Hace énfasis en que uno de los factores que aquejan a la población de este sector y que se ha incrementado en esta crisis: la distribución de los alimentos, pues “todavía persisten las estructuras de acopio comercial o del gran monopolio y el productor está ajeno a los mercados. Si un productor quiere entrar a la Central de Abastos, no puede vender a los bodegueros, tienen que entregarle a los coyotes que están ahí y ellos son los que van a fijar el precio y la forma de pago”.

Víctor Suárez Carrera, funcionario de la Sader, explica que en estos momentos de crisis el agro nacional está trabajando en una “doble dinámica: la de la autoabastecimiento de la población rural (de las familias de los campesinos y productores indígenas) y, por otro lado, la de la producción de alimentos para las ciudades, en la que también aporta su contribución el sector comercial, tanto para el mercado interno como para la exportación, un sector que genera muchos empleos, al menos estacionalmente”.

Lo que se está haciendo para que el esfuerzo productivo continúe y no se interrumpa, dice el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sader, es que se están trasladando alrededor de 40 mil millones de pesos a la población rural de los diferentes programas de Bienestar.

Menciona que en el primer trimestre de 2020, el monto fue destinado a 8 millones de personas del campo, entre los programas de: Adultos Mayores, a Personas con Discapacidad, Becas de Educación Básica, de educación media superior, las llamadas Tandas de Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Escuela es Nuestra y Producción para el Bienestar.

“Este es un primer piso de apoyo para el mantenimiento de los ingresos y de la activación de la economía local, comunitaria, que de manera extraordinaria se han estado anticipando, por ejemplo, en el Programa de Adultos Mayores se anticiparon las entregas de dos bimestres en un primer bimestre”, explica.

El segundo punto, añade, es el apoyo de carácter productivo para impulsar el inicio del ciclo agrícola, con el programa Producción para el Bienestar que canaliza apoyos directos a la liquidez de pequeños productores con un monto anual de 11 mil millones de pesos.

Suárez Carrera comenta que a la fecha se han canalizado recursos a 550 mil pequeños productores de maíz, frijol, trigo y sorgo por 2 mil 100 millones de pesos. En abril se canalizarán apoyos a productores de café, caña de azúcar, indígenas y de granos. Para ello se contemplan 550 mil productores por 3 mil millones de pesos.

Además, la Sader tomó la decisión de apoyar el precio del maíz en las zonas comerciales de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, a través de Segalmex [Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo descentralizado, sectorizado a la Sader], con un precio de garantía de 4 mil 150 pesos, en la dinámica de los ciclos productivos en curso, “de tal manera que es muy importante para el país valorizar a la agricultura mexicana y en particular a la pequeña y mediana que es la que está produciendo los alimentos no solamente para su autoconsumo, sino para los mercados regionales, estatales y ese flujo de producción no para”, enfatiza el subsecretario de la Sader.

La agricultura mexicana, dice, es un sector que va a permitir transitar de la mejor manera en esta crisis sanitaria y económica, impulsada por factores externos globales, como: la caída del precio del petróleo, la devaluación del tipo de cambio y la recesión económica global.

Insumos a la alza

Con la recesión económica global provocada por el coronavirus, el peso ha perdido frente al dólar -con una cotización de 24.62 pesos por dólar, al 23 de abril-, lo que ha implicado el incremento en el precio de los insumos que se utilizan para el campo: plaguicidas, fertilizantes, abono y semillas, comenta Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del Campo (FAC), integrado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y MST.

La mayor parte de los insumos vienen de Estados Unidos, dice el líder campesino en Chihuahua. “Nosotros les compramos semilla para la siembra, fertilizantes, insecticidas. En el caso de los fertilizantes, México sólo produce el 30 por ciento de consumo nacional de este producto, los importamos en su mayoría; como está pasando con las plantas manufactureras que tienen su consumo de insumos desde China y están paradas. Estamos comunicados con todo el mundo, pero no somos potencia”, enfatiza.

A ello se suma, comenta Antonio Medrano, la cancelación del Procampo, operado en las administraciones anteriores, pues han quedado fuera los productores que alcanzan a tener entre 10 y 15 hectáreas, “eso nos servía para hacer la principal labor para la agricultura que se llama barbecho, ahorita ya tenemos dos años que no nos lo dan  porque se hizo un programa que se llama Producción para el Bienestar, en el que no entramos algunos”.

El productor de manzanas y frijol en Chihuahua, comenta que es necesario cambiar el sistema productivo para lograr la soberanía alimentaria pero esto tiene que ver con más presupuesto para el campo y que este sea destinado de manera distinta.

