De enero de 2012 a abril de 2020, se presentaron 929 quejas por tortura ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), de las cuales 370 continúan en investigación. Las cifras incluyen a más de 1 mil 431 personas que señalan haber sido víctimas de este tipo de tratos crueles, de las cuales 78 por ciento son hombres; no obstante, las mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia sexual.
Con conocimiento de las quejas que narran hechos de tortura, la CDHCM ha emitido 71 recomendaciones dirigidas, en su mayoría, a la Fiscalía General de Justicia capitalina (antes Procuraduría), a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, sólo 66 recomendaciones han sido aceptadas para satisfacer el derecho a la verdad y justicia de las 903 víctimas reconocidas.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura (26 de junio), el organismo recordó que México está comprometido internacionalmente en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Añadió que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –publicada el 26 de junio de 2017– sanciona esos delitos y conductas vinculadas a éstos.
Sin embargo, la CDHCM aseveró que en la Ciudad de México está pendiente concluir con la armonización legislativa en función de la ley general en la materia, de modo que esto contribuya a la prevención, investigación y sanción de la violación a los derechos humanos y, a la reparación integral del daño causado a las víctimas.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades capitalinas a fortalecer el sistema penitenciario, empezando por la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGJ y la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
