La politización del tema migratorio en Estados Unidos –donde al menos 11 millones de personas viven y trabajan sin documentos– frena cualquier intento de mejorar las condiciones de vida de los migrantes. El Partido Republicano ha declarado la “guerra” a un sector al que, en menos de 2 años, le estará pidiendo sus votos, consideran analistas y miembros del Partido Demócrata
Luis Beatón/Prensa Latina
La crisis migratoria en Estados Unidos es reconocida como un conflicto muy doloroso hasta por el papa Francisco, para quien “la migración, hoy día, está muy relacionada con el hambre, la falta de trabajo, y esta tiranía de un sistema económico que tiene al dios dinero en el centro y no a la persona”.
Pese la decepción de millones de afectados por el incumplimiento de la prometida reforma de las leyes migratorias y la represión desatada a causa de leyes estatales contra miles de indocumentados, los republicanos, incluidos conservadores y menos conservadores, insisten en mantener el problema como un rehén, ya histórico, de los procesos políticos internos.
Los republicanos deben cesar su “guerra” contra los sin papeles porque su postura en contra de los alivios migratorios es “troglodita” y “no cristiana”, afirmó recientemente el gobernador demócrata de California, Jerry Brown, cuyo estado alberga a millones de personas que viven en la sombra.
“Yo diría que la postura republicana es troglodita, en el mejor de los casos; y no cristiana, en el peor de los casos”, dijo Brown a los periodistas al salir de una reunión en la Casa Blanca.
El gobernador calificó de “desafortunado”, tanto para los inmigrantes afectados como para los mismos republicanos “que necesitarán el voto hispano en 2016”, si la batalla legal se prolonga y no se ponen en marcha los alivios migratorios, una iniciativa lanzada por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014.
“Desearía que los republicanos cambien de parecer porque le están declarando la guerra a millones de personas, no sólo a los indocumentados, sino también a la gente que simpatiza con ellos”, sostuvo.
Los integrantes del llamado partido rojo insisten en que Obama se ha excedido en sus poderes ejecutivos al acudir a las prerrogativas para favorecer a cerca de 5 millones de las personas que viven en la sombra.
Según Brown, el mandatario actúa de “forma legal, constitucional y sabia”, en un asunto que respeta los derechos humanos de los inmigrantes.
Los alivios migratorios para indocumentados en Estados Unidos enfrentan ahora un complicado escenario, matizado por el enfrentamiento entre demócratas y republicanos en el Congreso, y la presión de 26 estados por descarrilar la acción de la Casa Blanca, la última de una serie de acciones que, desde cuando Obama asumió el gobierno en 2008, lanza la oposición en este campo.
La decisión del juez federal Andrew Hanen, en Brownsville, Texas, que frena temporalmente la puesta en marcha de las mejoras, desató polémicas entre los favorecidos y entre grupos de poder que se oponen a ceder en medidas que beneficien a muchos de los más de 11 millones de personas que viven sin legalizarse en el país.
Hanen decidió que la administración de Obama tiene que suspender temporalmente la puesta en marcha de la expansión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), hijos de inmigrantes y otro similar para adultos, conocido por su sigla en inglés DAPA, mientras se resuelve una demanda de los estados contra el plan.
Sin embargo, no se pronunció sobre la legalidad o constitucionalidad de la acción ejecutiva anunciada el 20 de noviembre, aunque especialistas estiman que su fallo sugiere, en última instancia, que decidirá que éstas se hicieron de forma ilegal. Los argumentos de Hanen indican que el mandatario no cumplió con los requisitos establecidos dentro del Acta de Procedimientos Administrativos (APA, por su sigla en inglés), que exige que el gobierno anuncie la puesta en marcha de regulaciones federales en el Diario Oficial (Federal Register) y que haya un periodo de comentarios públicos.
Al respecto, expertos legales consideran que esa ley federal no aplica a medidas ejecutivas y que, en todo caso, un escenario posible es que la administración inicie ese proceso para responder a la queja del magistrado de Texas.
El 12 de marzo el Departamento de Justicia presentó una moción de emergencia ante el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans que, de ser aprobada, permitiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en marcha las políticas migratorias, indicó Emily Pierce, portavoz del Departamento de Justicia.
En la demanda de 22 páginas, el gobierno federal solicita al tribunal suspender el fallo en su totalidad o al menos en los estados que no forman parte de la demanda colectiva de 26 de éstos contra las normas.
El caso de los 26 estados tiene una interpretación más simple, pues tradicionalmente es el gobierno federal el que decide sobre la política migratoria, y más aún cuando esas regiones no han demostrado que la acción de la Casa Blanca les causará un gran daño.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, opina que el caso finalmente se decidirá en una instancia superior, si no en el Tribunal Supremo, y que el fallo de Texas es tan sólo un paso en el largo proceso judicial.
