En el país ni una sola área ha sido declarada zona libre de transgénicos, reconocen la Sagarpa, el Senasica y la Cibiogem. La falta de una norma oficial imposibilita las declaratorias, aseguran las dependencias. A casi 1 década de la publicación de la Ley de Bioseguridad, para las comunidades y los productores la posibilidad de que se declare oficialmente a su territorio libre de organismos genéticamente modificados es nula, pese a que la legislación lo contempla. Sin prisa por redactar el instrumento, las instituciones gubernamentales, que han aprobado la siembra de transgénicos en México al menos desde hace 20 años, niegan las declaratorias. Bajo este argumento, y no obstante que se cumplió con el engorroso procedimiento, las solicitudes hechas por productores de miel en Yucatán fueron rechazadas. Sagarpa, Senasica y Cibiogem se deslindan
En México no existen zonas libres de transgénicos, revela la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).
En respuesta a una solicitud de información hecha por Contralínea, la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem –que encabeza Sol Ortiz García– reconoce que, a la fecha, las autoridades mexicanas no han declarado a ningún territorio libre de organismos genéticamente modificados. Ello, pese a que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, lo permite.
A casi 1 década de la publicación de la ley, y a 2 décadas de la introducción de cultivos transgénicos en el país, no existen los mecanismos que respalden el derecho de las comunidades y productores a declarar su territorio libre de organismos genéticamente modificados.
“No se cuenta con la norma oficial para la declaración de zonas libres de transgénicos”, justifica, en entrevista, Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De acuerdo con Fragoso Sánchez, la Cibiogem es la instancia que coordina la preparación de la norma, y aunque desconoce cuándo estará lista, asegura que ya se encuentra en proceso. “Está en construcción. En este momento no existe un procedimiento para declarar zonas libres. El artículo 90 no da los detalles y no corresponde a la Sagarpa establecerlo”.
Solicitudes rechazadas
Con base en la falta de normatividad, la Dirección que ahora preside Hugo Fragoso negó –por conducto de su entonces titular Octavio Carranza de Mendoza– la declaratoria a productores de miel de 10 municipios de Yucatán.
“La Sagarpa aún no cuenta con los instrumentos normativos a que se refiere el citado artículo [artículo 90], así como los acuerdos previstos en la fracción II del mismo”, respondió Carranza de Mendoza a la petición en los oficios B00.04.03.O2-11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504 y 11505, fechados el 30 de noviembre de 2012.
De esa manera, el gobierno federal habría resuelto las solicitudes planteadas por apicultores mayas de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab.
No obstante la negativa, los productores de miel cumplieron con el procedimiento contemplado en el artículo 90 de la LBOGM.
Fue en septiembre de 2012 cuando solicitaron por escrito a la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, así como a los presidentes municipales respectivos, se diera inicio al trámite comprendido en la ley.
En sesiones de cabildo, efectuadas entre septiembre y octubre del mismo año, los ayuntamientos aprobaron las propuestas de las comunidades.
Con el visto bueno municipal, los apicultores de los 10 municipios se dirigieron a Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) local, para informarle de las decisiones y pedirle que solicitara la opinión favorable del Poder Ejecutivo de Yucatán.
A través de su titular, en octubre de 2012, la Seduma le dio a conocer al entonces titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, la opinión favorable del gobierno del estado. Con los oficios VI/01337/2012, VI/01338/2012, VI/01339/2012, VI/01340/2012, VI/01341/2012, VI/01342/2012, VI/ 01343/2012, VI/01344/2012, VI/01345/2012 y VI/01346/2012, de fecha 29 de octubre de 2012, le expone que remite la solicitud escrita de las comunidades interesadas con el objeto de que la Sagarpa establezca zonas libres de transgénicos para la generación de productos orgánicos y otros de interés de las comunidades solicitantes.
Ante la negativa, el 5 de agosto de 2013, los apicultores presentaron una demanda de amparo que fue rechazada por el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán, por lo que se presentó recurso de queja. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa dio la razón a los quejosos ordenando la admisión de la demanda de amparo, que quedó asentada bajo el número de expediente 1101/2013.
Tras varios aplazamientos, el juicio de amparo aún está por resolverse. “La Sagarpa y el Senasica no han enviado documentación que les ha sido requerida por el Juzgado Tercero de Distrito”, explica Jorge Fernández, que forma parte del equipo de abogados que lleva la defensa legal de las comunidades.
