El documento Nueva política económica en los tiempos del coronavirus, presentado por el Ejecutivo en mayo de 2020, en medio de la cruenta realidad destapada por la pandemia de Covid-19, señala que con el fin de promover el crecimiento económico y el bienestar se reconfigurará el sentido, la orientación y los objetivos de la acción del gobierno: “…para enfrentar la actual crisis económica, debemos dejar el camino trillado de las últimas 4 décadas y buscar uno del todo nuevo”.

De manera específica, el quinto principio –Bienestar– en el que se basa esa economía, señala: “El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda construir su felicidad; el crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos sino como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la población…” (Ídem).

Sin embargo, esa visión tiene que operar en un marco macroeconómico adverso, influenciado por los efectos de la Covid-19, y concretamente en una caída del producto interno bruto (PIB) nacional de entre 8 y 10 por ciento [1], lo cual exige un enfoque y operación inteligente. Es decir, no se puede creer que la praxis será la reproducción exacta en el hacer de lo que se ha proyectado en el pensar, y menos aún, en el deseo.

El contexto rural

México enfrenta hoy una realidad rural más compleja que la existente al inicio del Siglo, influida profundamente por la “nueva política económica”, la “nueva normalidad”, el acceso a los mercados, y por nuevas formas y aspiraciones de vida; donde, además, la frontera entre lo rural y lo urbano es más difusa, coexisten viejos problemas con nuevos desafíos como las contingencias naturales –cada vez más graves y recurrentes– y el cambio climático; y donde temas como crisis alimentaria, pobreza, inseguridad, desconfianza, el rol del sector público, austeridad, e inseguridad, tienen mayor dominio.

La pobreza extrema dejó de ser privativa del “campesino pobre y analfabeta con un pedazo de tierra”, para incluir a un variado conjunto de colectivos sociales que acentúan la diferenciación. La población rural sin tierra y en condiciones de pobreza creció, convirtiéndose dichos entornos en territorios que funcionan como trampas de pobreza y desigualdad. Así la pobreza rural no es –y no puede ser– un asunto solamente de las familias y personas que la padecen. El costo país de la pobreza rural rebasa el gasto fiscal destinado a su superación, ya que implica impactos negativos sociales, económicos, ambientales –y aun políticos–, que trascienden el ámbito rural y afectan a todos los mexicanos.

Se tiene que destacar, además, que el territorio rural es proveedor de alimentos y la base para alcanzar la seguridad alimentaria. También es el espacio donde el deterioro de los recursos naturales contribuye al cambio climático, y en consecuencia a los daños que la población urbana padece por las contingencias naturales; es el proveedor por excelencia de servicios ambientales como la cantidad y calidad de agua, el control de los ciclos hidrológicos, y el hábitat de la biodiversidad; además de su papel para capturar carbono y gases de efecto invernadero. Es finalmente el origen de nuestra identidad y lugar para el recreo, el ocio y la cultura. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable es el instrumento que pretende sentar las bases para una política rural integral, a través de coordinar las acciones de diversas organizaciones en el área rural –nacionales y subnacionales– para promover el bienestar de la población rural.

El rumbo actual

El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 destaca que se transformará el modelo de desarrollo para cerrar la brecha de desigualdad productiva, detonar el potencial de los productores de pequeña y mediana escala y mantener el dinamismo agroexportador, sin abandonar la inversión en bienes colectivos, ni sobreexplotar los recursos naturales [2]. Intenta consolidar al sector como motor de la economía nacional; fuente de bienestar para las personas que habitan los territorios rurales, periurbanos y costeros del país.

La política rural pone en el centro la producción de alimentos, a partir de: 1) una triple dimensión –producir los alimentos que se consumen; generar los insumos para producirlos; y desarrollar el conocimiento que responda a las necesidades alimentarias–; y 2) una política diferenciada que atienda a los distintos grupos de productores y regiones, y considere el potencial de los territorios. Por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021 se orienta a: 1) atender la emergencia sanitaria; 2) soportar e impulsar la recuperación económica; 3) reforzar la red de protección social de los grupos más desfavorecidos; 4) invertir en el desarrollo de la niñez y juventud, la educación y cultura; 5) fortalecer el Estado de derecho; y 6) sentar las bases y la infraestructura para un desarrollo equitativo y duradero. De esta manera, el Congreso de la Unión aprobó el PEF por 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos (Diario Oficial de la Federación, 30 de noviembre de 2020) [3].

El gasto programable para el 2021 es de 1 billón 244 mil 235 millones 355 mil 522 pesos. De dicho monto, el mayor porcentaje de recursos se destina a Educación Pública (27.2 por ciento), Bienestar (15.3 por ciento) y Salud (11.7 por ciento). Entre las tres suman el 54.1 por ciento del total. Mientras que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural recibirá 4 por ciento (49 mil 769 millones 414 mil 220 pesos), la de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 2.5 por ciento (31 mil 105 millones 883 mil 888 pesos), la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1.3 por ciento, y la de Economía 0.5 por ciento. El presupuesto de estas últimas cuatro dependencias juntas representa 8.3 por ciento del total. La distribución presupuestal por vertiente da continuidad a la tendencia iniciada desde 2016-2017 priorizando la atención a aspectos sociales y dejando en segundo término los aquellos relativos al medio ambiente cuando, en lo real, las poblaciones existen en una dimensión socioambiental.

Lograr las prioridades de la nueva política económica y los objetivos del Programa Sectorial es un reto. Será necesario identificar la intencionalidad con claridad y su estrategia de operacionalización. Se tienen que revisar aspectos que ayuden a relacionar los fines con los medios disponibles; es decir, determinar si los últimos son adecuados y se adaptan a los fines perseguidos. El análisis de medios incluye: 1) materiales –recursos financieros–; y 2) de actuación como técnicos –tecnología–, y de ejecución –aparato administrativo y estructuras– que regulan la actividad.

La condición de desventaja de los programas de fomento, ambientales, y agrarios, con relación a programas sociales, obliga a precisar las políticas sectoriales, así como el papel de los organismos que las implementan. Habrá que hacer un análisis de las implicaciones y/o cómo se vislumbra su complementariedad –si se quiere y si se puede–, desde su objetivo, su mecánica operativa y el desempeño de los operadores.

No se puede dejar fuera: 1) fortalecer los espacios de participación y de toma de decisiones; 2) dejar en la demanda la solicitud de apoyos; 3) relacionar esa demanda con el potencial y vocación de cada territorio; 4) diferenciar los apoyos a partir de su objetivo; 5) diseñar un plan de inversión con apoyos progresivos, así como delinear los flujos financieros para éstas; 6) consolidar-simplificar el marco legal y normativo; y 7) crear un plan específico para aumentar la competitividad.

Notas

[1] Inegi (2020). Producto Interno Bruto. Variación % respecto a igual trimestre del año anterior al 26 de enero de 2020. México.

[2] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2020). Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020- 2024.

[3] Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020). Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

Juan Rodríguez Salazar*

*Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en políticas públicas