“La reforma al Poder Judicial otorgó legitimidad social a las y los integrantes del Poder Judicial”. Esta declaración de Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una con la que concuerdo. El problema de legitimidad de los poderes judiciales, incluido el mexicano, no tiene soluciones simples ni inmediatas. Sin embargo, tal como abordé en mi columna anterior, esta no debe ser una excusa para no ensayar resoluciones que atiendan la crisis provocada por la distancia entre tribunales y ciudadanía.

Bajo este contexto, la Reforma Judicial debe entenderse como un más que necesario primer paso en el camino hacia un sistema de justicia cercano y confiable. Es sobre este avance que debemos seguir construyendo y afinando cuestiones perfectibles relacionadas con la implementación de la reforma. La mejora de los procesos de elección de magistradas, magistrados, jueces y juezas se traduce en el progreso de nuestro país. Ante ello, enfatizo que el sufragio popular es una premisa que deberá sobrevivir cualquier ajuste a la enmienda, pues fue precisamente la posibilidad de votar por quienes juzgan la razón que este cambio fue aprobado legislativa y socialmente.

Si se considera que la discusión relevante debe centrarse en cómo fortalecer el diseño para que cumpla su propósito y consolide la legitimidad que pretende recuperar, presento tres puntos que podrían ayudar a lograr ese objetivo.

El primer apunte es uno que retomo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha declarado que considera la posibilidad de aplazar la reforma un año para que se lleve a cabo en junio de 2028. Aceptar la propuesta podría ser benéfico en tanto que daría más tiempo para realizar la revisión correspondiente de los resultados. Al mismo tiempo, distanciaría la elección judicial de la lógica partidista del proceso electoral de 2027, en el que se contempla la renovación de la Cámara de Diputados y de 17 gubernaturas.

En segundo lugar, apunto la necesidad de garantizar que las candidaturas demuestren contar con las competencias y conocimientos propios de la función. La incorporación de pruebas técnicas que acrediten estas capacidades permitiría ofrecer a la ciudadanía perfiles con preparación suficiente para el cargo.

Como tercer punto, y a la par de la implementación de examinaciones técnicas, estimo pertinente considerar la reducción del número de candidatos por posición. Ello contribuiría a tener un proceso de selección más exigente y riguroso. También simplificaría la boleta para el día de la votación.

El objetivo de estos ajustes es consolidar la reforma. La elección popular reconoce una crisis de legitimidad y abre una vía para atenderla. Su aplicación exige precisión institucional y reglas que aseguren calidad técnica e independencia. Si el propósito es acercar la justicia a la sociedad, el diseño debe sostener esa intención con mecanismos rigurosos. Perfeccionarla es parte fundamental del mismo compromiso democrático que le dio origen.

Ana María Ibarra Olguín*

*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho.

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