Soya transgénica contamina miel
Tal como lo documentó Contralínea en su edición 325, el 6 de junio de 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aprobó a Monsanto Comercial, SA de CV, el cultivo a escala comercial de soya genéticamente modificada sobre 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.
El permiso se otorgó a pesar de que la siembra piloto y experimental de soya genéticamente modificada habría contaminado 40 toneladas de miel producidas en la Península de Yucatán, como lo demostraría el desvío que hicieron los comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión Europea, ocurrido en 2012. También, los siete amparos que interpusieron organizaciones y comercializadoras de miel para evitar la nueva autorización.
“Existe una coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la Península de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”, observó la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) en el Análisis de riesgo 007/2012. En éste se lee: “recomendación final: no se considera viable la liberación en los polígonos solicitados”.
De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha otorgado, al menos, 15 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases previas a la comercial (experimental y piloto) en Chiapas y la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche).
México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.
Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de dicha actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.
Tan sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil productores apícolas. El 90 por ciento de la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.
El 6 de septiembre de 2011, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en Alemania, por el caso C-442/09, colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados.
En su resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prohíbe la comercialización de mieles que contengan polen de origen transgénico no autorizado (como el maíz MON 810 de Monsanto) como consecuencia de un principio de tolerancia cero. Al tratarse de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación, el Tribunal europeo determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa el 0.9 por ciento del polen total debe indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados genéticamente”. Y esto aplica para todos los productores, lo que incluye a los mexicanos.
“La comercialización de miel con este etiquetado parece casi imposible, cualquiera que sea su origen, dado que la gran mayoría de los consumidores europeos rechazan los alimentos transgénicos”, asegura en entrevista Remy Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur.
La afectación involucra no sólo a la miel convencional, sino también a la calificada como orgánica. De acuerdo con los estándares internacionales, la miel orgánica debe estar libre de transgénicos.
México es el tercer exportador mundial de miel orgánica. Este producto supera en un 30 por ciento el precio de la miel convencional; el mercado global de esta miel se estima en 6 mil 500 toneladas, de las cuales Alemania consume 2 mil 500.
Los principales estados productores en el país son Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. A decir del reporte de la Conabio, Chiapas exporta alrededor del 80 por ciento de su producción y ocupa el primer lugar en exportación de miel orgánica.
Según el artículo 90, en el país se podrían declarar zonas libres de transgénicos para la protección de productos agrícolas orgánicos y “otros de interés de la comunidad solicitante”, cuando se trate de organismos genéticamente modificados “de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación”.
En opinión de Antonio Serratos, doctor en biotecnología, la ley deja fuera a la miel, porque no es un producto agrícola.
El también profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrega que al introducir el término “orgánico” en la ley se descartó de tajo la protección a la mayor parte de los cultivos del campo mexicano. Sin posibilidad de pagar una certificación de “producto orgánico”, que se renueva cada año con precios de al menos 15 mil pesos, a sus productores, campesinos e indígenas se les niega la posibilidad de declarar su parcela zona libre de transgénicos.
En los últimos 10 años, el cultivo de productos orgánicos pasó apenas de 21 mil a 512 mil hectáreas; y de 13 mil productores que se dedicaban a esta actividad a 170 mil, informa la Sagarpa.
Durante la cuarta sesión del Consejo Nacional de Producción Orgánica, el director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Baltasar Hinojosa, informó que 85 por ciento de la producción orgánica del país se exporta y sólo el 15 por ciento se consume a nivel nacional.
Sagarpa y Senasica, sin preocupaciones
Para Fragoso Sánchez el hecho de que se permita desde hace décadas la siembra de transgénicos en el país no representa riesgo alguno para la producción orgánica: “Nosotros pensamos que los sistemas de producción: transgénico, orgánico y convencional, pueden coexistir”.
—¿Es delicada la situación de los productores de miel de la península de Yucatán?
—A mí me parece que no. Este año no hemos tenido una sola detección y ningún retorno de miel de Europa a México. Consideramos que es factible que puedan coexistir los dos sistemas de producción sin poner en riesgo a los productores de miel orgánica o no orgánica.
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