El secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, determinó destituir a Benito Abraham Orozco Andrade de su cargo como vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Chihuahua, quien en noviembre del año pasado había denunciado abusos en contra de los trabajadores de esa institución.
La destitución se dio el pasado 6 de agosto, “después de aproximadamente 2 años de defender los derechos de trabajadores del INE, estando al frente de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (CNTTINE)”, informó este día el propio Orozco Andrade.
Indicó que esta represalia en su contra se derivó de un Procedimiento Laboral Disciplinario que le fue iniciado por sus actividades como coordinador general de la CNTTINE, “basándose en supuestas faltas –absurdas–, como son: ‘ofrecer y promover a través de su cuenta de correo electrónico institucional, los servicios profesionales del licenciado Luis Alberto Hernández Moreno, persona ajena al Instituto’; ‘utilizar su cuenta de correo para fines diversos a los institucionales’, y ‘conducirse con falta de verdad durante su comparecencia ante la DESPEN llevada a cabo’”.
Según el vocal ahora destituido, Jacobo Molina tomó esa determinación “basándose en las dos primeras imputaciones (pues de la tercera fue absuelto), las cuales evidente y burdamente fueron maximizadas tendenciosamente, violándose además a todas luces el derecho de asociación”.
Tras ser separado de su cargo, Orozco Andrade señaló que “en la resolución se insiste que el personal del INE es considerado de confianza, y que por tal motivo sólo tiene derecho al pago de sus salarios y a los beneficios de la seguridad social, y que no tiene derecho a constituir agrupaciones en defensa de los derechos de los trabajadores, pretendiendo atribuir que la CNTTINE se ha venido manejando como si fuera un sindicato; algo completamente falso, pero, además, sumamente grave el que una institución del Estado mexicano como el INE, que dada su naturaleza debería ser la más democrática por excelencia, esté desconociendo el derecho de asociación plasmado en la Constitución general y en diversos tratados internacionales, obligatorios para el Estado mexicano”.
El 30 de noviembre pasado, el diario La Jornada dio a conocer una denuncia de Orozco Andrade en la que advertía que al interior del INE opera un “régimen represivo, intimidatorio e institucionalizado que prevalece en contra de los trabajadores de todo el país”.
Asimismo, señalaba “casos de hostigamiento, acoso, discriminación y de humillación en contra de los empleados “sin que haya voluntad para resolverlos, y sin que los méritos importen para, en igualdad de condiciones, obtener prestaciones y beneficios en general”.
