La corrupción gubernamental en Brasil es de larga data. Pero el desvío de recursos, la malversación de fondos y otras actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio público se agudizaron con el impulso a los megaproyectos

Río de Janeiro, Brasil. No se puede asegurar que la corrupción se hizo más amplia y cuantiosa en el país durante los últimos años, porque no hay datos objetivos de períodos anteriores para poder comparar, según Manoel Galdino, director ejecutivo de Transparencia Brasil.

Pero la impresión proyectada por las recientes revelaciones es de un incremento brutal de ese delito, involucrando sumas sin precedentes, casi toda la dirigencia política del país y numerosas empresas estatales y privadas.

El grupo empresarial Odebrecht, encabezado por la mayor constructora brasileña, admitió haber pagado 3 mil 390 millones de dólares en sobornos a políticos entre 2006 y 2014.

Es sólo una parte. Más de 30 empresas, incluidas otras grandes constructoras, habrían participado en fraudes para desviar recursos de la estatal empresa petrolera Petrobras, objeto inicial de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos) del Ministerio Público Federal (fiscalía general), que desde hace 3 años desnuda lo sistémico de la corrupción en Brasil.

La proliferación de megaproyectos en los sectores de energía y de transporte, a partir de 2005, coincide con el aparente auge de los negocios ilícitos, dentro de la colusión entre políticos y empresarios para mantener monopolios compartidos de poder y ganancias sobrevaluadas.

El descubrimiento en 2006 de gigantescos yacimientos petrolíferos bajo la capa de sal en el fondo del océano Atlántico, conocidos como presal, desató una oleada de grandes proyectos, como dos grandes refinerías y decenas de astilleros para producir buques-sondas, plataformas y otros equipos de extracción.

Esos proyectos se sumaron a complejos petroquímicos que ya estaban planificadas desde antes.

Dos grandes centrales hidroeléctricas tuvieron su construcción iniciada en el río Madeira en los años siguientes y en 2011 comenzó la obra de otra gigantesca, la de Belo Monte sobre el río Xingu. Ello convirtió a la Amazonia en gran proveedora de energía al resto del país.

Tres ferrocarriles, de más de 1 mil 500 kilómetros cada uno, puertos a lo largo de toda la costa marítima y algunos más en las riberas fluviales se sumaron a carreteras en proceso de pavimentación o duplicación para reducir el déficit nacional en infraestructura de transportes.

“Las megaobras siempre ofrecen más potencial de corrupción mayor. En Brasil siempre tuvimos mucha corrupción, que ahora es más visible por la actividad de los órganos de control y de los medios de comunicación”, corrobora a Inter Press Service (IPS) el presidente del independiente Instituto No Acepto Corrupción, Roberto Livanu.

“Pero no podemos decir que hay más corrupción hoy que ayer, no hay como medir su magnitud, las sumas y personas involucradas”, puntualiza quien también ejerce como una especie de procurador de la acusación en los procesos judiciales.

Por la propia naturaleza del delito, “sólo tenemos percepciones subjetivas estimuladas por la visibilidad, que hoy es agrandada también por involucrar gente de poder, atrayendo más interés de la prensa”, comenta.

Además, por su complejidad, los megaproyectos tienden al fracaso.  Un 65 por ciento de ellos falla en al menos uno de cuatro aspectos principales –costo, plazo, objetivo y calidad–, plantea Edward Merrow, presidente de la consultora estadunidense Independent Project Analysis (IPA), en su libro Industrial Megaprojects.

Esa complejidad, aduce, también favorece la corrupción, por lo menos en países como Brasil, al multiplicar oportunidades de fraudes en los miles de contratos firmados con proveedores de bienes, servicios y financiamientos, y autoridades reguladoras y tributarias.

“Es probable que con la mayor circulación de dinero, en una economía en crecimiento y de grandes inversiones, se haya incrementado la corrupción en Brasil, pero es posible afirmarlo”, matiza Galdino, de Transparencia Brasil, a IPS.

Ello porque no se conoce la proporción que el delito tuvo en el pasado en relación al producto interno, porque no había investigaciones que permitiesen los resultados obtenidos actualmente, explica.

“Las instituciones de control avanzaron mucho en los últimos 15 o 20 años y es lo que produjo la operación Lava Jato”, también apuntalada por una movilizada sociedad civil, acotó.

El Ministerio Público se fortaleció y sus investigaciones pasaron a hacerse en conjunto con cuerpos judiciales especializados, la Policía Federal, autoridades tributarias y órganos de control financiero, ya que la corrupción prospera junto con la legalización de capitales ilícitos, destaca.

La llamada “delación premiada”, que estimula la colaboración con la justicia al obtener reducción de las condenas, fue un instrumento decisivo para el éxito de la Lava Jato, al obtener 155 acuerdos con personas bajo investigación y contar con varios otros dispuestos a revelar lo que saben.

La ley que permite ese mecanismo sólo se aprobó en 2013, en respuesta a protestas populares que estremecieron las ciudades brasileñas en junio de aquel año, recuerda el director de Transparencia Brasil, organización no gubernamental que busca mejorar las instituciones a través del monitoreo y el debate público.

“Hasta la década de 1990 se buscó especialmente combatir la irregularidad administrativa, pero no se logró encarcelar a nadie”, compara, ejemplificando con el caso del diputado Paulo Maluf, un símbolo de la corrupción desde que fue gobernador del sureño estado de São Paulo (1979-1982), que resultó condenado en el exterior pero no en Brasil.

Hay estudios, sin embargo, que constatan un aumento de la corrupción cuando hay abundancia de recursos públicos, así como mayor tolerancia en relación a los corruptos en la prosperidad.

Un alza de 10 por ciento en las transferencias de recursos del gobierno nacional a  pequeños municipios hizo aumentar 16 por ciento los casos graves de corrupción en las alcaldías beneficiadas, según una investigación de la economista brasileña Fernanda Brollo, profesora de la británica Universidad de Warwick, junto a cuatro colegas italianos.

Su estudio se basó en datos de 1 mil 202 municipios con menos de 5 mil 940 habitantes, durante dos períodos de gobierno y entre 2001 y 2008. Los alcaldes beneficiados lograron reelegirse en mayor cantidad que los demás, pese a la corrupción.

“Roba pero hace”, era el lema informal de un antiguo político de São Paulo, Adhemar de Barros, que gobernó ese estado durante varios períodos entre 1938 y 1966. En 1950 era tan popular que era apuntado como fuerte candidato a la presidencia de Brasil, pero no se postuló.

Construir grandes obras, como carreteras, hospitales y centrales energéticas, siempre fue una fuente de popularidad y, según una sospecha popular, también de riqueza ilícita.

La proliferación de megaproyectos durante los dos gobiernos del izquierdista expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), con decenas de obras de más de 1 mil de dólares, en algunos casos superando 10 mil millones y multiplicando el costo original, parece confirmar su relación directa con aumento de recursos desviados.

Lava Jato investigó inicialmente los negocios petroleros. Pero la corrupción afectó a otros proyectos en variados sectores, como las plantas hidroeléctricas, la central nuclear Angra-3 (en construcción), ferrocarriles y estadios construidos o reformados para la Copa Mundial de Futbol 2014, según esa y otras investigaciones del Ministerio Público.

Mario Osava/Inter Press Service

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

Contralínea 539 / del 15 al 21 de Mayo 2017