Al respecto, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sader, dice que esta crisis enfatiza que México debe “avanzar en el cambio de modelo tecnológico, es un modelo obsoleto que sólo sirve a las empresas de insumos hacia uno que esté más en manos de los productores para reducir los costos de producción, que permita la regeneración de los suelos y que hagan una agricultura más productiva, de menor costo, pero con sustentabilidad”.

Agrega que a través de la Sader se pretende transitar hacia una agricultura agroecológica, que produzca sus propias semillas, abonos orgánicos, microorganismos funcionales, insectos útiles para un manejo integrado de plagas y enfermedades y “que cada vez sea menos dependiente de los insumos y las tecnologías del exterior, porque cada vez que sube el dólar se encarecen los precios y  cada vez que sube o baja el petróleo hay afectaciones. En general, es una agricultura que cada vez genera menos rentabilidad”.

“Inconvenientes” con Segalmex

Entre las quejas que han manifestado los productores para garantizar la distribución de los alimentos es la “ineficacia” con la que operó Segalmex, a cargo de Ignacio Ovalle Fernández,  en su primer año. La crisis que genera el coronavirus, hace que las dudas crezcan con respecto a las cadenas de distribución.

Leticia López Zepeda, directora ejecutiva de Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), opina que, si bien la administración de Andrés Manuel López Obrador ya dio un paso favorable al fijar los precios de garantía para la compra de maíz, arroz, frijol y trigo panificable, a través de Segalmex, este organismo fijó estándares que los productores promedio no pudieron cubrir, por lo que tuvieron que colocar nuevamente sus cosechas con los intermediarios.

Ante esta pandemia, comenta la directora ejecutiva de ANEC, “es urgente que se rectifiquen los mecanismos de acopio para poder garantizar la comercialización y distribución de estos productos, básicos en la canasta de los mexicanos”.

Expone: “pusieron normas de calidad muy altas, pensando más en la industria que en los productores y sus condiciones estructurales. Normas de calidad en humedad, envasado, de daño por semilla, que los productores no tienen la infraestructura para eso, no entregaron a tiempo y el personal de Segalmex no fue atento. No estuvo atento para darle entrada a los más pobres, a los que necesitaban industrializar su producto y con esto aumentar su rentabilidad”.

Añade López Zepeda que se abrieron centros de acopio en zonas donde era más fácil entregarle el grano al industrial, no en las zonas donde más se necesitaba. Por esto, dice, prevalece el coyotaje, “por la ineficiencia de Segalmex que abrió hasta enero en todas las zonas chiquitas, con personal no capacitado, con infraestructura no adecuada, todo muy mal en las zonas más pobres”.

El programa para fijar los precios “es excelente, es un cambio de paradigmas que reconoce y recupera la posibilidad de que los productores entreguen, pero al operar mal toda la buena intención es muy cuestionable”, enfatiza.

Para la líder campesina, “si el Estado hace una buena estrategia de planeación y de distribución de los apoyos con eficiencia, el campo mexicano estaría listo para enfrentar esta crisis generada por el coronavirus. El campesino va a producir y tiene que seguir produciendo, son unos héroes; así como los médicos, los campesinos van a trabajar para alimentar a la población, pero el Estado tiene que mejorar todas sus cuestiones operativas; en concreto, la Sader, que dejó mucho que desear sobre todo en la operación de Segalmex”.

En este sentido, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sader, admite que Segalmex operó en su primer año con “inconvenientes”.

El funcionario de la Sader acepta que hubo tardanza en la apertura de los centros. Además, “por imponer normas de calidad extremadamente rígidas, sin ninguna tabla de descuentos, imponer un sacado del maíz en costales de polipropileno, que no son adecuados para conservación del grano y que es un costo oneroso.

“Sí, se presentaron problemas, los mismos que se están corrigiendo y que van a estar resueltos para el próximo ciclo de compras de primavera-verano de maíz y frijol, algo que estimulará el esfuerzo productivo hoy. Estoy seguro que Segalmex mejorará con mucho su operación en los próximos ciclos de compra”, comenta.

José Jacobo Femat, presidente nacional del Cocyp enfatiza: “lo que está haciendo el gobierno es bueno pero es insuficiente. Requerimos una estrategia más de fondo para que el campesino pueda tener realmente un ingreso justo por el trabajo que realiza en todos los productos. Porque, lamentablemente, seguimos con la mano de los intermediarios metida en el campo”.