La Secretaría de Gobernación revisará este día el caso del joven Rafael Méndez Valenzuela, torturado durante la “guerra” de Felipe Calderón y actualmente preso sin justificación por supuestos delitos de crimen organizado. A decir del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas –en su opinión 14/2019–, el joven –hijo de la periodista independiente Judith Valenzuela– ha sido víctima de detención arbitraria durante casi 13 años.

De acuerdo con el Grupo de Trabajo, Méndez Valenzuela fue detenido el 22 de enero de 2008, pese a que no fue encontrado cometiendo un acto ilegal ni se invocó ninguna base legal para su detención.

“En su respuesta [a la ONU], el gobierno no respondió a este alegato, sino que indicó que el Juzgado Cuarto de Distrito emitió la orden de arresto el 6 de marzo de 2008, luego de la detención, el 22 de enero de 2008”.

Como el gobierno no documentó la existencia de flagrancia y no existía orden de aprehensión al momento de su detención, el Grupo de Trabajo de la ONU consideró que “no había base legal para su detención. De acuerdo con el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie será privado de su libertad, salvo por las causas y de acuerdo con los procedimientos de ley. Por lo tanto, para que se considere la privación de libertad es legal y no arbitraria, se deben respetar los procedimientos y garantías previamente establecidas. En este caso, el señor Méndez Valenzuela fue arrestado sin orden judicial u otra base legal, en violación del artículo 9, párrafo 1, del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. Para que una privación de libertad tenga una base legal, no es suficiente que exista una ley que la permita, ya que las autoridades deben invocar esa base jurídica y aplicarla al caso mediante una orden de detención, en el momento de ejecutar el arresto”.

En sus observaciones finales, el organismo internacional apunta que la víctima también sufrió lesiones luego de su arresto: dislocación de su hombro izquierdo cuando supuestamente fue empujado mientras bajaba de un helicóptero, esposado y con los ojos vendados. Por ello, Méndez Valenzuela sigue sufriendo problemas con la articulación de ese brazo y, presuntamente, también sufre de otros traumas físicos y psicológicos.

Agrega que en 2017 y 2018 fue examinado por expertos independientes de conformidad con el Protocolo de Estambul, aunque no se pronuncia respecto de la tortura porque el Gobierno mexicano no admitió los resultados.

No obstante, el Grupo de Trabajo reitera que el joven ya ha pasado más de 11 años en detención y que ha cumplido la pena que se le impuso inicialmente, por lo que insta al gobierno mexicano a que lo ponga en libertad inmediata e incondicional, y se asegure de que reciba la atención física y psicológica adecuada.

Además, “toma nota de las demoras que supuestamente ha encontrado el señor Méndez Valenzuela al tratar de revisar la legalidad de su detención y al presentar denuncias de tortura”. En particular, porque Méndez Valenzuela ha permanecido detenido durante más de 11 años y su estatus legal, incluyendo su sentencia, aún no ha sido resuelto. Y por que las autoridades impusieron varios trámites y obstáculos de procedimiento para retrasar la liberación, que estaban claramente destinados a causarle daño.

“En opinión del Grupo de Trabajo, es probable que ciertos retrasos se han producido como consecuencia de la presentación, por parte del señor Méndez Valenzuela, de diferentes recursos de amparo. Sin embargo, algunos de los retrasos son inexplicables y los obstáculos burocráticos parecen exceder los que normalmente se podrían esperar dentro de un sistema de justicia penal atareado, incluyendo: a) la falta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y en el nivel nacional, al no proporcionar asistencia significativa cuando se presentó una denuncia en relación con caso del señor. Méndez Valenzuela; b) la negativa del Juzgado Cuarto de Toluca de utilizar el análisis de expertos independientes obtenido por la familia del señor Méndez Valenzuela el 8 de diciembre de 2017, requiriendo un examen adicional en mayo y octubre de 2018; c) el repentino anuncio por parte de un juez, el 27 de marzo de 2018, afirmando que no era competente para resolver el caso y su solicitud de que el caso sea escuchado en Sinaloa; y d) en el momento en que se presentó la queja ante el Grupo de Trabajo, habían transcurrido más de cinco meses sin que los tribunales de Sinaloa hubiesen proporcionado información actualizada sobre el caso del señor Méndez Valenzuela”.

Gobernación revisará el caso

Luego de que en la conferencia matutina presidencial la periodista Judith Valenzuela expusiera el caso de su hijo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a revisar hoy mismo los detalles y, en su caso, solicitar la colaboración  de las autoridades judiciales para terminar con las arbitrariedades.

“Estoy aquí para exponerle un caso personal de violación de derechos humanos, y le explico: a mi hijo Rafael lo detuvieron de forma arbitraria hace ya 13 años, cuando tenía 20 años mi hijo. Lo detuvieron, lo torturaron policías del Estado de México, agentes federales y militares. Lo encarcelaron en una prisión federal por delincuencia organizada. Esto sucedió en 2008, cuando la guerra contra el narcotráfico estaba en su apogeo, cuando había esa coordinación interinstitucional que le llamaban entre los tres niveles de gobierno para aprehender a los supuestos delincuentes: muchos sí, muchos no”, explicó la periodista independiente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y agregó: “mi hijo debería ya de estar libre hace tres años. Debería de estar libre si hubiera renunciado a practicarse los exámenes médicos y psicológicos de acuerdo al Protocolo de Estambul, como le llaman, para comprobar que fue torturado. Le han practicado ya cuatro Protocolos de Estambul, cuatro exámenes médicos y cuatro exámenes psicológicos. No pasa nada. Todos los dictámenes concluyen que él tiene secuelas físicas y psicológicas debido a las acciones de tortura a los que fue sujeto durante de detención”.

Al respecto, el primer mandatario respondió: “vamos a atenderlo. Sí es nuestra responsabilidad y vamos a pedirle a la secretaria de Gobernación que hable contigo, y si es como tú lo estás planteando no tiene por qué estar tu hijo en la cárcel y de inmediato tiene que procurarse la justicia. Aun cuando este asunto esté en el Poder Judicial, tenemos una relación de respeto, de independencia de poderes, de autonomía, pero también de cooperación con el Poder Judicial, sobre todo con la Suprema Corte de Justicia, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y hablaríamos con él para resolverlo”.

Posteriormente la secretaria Sánchez Cordero dijo: “hasta donde te escuché, la Corte resolvió favorablemente que se investigara la tortura y que el juez de distrito probablemente no la investigó. Te atendemos con muchísimo gusto en la Secretaría de Gobernación, vemos tu caso y vemos –respetando la autonomía, pero también teniendo esta buena relación, como dice el presidente, que la tenemos– vemos la situación de tu hijo a la brevedad, y digo a la brevedad es hoy, mañana, hoy, para ver en qué situación se encuentra”.

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