El Tribunal en Nueva Orleans puede suspender el fallo de Hanen, con lo cual se pondrían en marcha los alivios migratorios de inmediato, o dejarlo en pie, por lo que el gobierno federal tendría que esperar a que se cumpla todo el proceso del litigio, algo que podría tomar varias semanas o meses, y cada parte del litigio puede apelar. Si el proceso se prolonga, el Tribunal Supremo, si sigue su tradición de defender los poderes del Ejecutivo, puede reiterar que el gobierno federal es el que tiene las tareas de hacer cumplir las leyes migratorias, no los estados.
Por lo pronto, la decisión de Hanen, un juez nombrado bajo la administración de George W Bush, sólo demoraría la expansión del DACA y el nuevo DAPA, cuyos beneficiarios serían cerca de 5 millones de personas.
Según Eric Price, un fiscal de Migración en Los Ángeles con el expresidente Bush y el presidente Obama, es obvio que el juez en Texas está protagonizando un juego político, ya que diferentes mandatarios han proclamado “acciones diferidas” sobre inmigrantes sin publicarlas en el Diario Oficial y nunca ha sido un problema para que sean ejecutadas.
En ese sentido, y luego del fracaso para descarrilar la iniciativa presidencial, los republicanos estadunidenses ahora evitan centrar su atención en una reforma de las leyes migratorias, según un comentario del diario The Hill.
Reacia a legislar sobre el tema y sobre todo lo que pueda representar un legado del gobierno del primer presidente negro de Estados Unidos, esa agrupación no está a punto de renovar su lucha contra las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre la inmigración en el corto plazo, señala el texto al valorar lo mal parado que está por su negativa a avanzar en un tema que pudiera acaparar espacios importantes durante la campaña presidencial de 2016.
Pocos dentro del Partido Republicano esperan algún tipo de debate sobre ese asunto en el Senado en el futuro previsible, ya que éste pasó a un segundo plano, luego de que centrara su labor en el presupuesto, los acuerdos comerciales y en la reforma fiscal.
“Creo que el tema de la presunta extralimitación del presidente con su orden ejecutiva del pasado mes de noviembre, probablemente, será decidido por los tribunales. Y eso no es una mala opción”, estimó la senadora republicana Susan Collins, por Maine, una reiteración de la política partidista de torpedear cualquier arreglo.
No obstante, la reforma migratoria pende como espada de Damocles sobre los opositores y pudiera ser desastrosa en los venideros comicios, ya que a lo interno importantes figuras republicanas advierten que deben abrazar la causa y ser campeones de una reforma migratoria integral si aspiran a regresar a la Casa Blanca en 2016.
Por ejemplo, precisa The Hill, en ambos partidos los defensores de la actualización se vieron fortalecidos cuando el Senado acogió por abrumadora mayoría un proyecto de ley bipartidista en junio de 2013. Sin embargo, la medida se estancó en la Cámara de Diputados y no se aprecia un escenario ahora que haga pensar que la causa de los más de 11 millones de personas que viven en la sombra avance, a no ser como ingrediente de la próxima campaña para controlar el Congreso.
En una reunión con defensores del tema el mes pasado, Obama dijo que no tenía esperanzas de que este Congreso, dominado por los republicanos, aprobara un proyecto de ley que él sería capaz de firmar, según comentaron asistentes al encuentro.
Aparte de algunas declaraciones con fuerte retórica contra la decisión presidencial del 20 de noviembre, los líderes republicanos no presentan una estrategia para revertir la amnistía de Obama, dijo Dan Holler, portavoz de Heritage Action for America, un grupo que hizo suya la táctica de vincular el financiamiento del Departamento de Seguridad Interior a la inmigración.
Comentaristas políticos de los problemas del Congreso estiman que la ahora mayoría en ese foro, republicana, buscará ventajas en tratar de hacer una reforma fiscal, aprobar un presupuesto y, finalmente, la adopción de una ley de transporte a largo plazo, temas que pudieran aportarle más beneficios que otra batalla con la Casa Blanca sobre la inmigración.
Según el senador John Thune, republicano por Dakota del Sur, otro debate interminable en esa materia no es “necesariamente una buena idea” y, al parecer, menos aún lo es arreglar el disfuncional sistema migratorio del país para favorecer a los más de 11 millones de personas que esperan vivir sin el temor de verse separados de su familiares al ser deportados.
Luis Beatón/Prensa Latina
[Sección: Línea Global]
Contralínea 434 / del 26 de Abril al 2 de Mayo 2015
