En América Latina 34 millones de personas no tienen acceso al agua potable. El reto de los gobiernos es distribuir el líquido, pues la región cuenta con grandes manantiales, ríos caudalosos, selvas y bosques. A través del CAF se construye la infraestructura para llevar el agua donde se necesita. Pero no todos los países caminan en ese sentido
Cira Rodríguez César/Prensa Latina
La Habana, Cuba. Si bien Latinoamérica cumplió los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua potable al lograr una cobertura bastante alta en la mayoría de los países, llegar al último segmento de la población constituye el logro más difícil y costoso.
Tanto es así que actualmente aún más de 34 millones de personas en la región no tienen acceso al agua potable y más de 106 millones no disponen de instalaciones mejoradas de saneamiento, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento, CAF).
Al poseer la mayor disponibilidad promedio de agua del mundo, alrededor de 24 mil 400 metros cúbicos por persona, la región está obligada a resolver la disponibilidad y la seguridad del agua, y por supuesto el actual patrón de su uso sostenible.
Sobre el asunto, el CAF considera una meta realista lograr la cobertura universal del agua y saneamiento para 2030, y confía en que tendrá impactos de inclusión y equidad en la sociedad latinoamericana.
El vicepresidente corporativo de Desarrollo Social y Ambiental de ese ente emisor, José Carreras, aseguró recientemente que ello será posible “si se invierte el 0.3 por ciento del producto interno bruto en nuevas infraestructuras y se continúa con la inversión anual que ya se lleva a cabo”.
Para el directivo, el reto en América Latina es llegar a los sectores más pobres, porque las partes más acomodadas ya tienen agua de buena calidad, y que las comunidades incluyentes sustituyan a las segmentadas en las que la calidad de los servicios varían en función del estatus social.
De ahí que los esfuerzos deben dirigirse a las zonas marginales, rurales e indígenas, al considerarlas la parte poblacional más vulnerable de la región en este aspecto, sobre la base de que el 80 por ciento de la población vive en zonas urbanas mientras que el 20 restante reside en áreas rurales.
En esas cifras sobresale que entre el 25 y el 50 por ciento de los que se encuentran en ciudades viven en barriadas o favelas sin los servicios de agua y alcantarillado, por lo que se convierten junto a los habitantes afectados del campo en el sector prioritario de intervención, apuntó Carreras.
Vale recordar que América Latina destaca por ser la región más desigual del mundo y, por lo tanto, es la que presenta la peor distribución de ingresos. En los últimos años, no obstante, ha logrado, en general, un progreso considerable en materia de economía y estabilidad política, y avances en la lucha contra la pobreza.
Pero aún, y pese a sus caudalosos ríos, espesos bosques y selvas, la región latinoamericana padece la escasez del preciado líquido, lo cual, según criterios especializados, puede convertirse en causa de conflictos en un futuro.
Sin embargo, aun con esa amenaza –que puede ser real o no–, muchos gobiernos no desarrollan políticas para favorecer la distribución en zonas de difícil acceso; es decir, regiones montañosas o muy vastas que implican altos costos en la fabricación de infraestructuras y saneamiento.
En conclusión, a la falta de voluntad política se suma la geografía, opinan los analistas.
Recursos hídricos mal distribuidos
La oferta natural de agua se distribuye desigualmente en el espacio y en el tiempo, y en muchos casos no coincide con la demanda. Entre los casos más representativos se encuentra Perú, donde más del 50 por ciento de la población se localiza en la vertiente pacífica, y sólo cuenta con el 1.8 por ciento de la disponibilidad hídrica del país.
Otro tanto ocurre en Centroamérica: dos tercios de la población se ubican en las cuencas del Pacífico, hacia donde fluye sólo el 30 por ciento de las aguas superficiales.
Asimismo, casi el 25 por ciento del territorio de la región se clasifica como árido o semiárido, que incluye zonas como la Patagonia (Argentina), la Puna (Argentina, Bolivia, Chile y Perú), el Chaco (Argentina, Bolivia y Paraguay), el desierto costero (Chile y Perú), el desierto sonorense (México), el Noreste de Brasil y el semidesierto de Venezuela.
Y aunque la densidad de población es baja en comparación con otras regiones del mundo, las demandas del preciado líquido aumentan considerablemente, y en ocasiones se incrementan de manera muy concentrada en el espacio.
De ahí que el progreso socioeconómico que está experimentándose en la región plantea a los gobiernos garantizar la seguridad hídrica.
Con esa urgencia, en la última década varios países de América Latina y el Caribe han promulgado nuevas leyes de aguas o reformado las existentes. Pero, preocupa la falta de eficacia o inoperancia de muchos de los preceptos legales aprobados.
Ricardo Sánchez, al frente de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Cepal, opina que la región tiene ante sí el desafío de la gestión de este recurso, la calidad de los servicios, el agotamiento de las fuentes, la contaminación de las cuencas y los efectos del cambio climático.
Según datos oficiales, en los últimos 25 años la cobertura de agua potable pasó de 85 a casi 95 por ciento, mientras que el servicio de saneamiento subió de 67 a 83 por ciento.
Entre los países que promulgaron nuevas legislaciones o reformaron las existentes figuran Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y varias provincias de Argentina. Otros están en ese camino, como Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.
No obstante, muchas de esas leyes de agua “se quedan en meras declaraciones”, sin traducción efectiva en los aparatos estatales, en los planes hidrológicos o en la puesta en marcha de proyectos de gestión, indicó Sánchez.
Por eso la agenda para el desarrollo después de 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a los recursos hídricos plantean “garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”.
Las seis metas asociadas establecen el acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento, el mejoramiento de la calidad del agua, la utilización eficiente de los recursos, la ordenación integrada de los recursos hídricos, y la protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua.
Según la Organización de las Naciones Unidas, la demanda de agua se incrementaría en un 55 por ciento para 2050, principalmente debido a la creciente urbanización en los países en desarrollo.
En ese mismo periodo, la población de América Latina se prevé llegue a los 784 millones, por lo que su garantía es un tema crítico para el desarrollo económico.
Pero en ese empeño no se pueden obviar eventos extremos como las sequías, las inundaciones y los huracanes, cada vez más frecuentes e intensos, y que han afectado a más de 1 decena de ciudades latinoamericanas en los últimos 3 años.
Cira Rodríguez César/Prensa Latina
[BLOQUE: ANÁLISIS] [SECCIÓN: INTERNACIONAL]
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Contralínea 460 / del 26 de Octubre al 01 de Noviembre 2015
