Intromisión a la autonomía y libertad sindicales/Primera parte
Temeroso de que el país conociera los ocultos intereses que motivaron la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y el atentado laboral y jurídico perpetrado contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Felipe Calderón Hinojosa ordenó reservar por 12 años los expedientes oficiales donde se contenía la información en torno al encubierto Golpe de Estado que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores el 11 de octubre del 2009.
En 2021, los mexicanos podrán enterarse que nada de lo argumentado por quien, ahora se sabe, encabezó un narcogobierno, fue válido para justificar el decreto de extinción de LyFC; sin embargo, no es necesario esperar dos años para recapitular sobre los antecedentes de esta infamia donde diversos personajes mostraron su baja estofa y su absoluto desinterés por los derechos de los electricistas, la defensa del sector energético y el bienestar de los usuarios.
Marcado desde el inicio de su gobierno por la sospecha de un cuestionado triunfo electoral con notorias evidencias de fraude, Felipe Calderón Hinojosa no solo declaró una disparatada guerra contra los capos del narco en su afán de legitimarse, sino también se lanzó contra aquellas organizaciones sociales y sindicatos independientes que manifestaron en 2006 su abierta adhesión a Andrés Manuel López Obrador. Tal era el caso del SME, que por acuerdo de Asamblea General decidió apoyarlo.
El golpe artero y cobarde al SME no fue obra de la casualidad, sino parte de una orquestada estrategia para golpear a una organización que desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se opuso a los intentos de privatización de la industria eléctrica nacional. Los primeros visos de que el espurio Calderón quería quitar de en medio al combativo SME, fue la campaña de linchamiento mediático que inició durante la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del periodo 2008-2010, donde a través de gente como Carlos Loret de Mola se buscó calificar como privilegios prestaciones ganadas por los electricistas en años de lucha, como los tratamientos de equinoterapia y definoterapia a los hijos de los trabajadores con problemas neurológicos.
Pero no solo comunicadores de Televisa, sino también funcionarios como el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño se subieron al ring de la ilegalidad para denostar y amenazar al SME, pues a pesar de que en dicha negociación se había alcanzado un acuerdo para rescatar al organismo público descentralizado mediante un convenio de productividad con 27 indicadores, que tendría vigencia hasta marzo del 2012, el narcogobierno de Calderón nunca tuvo en mente respetar tales acuerdos.
De estas negociaciones fueron testigos funcionarios como la entonces secretaria de Energía –más tarde consejera de Iberdrola–, Georgina Kessel, y el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, el pianista fracasado Javier Lozano Alarcón. Cabe recordar que al primer año de entrar en vigor los acuerdos, el cumplimiento de los indicadores llegó a un 95 por ciento de los objetivos y estaba en marcha implementar un sistema de gestión comercial para emplear los mil 200 kilómetros de red de fibra óptica de LyFC, con el fin de ofrecer servicios de voz, datos e imagen (triple play) a millones de usuarios a bajo precio; de hecho, Kessel acudió a una demostración de dicho sistema implementado por el SME y un grupo multidisciplinario del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el edificio de Juárez 90. La viabilidad de su funcionamiento quedó plenamente demostrada.
En la revisión salarial de 2009, meses antes del golpe al SME, la Junta de Gobierno de LyFC acordó con el entonces director Jorge Gutiérrez Vera, solicitar ante el Ifetel la autorización para operar una red pública de telecomunicaciones, pero tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro salió a relucir que los exsecretarios de Energía en el gobierno de Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales, ya tenían la concesión del director de la empresa para operar por 30 años la red de fibra óptica al irrisorio precio de 80 millones de pesos. Todo lo acordado con los funcionarios de Calderón resultó así una farsa. En sus planes nunca estuvo el rescate financiero de la paraestatal, sino liquidarla para adueñarse de su infraestructura en beneficio de la élite panista.
Tras la revisión salarial del 16 de marzo de 2009, que resultó exitosa al romperse el tope salarial, se inició el proceso para elegir a la mitad del comité central con el cargo más importante; es decir, la Secretaría General. Pero antes de iniciar las campañas internas, el gobierno ya había iniciado un proceso de intromisión, valiéndose de personajes como el exsecretario seneral Jorge Tapia Sandoval, el traidor que durante su gestión en los años 80s vendió la mitad del territorio que atendía Luz y Fuerza. De tal forma que en mayo de 1985, el SME perdió 22 mil metros cuadrados de territorio en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los charros del SUTERM.
Fue Tapia Sandoval quien llevó a los electricistas del SME a una supuesta huelga de tres días por incremento salarial de emergencia en 1987; la huelga fue declarada inexistente y los smeitas sufrieron el descuento de tres días de sueldo; tal simulación orquestada por Tapia fue una vil maniobra para apoyar a un grupo del PRI que buscaba posicionar a Alfredo del Mazo González como candidato de ese partido a la Presidencia de la República.
Siempre dispuesto a traicionar al SME, Tapia acató las instrucciones de su compadre Gutiérrez Vera para darse a la ominosa tarea de convocar a otros secretarios y exmiembros del comité central resentidos, para crear una planilla de oposición, coptando a base de dinero al entonces secretario tesorero Alejandro Muñoz Reséndiz, quien a través de la planilla Transparencia Sindical obtuvo millonarios apoyos financieros de la Dirección de Luz y Fuerza. A la fecha se tienen registrados más de 500 millones de pesos.
Tapia fue el encargado de llevar a Muñoz Reséndiz a Los Pinos con César Nava, y tramar con Javier Lozano la intromisión oficial no sólo de la Secretaría del Trabajo sino de diversas dependencias, mediante la compra de votos y el pago de cantidades millonarias a los medios de comunicación para tratar de imponer a su candidato.
Pese a todo el aparato de Estado que de manera ruin violentó la autonomía del SME, no lograron su objetivo; una y otra vez se contaron los votos ante los representantes de la planilla de Muñoz y al final tuvieron que salir públicamente a reconocer su derrota, situación que no le gustó en lo absoluto al sinvergüenza de Lozano Alarcón, quuien ordenó a sus corifeos demandar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la nulidad de la elección. Situación que aprovechó el narcogobierno para negar la toma de nota a la planilla ganadora y preparar el Golpe de Estado del 11 de octubre del 2009. (Continuará)
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
