Es un hecho del siglo XXI. Si recorremos la geografía del Continente vemos que la institución presidencial hace aguas por todos lados, aunque siempre hay una excepción. Hay en la actualidad varios expresidentes que son acusados. Y lo más grave, son encontrados culpables del mal de la modernidad o posmodernidad, como usted quiera: la corrupción. Y también hay los casos de presidentes en funciones que fueron hallados culpables y fueron a dar a prisión. Con ello se cumplía con la máxima de que cuando un presidente estuviera disposición de un juez, pues la democracia era sólida, las instituciones fuertes.
Advierto, en todos los casos de presidentes imputados, se trata de esa corrupción a base de sobornos, del 20 o 30 por ciento para la aprobación de proyectos de infraestructura, de compra de equipos diversos, de renta de edificios para el funcionamiento de instituciones, de construcción o inversión, de información privilegiada para movimientos bursátiles, de cobertura o apoyo franco y descarado al narcotráfico, de compra de votos en los parlamentos, de consultorías a diestra y siniestra a los intelectuales amigos, de chayote a la prensa, etcétera.
Es un tema que se desarrolló de manera paralela con el fenómeno del neoliberalismo, en la medida que con el Estado cada vez más débil, con los controles democráticos yendo hacia el abandono, con la privatización de los recursos del Estado, con las reformas “de modernización” económica, a lo que se iba era hacia la disminución de la capacidad del Estado y, de manera más puntal, de los gobiernos para atender las demandas ingentes de la población.
Es entonces el reino del sálvese quien pueda. Es todo acompañado de esa especie de doctrina, en donde los valores del individualismo acendrado se ponen como una tabla de medida, como la única opción –sin la presencia molesta de las ideologías–. Lo que viene son las consecuencias de ese guion con su correlato de empobrecimiento del Estado y sus facultades.
Es el reino de la corrupción que se produce desde la presidencia de muchos países. Uno de los casos más notorios es el de Otto Pérez Molina, de Guatemala. Fue un general del Ejército que firmó la paz pero que cayó en las redes de una corrupción sin medida. Y ante los embates de la sociedad movilizada y la presencia de un ente internacional como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) renunció con su vicepresidente y hoy se encuentran en la cárcel con varios procesos. Incluso, se arriesgan la extradición a Estados Unidos. Mientras, en medios políticos de ese país, se dice mucho sobre el caso del expresidente Jimmy Morales, que goza aún de la inmunidad que proporciona el Parlamento Centroamericano –Parlacen– ya que tiene, él y su esposa, varios procesos pendientes por corrupción, como no podía ser de otra manera
Quizás sea necesario un par de comentarios sobre el tema de la Cicig –creada a petición del Estado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– que en el caso guatemalteco se encargó de hacer luz sobre los niveles de escándalo que había alcanzado la corrupción. Más de 500 funcionarios, políticos, jueces, abogados, empresarios, fueron llevados a prisión. Por esa gestión, que finalmente fue derrotada por la corrupción al ser expulsada del país, es que hoy día en Guatemala se asiste a una importante lucha en contra de la corrupción de Estado. Ello sería impensable sin la labor pionera de la Cicig.
Varios presidentes más son vinculados en la región a hechos de corrupción con origen, no el único por supuesto, en Odebrecht, como Alejandro Toledo de Perú, Ollanta Humala o Alan García que optó por el suicidio antes que ir a tribunales. O el expresidente Ricardo Martinelli, de Panamá y otros; más notable es el caso de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, sobre quien hay acusaciones importantes y que ya se encuentra detenido de forma domiciliar. Y hay también aquellos que fueron a la cárcel o defenestrados con procesos montados, como el caso de Dilma en Brasil (que fue absuelta-inocente después) o el propio Lula da Silva, que sin ninguna prueba o evidencia lo tuvieron que dejar libre, aunque pesan sobre el mismo otros procesos judiciales.
Ahora vemos las acusaciones en contra de Peña Nieto en México, país en donde la institución presidencial había tenido quizás el mejor desempeño del Continente. Aunque todo mundo sabía de las inveteradas prácticas de corrupción en diversos campos. Se había logrado que el presidente fuera una especie de último recurso de la democracia y el bastión de eso que se denomina estado de derecho, y no importa si hace algunos años se había calificado al régimen mexicano como el de una dictadura perfecta. Sin embargo, en medio de todo ese discurso, había movimientos que apuntaban hacia el debilitamiento de la institución presidencial. Las cosas cambian y ahora hay por lo menos un presidente en cuestión.
Hay dos temas que merece la pena puntualizar. En estos casos la prescripción de los delitos es casi inexistente, pues como sabemos, al menos en países como Guatemala, un funcionario público está obligado a rendir cuentas, aun si han pasado 20 años. Y otro tema, es que para estos funcionarios acusados y con evidencias, no existe o no debería existir, la presunción de inocencia, pues lo que corresponde es que los mismos demuestren con pruebas, evidencias, y conducta intachable, que son inocentes. Lo contrario es pretender que su responsabilidad es menor o puede ser menor por el poder que conservan, por los contactos, por el compadrazgo.
Son temas que deben estar presente en el escandalo mexicano. Me refiero sin duda, al caso Lozoya, antiguo jefe de Petróleos Mexicanos (Pemex), que aceptó la extradición luego de fugarse hacia España y regresar con el compromiso de decir lo que sabía del caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht. La información dada a conocer por el fiscal de la República Mexicana, es realmente para inquietar al más flemático.
El imputado y extraditado Lozoya, dijo ante la fiscalía general de la responsabilidad directa de Enrique Peña Nieto y de quien fuera su secretario de Hacienda y luego su canciller, Luis Videgaray. Se habla de más de 100 millones de pesos –unos 7 millones de dólares– repartidos en la corrupción para ganar una elección y especialmente, para comprar los votos de diputados que aprobaron el llamado Pacto por México que impulsó Peña Nieto durante su mandato. Un pacto que consistió en abrir Pemex y otros sectores estratégicos a la inversión extranjera, de manera particular, para privatizar por partes Pemex, esa importante industria estratégica de México. El tema es fuerte, pero ya ampliamente conocido en diferentes países de la región.
En otra dirección, con las denuncias-confesiones de Lozoya, la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador se fortalece, pues ha tenido la fuerza para impulsar una fase nueva de la justicia mexicana que, es bueno recordar, ha pasado épocas de sombra con juicios a modo en muchos casos. Quizás es momento de recordar que el caso Ayotzinapa tiene un respiro importante al iniciar el desmontaje de la verdad oficial, la llamada “verdad histórica”, que pretendía esconder con un manto de impunidad lo ocurrido con los 43 muchachos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Ello a pesar de peritajes de expertos internacionales y una masiva y extendida exigencia ciudadana.
En otros términos, parecería, esto cuando se observa desde lejos, que la justicia mexicana inicia una época diferente, un momento fundacional de una nueva manera de abordar los temas judiciales y de investigación penal. Por supuesto que sólo se está en el umbral de ello. Que no se están tirando cohetes de vara para pensar que ya todo está hecho. Que falta mucho trecho por recorrer, y que la sociedad mexicana tiene un rol en ese proceso.
Pero como ya sabemos, todo inicia con un paso.
Miguel Ángel Sandoval*
*Sociólogo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, analista político y asesor parlamentario. Exguerrillero. Fue negociador de la paz y candidato presidencial por la izquierda en Guatemala. Ha publicado una docena de libros
