Ante la posible resolución del conflicto que hay en la región triqui de Oaxaca, en la que se reactivó la violencia paramilitar hace un par de semanas en la comunidad de Tierra Blanca, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que la próxima semana acudirá a la zona, para instalar una mesa de negociación e iniciar con el proceso de paz entre las organizaciones asentadas: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
“No vamos a caer en la simulación tradicional y en esta mesa tendrán que participar todos los actores, incluido el gobierno del estado, es su responsabilidad, es la autoridad de gobierno en la entidad y tendrá que participar la autoridad de varios municipios, porque ahí hay responsabilidades también de distintas autoridades de carácter municipal, tendrán que sentarse todos los grupos”, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa matutina.
El servidor público respondió a Contralínea que se pretende avanzar en un “proceso de desarme, por supuesto, de deslindar responsabilidades, no solamente combatir el tráfico de armas y de municiones, sino de identificar a las personas que han cometido este tráfico ilícito en la región. Pero tendrán que sentarse todos los actores para encontrar una solución”.
El 27 de abril de 2010, un grupo de paramilitares emboscaron una caravana de paz que pretendía entrar al municipio autónomo de San Juan Copala. Minutos antes de llegar al lugar, los disparos de AK-47 o cuerno de chivo asesinaron Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, hirieron a más de una decena de personas y dos periodistas de este semanario permanecieron desaparecidos durante 3 días, huyendo de los ataques.
Respecto de los conflictos que se han generado entre el MULT, MULTI y Ubisort, Encinas Rodríguez dijo que los involucrados e integrantes de este grupo indígena, “van a tener que sentarse a dialogar con sus adversarios o quienes han cometido agravios profundísimos y daños profundísimos entre sí, porque hay daños de todas partes.
“Y tendremos que construir una solución que parta, primero, de que no haya intervención gubernamental, ni local ni federal, en la solución que adopten las comunidades.
“Y, segundo, tendrán que conceder todo. No va a ser con la fuerza pública como se va a resolver este problema, eso ya se ha intentado y ha fracasado recurrentemente”.
Desde Palacio Nacional, el subsecretario de gobernación indicó que es necesario que se generen las condiciones para la “reconciliación y por lo menos la mayor parte de la gente que fue desplazada pueda regresar a su comunidad de origen”.
Con respecto a los asesinatos de los defensores de derechos humano Bety Cariño y Jyri Jaakkola, Encinas Rodríguez aseguró que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, y que él mismo está en comunicación permanente con la embajada en Finlandia en México. “Tenemos el compromiso con la señora embajadora de hacer el seguimiento de estos casos para su esclarecimiento y castigo”.
El subsecretario de Derechos Humanos precisó su oficina está por concluir el análisis de todas las zonas que tenemos desplazamiento en el país, y añadió que estos responden a distintas naturalezas, desplazamientos por violencia delictiva, de conflictos agrarios, por diferencias y conflictos religiosos, otros derivados de la marginación y la pobreza o de los fenómenos del cambio climático.
“Y esto afecta de distinta manera a distintas regiones del país, por supuesto que la mayor parte de los desplazamientos se presentan donde hay violencia, no solamente es un asunto de moverse por necesidad, sino por la violencia que se presenta”, enfatizó.
